Moreno copia a Ayuso y anuncia que Andalucía recurrirá también el impuesto de solidaridad

Isabel Díaz Ayuso sigue marcando el rumbo no solo de la dirección nacional del Partido Popular, sino también la de aquellas comunidades autónomas en las que gobiernan los populares. Prueba de ello es que este lunes, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que el Gobierno central planea introducir para todas las rentas superiores a los tres millones de euros.

“Ya adelanto que vamos a recurrir”, ha señalado Moreno Bonilla en el acto 'Andalucía, un nuevo liderazgo' organizado por el periódico La Vanguardia en Barcelona, donde ha reivindicado la política fiscal de la Junta y la bajada de impuestos en la comunidad. Asimismo, el presidente andaluz ha tildado la decisión del Gobierno central de “unilateral, desproporcionada y desleal” con la Junta de Andalucía, después de la decisión del Ejecutivo andaluz de eliminar el impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones en la comunidad.

Moreno ha sostenido que el de Patrimonio es un impuesto "ideológico que no existe en ningún país de la Unión Europea", y ha lamentado que planteara intervenir la autonomía fiscal de Andalucía, a su juicio, solo cuando desde la Junta aprobó bajar impuestos.

Con la "revolución fiscal" de la Junta, ha sostenido que han recaudado 1.100 millones más y que han ganado contribuyentes, ya que residentes que antes tributaban en otras comunidades -entre ellas, Madrid- han vuelto a Andalucía, la tercera con menor presión fiscal de España.

Además, y preguntado por el hecho de que Andalucía baje impuestos pero continúe siendo una comunidad receptora, ha defendido que "nunca en la historia de la autonomía se ha invertido tanto en sanidad o en educación como en los últimos cuatro años", con más de 13.000 millones de euros en sanidad y 8.000 previstos para educación.

Andalucía se suma a Madrid

De esta manera, la decisión de la Junta de Andalucía llega pocos días después de que la Comunidad de Madrid volviera a erguirse como una suerte de oposición al Gobierno de coalición y anunciara que recurrirán ante el TC el impuesto de solidaridad.

En concreto, el pasado 11 de octubre, el portavoz y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el siempre polémico Enrique Ossorio, señalaba que una vez que dicha ley esté aprobada, “los servicios jurídicos” del Gobierno de Ayuso “confirmarán las causas de inconstitucional y en ese momento el Consejo de Gobierno aprobará la presentación del recurso”.

"Conocemos en qué va a consistir el impuesto, hay un PowerPoint que facilitó el Ministerio de Hacienda y, basándonos en ese, y a los datos que ellos reflejan, calculamos estas pérdidas de contribuyentes y de recaudación", añadía Ossorio, quien cifraba en 13.000 personas la que supuestamente podrían marcharse de Madrid debido a esta ley, y en 5.000 millones de euros lo que dejarían de entrar en las arcas madrileñas.

¿Qué es el impuesto de solidaridad y a quién afecta?

El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas es la medida estrella del nuevo paquete fiscal anunciado por María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. Este paquete fiscal prevé recaudar 3.140 millones y cuenta con medidas de presión fiscal para las grandes fortunas y de desahogo social para las clases medias y trabajadoras. Entrará en vigor durante los años 2023 y 2024 y, en consecuencia, tendrá recaudación efectiva durante dos cursos económicos.

Durante estos dos años, Hacienda estima que 23.000 contribuyentes con riquezas netas superiores a los tres millones de euros, que son tan solo el 0,1% del total, se verán obligados a abonar el nuevo gravamen. Con esto, el Gobierno espera recaudar 1.500 millones.

Todas las riquezas netas por encima de los tres millones se verán afectadas por el nuevo tributo, pero no lo harán de la misma manera, ya que se han contemplado tres tramos progresivos: