Moncloa fía los Presupuestos a su vía alternativa pese al rechazo del Congreso

Moncloa no se baja del tren de los Presupuestos pese a haberse salido del carril parlamentario. Por segunda vez, el Congreso de los Diputados ha rechazado la senda de estabilidad planteada por el Gobierno, que veía este jueves cómo se le esfumaba la oportunidad para mantener viva la llama de las cuentas públicas. Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda insisten en su intención de presentar un nuevo proyecto para 2027. Después de tres ejercicios encadenando prórrogas, el Ejecutivo quiere agotar la última vía jurídica que le permitiría continuar con la tramitación pese a no contar con el aval del Pleno a los objetivos de déficit.

Era la crónica de una muerte anunciada. La endiablada aritmética parlamentaria, con las rencilles aún vivas de Junts con el PSOE, tumbó la propuesta la pasada semana y repitió su voto negativo este mismo jueves. El Gobierno tampoco introdujo nuevos cambios para tratar de atraer a los diferentes grupos hacia el ‘sí’. El Consejo de Ministros aprobó exactamente la misma senda, con un déficit conjunto del 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2027. Un reparto que reservaba un 1,5% para la Administración central, el 0,2 para la Seguridad Social y un 0,1% para las comunidades autónomas. Los ayuntamientos y demás entidades locales, por su parte, debían cerrar sus cuentas en equilibrio. Esa décima concedida a los gobiernos regionales fue una de las principales bazas políticas de Hacienda para defender el acuerdo y trasladar la presión a las fuerzas que lo vetaron en primera votación.

Ajuste de casi 6.000 millones

Según las estimaciones de la cartera que dirige Arcadi España, ese margen hubiera permitido a los gobiernos autonómicos disponer de 5.849 millones de euros adicionales para los próximos tres ejercicios, respecto a un escenario de déficit cero. El Gobierno atribuye ahora a quienes han bloqueado la senda la responsabilidad de que los ejecutivos regionales tengan que asumir un ajuste por una cuantía equivalente.

La derrota parlamentaria, sin embargo, no sentencia a muerte la elaboración de las cuentas. Al menos esa es la sensación que transmiten desde Hacienda. El ministerio insiste en que cuenta con una palanca legal que les permite seguir adelante con el proyecto presupuestario, apoyándose en un informe de la Abogacía del Estado que avalaría su interpretación. La tesis del Ejecutivo parte de la premisa de que el rechazo la Cámara Baja no elimina el objetivo de déficit global comunicado a la Comisión Europea en el marco del Plan Fiscal y Estructural de medio plazo.

Ello significa que lo que decaería, según la lectura de Moncloa, sería el reparto interno aprobado por el Consejo de Ministros. Sin la senda respaldada por las Cortes Generales, las autonomías se someterían al principio constitucional de equilibrio presupuestario, perdiendo así la posibilidad de registrar un déficit del 0,1%, por lo que su referencia pasaría directamente al 0%.

En este carril, el Gobierno mantendría el objetivo total del 1,8% para el conjunto de las administraciones públicas, aunque debería de redistribuir la décima en cuestión. El margen que ya no podrían utilizar las comunidades autónomas quedaría en manos de la Administración central, cuyo objetivo podría elevarse de los 1,5 puntos a los 1,6. Sobre esa nueva distribución, Hacienda pretende edificar el proyecto presupuestario que remitirían al Congreso de los Diputados posteriormente.

Una salida que la ley no contempla expresamente

La fórmula alternativa, sin embargo, carece de precedentes claro. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obliga al Ejecutivo a presentar una nueva senda en el plazo de un mes, contando desde el rechazo final a la primera. Moncloa ha cumplido el trámite, al llevar de nuevo al Consejo de Ministros y al Congreso la propuesta de objetivos. La normativa, no obstante, no despeja las incógnitas sobre un posible escenario en el que la Cámara Baja rechazara también la segunda iniciativa.

Es precisamente a ese vacío al que se aferran en Moncloa. Asumen que se trata de una laguna legal que les valdría para no interrumpir el calendario. Hacienda contrapone la obligación constitucional de elaborar y presentar cada año un proyecto presupuestario al bloqueo parlamentario. En el Gobierno entienden que dicho mandato les concede una nueva bola de partido para continuar con la tramitación incluso cuando los objetivos de déficit no hayan superado la votación previa.

Dicha operación tiene vertientes jurídicas y políticas. Por un lado, el Gobierno quiere evitar que el segundo revés se lea como una renuncia anticipada a las cuentas de 2027. Presentar el proyecto les permitiría trasladar un debate profundo al contenido de los Presupuestos, obligando a sus socios a tomar posiciones y a retratarse antes medidas concretas. Al margen de respaldar con hechos la narrativa de que Moncloa ha cumplido con su parte pese a la falta de una mayoría estable.

El precedente frustrado

Al mismo tiempo, el carril alternativo presenta numerosos interrogantes. La interpretación de la Abogacía del Estado nunca se ha llevado hasta sus últimas consecuencias y podría alimentar un nuevo choque institucional y parlamentario. El ministerio de Hacienda ya ponderó una salida similar en 2024, pero no llegó a aplicarla ante la negativa del Gobierno a presentar un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado ante el adelanto electoral en Cataluña.  

Desde entonces, el marco europeo de gobernanza fiscal ha variado, aunque Hacienda estima que este nuevo sistema no invalida el razonamiento jurídico de la Abogacía del Estado. La referencia remitida a Bruselas seguiría vigente y permitiría elaborar el presupuesto con el mismo objetivo global, aunque con una distribución más benévola para la Administración central y menos laxa para las autonomías. Así, la estrategia del Gobierno pasa por ganar tiempo y mantener vivos los canales de negociación con sus socios. No obstante, aunque consigan sortear el veto de la Cámara Baja a una nueva senda, las Cuentas Públicas deberán superar el examen ante la misma mayoría que ha rechazado sus proyectos previamente. Es decir, el problema persistiría, pero con un balón de oxígeno extra para recoser las alianzas con algunos grupos díscolos.