Nombres que vuelven a la luz: el Gobierno financia la identificación, pionera en Madrid, de 108 fusilados

Ochenta y seis años después de los fusilamientos que tiñeron de miedo y silencio la tierra de Colmenar Viejo, el Gobierno de España ha puesto en marcha la fase final de un proceso que busca devolver identidad y dignidad a quienes fueron arrancados de sus hogares por la violencia de la posguerra. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática financiará la identificación genética de los restos humanos exhumados en el cementerio parroquial de la localidad, donde yacen 108 víctimas de la represión franquista.

Entre ellas hay vecinos de Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Fuencarral, Hortaleza, Moralzarzal, Chozas de la Sierra (actual Soto del Real), Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra y El Molar. Todos fueron sentenciados a muerte por un tribunal militar entre abril y noviembre de 1939, apenas concluida la Guerra Civil.

El proyecto tiene un profundo valor humano. Tras décadas de silencio, los familiares de los fusilados —hijos, nietos y bisnietos— viven con esperanza este nuevo paso. Muchos de los descendientes de primera generación han fallecido sin saber si los restos de sus padres, otros vivos, como Benita Navacerrada esperan ansiosamente enterrar a su padre en un lugar digno y llevarle flores, al menos. “Por ellos no descansaremos hasta conseguir localizarlos, identificarlos y entregárselos a sus familias”, repiten los miembros de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, impulsora de este proceso.

La exhumación, pionera en la Comunidad de Madrid, fue coordinada por la antropóloga forense Almudena García-Rubio, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Con un equipo de arqueólogos, médicos forenses y voluntarios, los trabajos se desarrollaron en tres fases entre 2022 y 2023, culminando en noviembre del pasado año con la recuperación de 108 restos. De ellos, 77 fueron exhumados completamente.

Las fosas estaban situadas en dos zonas, concretamente en el antiguo cementerio civil y el llamado “Paseo”, una franja de tierra donde los investigadores localizaron una fosa de 46 metros de longitud y 1,5 de ancho. Bajo esa tierra, removida tantas veces por la historia, aparecieron 66 enterramientos con signos evidentes de muerte violenta.

Objetos que hablan

Junto a los huesos, el equipo recuperó botones, cinturones, monedas, suelas de caucho e incluso un bote de insulina, testigos mudos de las últimas horas de aquellos hombres y de la única mujer ejecutada. En 2024, estos objetos se mostraron en una exposición que conmovió a quienes pudieron contemplarlos. Cada pieza, oxidada por el tiempo, era un fragmento de vida interrumpida.

La iniciativa surgió de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, respaldada por el Ayuntamiento del municipio, que en 2022, con un alcalde socialista, impulsó una agrupación de siete localidades del norte de Madrid con vecinos fusilados en Colmenar Viejo. La intervención cuenta con una subvención directa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y un presupuesto de 114.899 euros.

Durante trece meses SE realizarán los estudios antropológicos y genéticos necesarios para poner nombre a cada esqueleto. Para ello, se está recogiendo ADN de los familiares mediante muestras de saliva.

Procedencia de los fusilados

La mayoría de las víctimas eran labradores, hombres humildes de distintas filiaciones políticas como socialistas, comunistas, sindicalistas de la UGT o la CNT. Todos compartieron el mismo destino que no fue otro el de ser fusilados y enterrados sin nombre, sin cruz y sin despedida.

Las cifras de fusilados resumen la magnitud de la tragedia: 44 víctimas de Colmenar Viejo, 25 de San Sebastián de los Reyes, 16 de Fuencarral, 11 de Hortaleza, 5 de Moralzarzal, 3 de Chozas de la Sierra, 2 de Manzanares el Real y uno de Miraflores de la Sierra y otro de El Molar.

Cerrar heridas, abrir memoria

“Este trabajo tiene fundamentalmente un carácter humanitario”, explica la arqueóloga García-Rubio. “No se trata solo de desenterrar huesos, sino de devolver la identidad, la historia y el respeto que durante tanto tiempo se les negó”.

El proceso de identificación, financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, permitirá entregar los restos a las familias, acompañados de un informe científico forense que recogerá los datos arqueológicos, históricos y antropológicos. Será el cierre de un largo camino de búsqueda que empezó con la memoria oral de los supervivientes y hoy avanza con el respaldo institucional del Estado.

En palabras de uno de los descendientes, “no buscamos venganza, buscamos paz. Que cada uno vuelva a su nombre, y cada familia a su duelo”.