Las críticas ante la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en torno a Cataluña se han sucedido a lo largo de toda la legislatura, pese a que muchas de las medidas vigentes de la comunidad autónoma ya se operaban con anterioridad.
En redes sociales ha empezado a circular un mensaje en el que se da cuenta de todas estas normativas que se le han echado en cara al presidente del Ejecutivo de coalición a pesar de que fueron impulsadas por el Gobierno del PP de José María Aznar, entre ellas la cesión de las competencias de la Policía a Los Mossos d’Esquadra, el control de Puertos o la gestión de la cadena autonómica TV3. Vayamos por partes.
Los pactos de Aznar y Pujol en Cataluña
Allá por 1996, tras las elecciones generales, el Partido Popular de Aznar y Convergència i Unió (CiU), de Jordi Pujol, sellaron los conocidos como Pactos del Majestic que se empezaron a fraguar durante una cena el 28 de abril en Barcelona en el hotel con el mismo nombre y de la cual resultó decisivo el futuro político de Cataluña y su gestión de competencias, además de la estabilidad del mandato del presidente popular en La Moncloa.
El pacto fue claro: por dar estabilidad y tranquilidad al Ejecutivo central votando a favor de la investidura del candidato popular a la presidencia del Gobierno, Aznar se comprometió al desarrollo de la financiación autonómica y el traspaso de más competencias a Cataluña. Un escenario que también se repitió, posteriormente, a la inversa, puesto que CiU no obtuvo mayoría absoluta en el Parlament catalán y necesitó el respaldo del PP.
En lo que concierne a las medidas que adoptó Aznar por entonces, destaca el aumento desde el 15% hasta el 33% de la cesión de recaudación del Impuesto de Rentas a Personas Físicas (IRPF) a las autonomías o el 40% de los Impuestos Especiales.
No obstante, una de las responsabilidades que se cedieron y que más huella dejaron fueron las que recayeron en los Mossos d’Esquadra con decenas de efectivos, que pasaron a ser adscritos exclusivamente a la seguridad en los edificios oficiales de la Generalitat haciéndose cargo así de las tareas de Seguridad y Tráfico de las tres provincias catalanas. Fue en estos términos como la Fuerzas de Seguridad del Estado se quedaron con el control de las tareas asignadas al Ministerio de Interior, es decir, fronteras, terrorismo o crimen organizado, pero no con la seguridad ciudadana.
Multitud de traspasos de competencias
Durante el mandato de Aznar en La Moncloa, se realizaron otras medidas que afectaron de lleno a las comunidades autónomas y, por ende, al cómputo de todo el país. En lo relativo a las competencias de Sanidad, pese a que el proceso de descentralización de este servicio público se inició allá por 1981 en Cataluña, lo cierto es que fue el expresidente del Gobierno del PP quien fue el artífice del traspaso sanitario de las 10 autonomías que aún faltaban por asumir esas transferencias en 2001.
Cabe recordar así una de las frases recientes de Pedro Sánchez al respecto: “Fue él el que descentralizó la sanidad pública a las comunidades autónomas”. Cierto, pero con matices. Con la Ley General de Sanidad 14/1986, resultante del Ejecutivo socialista de Felipe González, se establecieron los criterios generales del funcionamiento del sistema sanitario y la distribución de responsabilidades en todos los territorios, siendo Cataluña la primera autonomía que recibió la gestión del Instituto Nacional de Salud (INSALUD) en 1981, antes que Andalucía o País Vasco. La labor de Aznar en 2001 fue culminar aquel proceso con el resto de regiones, que aún estaban pendientes.
Entre otros acuerdos, también cabe rememorar la cesión del Gobierno de Aznar a Cataluña sobre las competencias de tráfico, el traspaso del Inem y las políticas activas de empleo o la reforma de la ley de puertos, en la que se transfirieron la gestión de los puertos de interés general y por la que se determinó la elección del presidente de las autoridades portuarias.
En materia educativa, Aznar también tuvo un papel relevante, ya que concedió la participación de la Generalitat en el diseño de las políticas sobre la formación profesional. También permitió que se aprobase la Ley de Normalización Lingüística que afectó al uso del castellano en las aulas.
