Isabel Díaz Ayuso se asoma a un nuevo frente judicial, esta vez por su polémico viaje a México en el mes de mayo. El abogado Javier Flores ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la que pide investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por un delito de cohecho pasivo impropio ante los indicios de que percibió una ventaja patrimonial vinculada al viaje.
ElPlural.com ha podido acceder al documento de 46 páginas remitido al Alto Tribunal el pasado 20 de agosto. En él, el letrado pide a la Fiscalía que investigue todo lo que aún se desconoce, cinco meses después, sobre la estancia de Ayuso en México.
La clave del cohecho: “Quién sufragó las prestaciones”
El núcleo de la denuncia está en tres elementos que Flores considera respaldados, y uno que considera que aún está por esclarecer: “la identidad de quien sufragó las prestaciones”. Este último es lo que permitiría, explica, que lo que recibió Ayuso por ese viaje le fue otorgado por ser presidenta de la Comunidad de Madrid. El abogado pide al Ministerio Público que centre en esto su investigación, ante un posible delito tipificado en el artículo 422 del Código Penal.
Este artículo castiga a “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función” con penas de hasta un año de prisión, además de uno a tres años de suspensión de empleo y cargo público.
Flores considera que el tipo del artículo contiene tres elementos que “aparecen respaldados por hechos publicados por la propia Administración o reconocidos por la persona a que se refiere la denuncia: la condición de autoridad, la existencia de una ventaja patrimonial de entidad relevante y su admisión”.
El abogado aclara que sería “contrario a la buena fe procesal y contraproducente para el propio esclarecimiento de los hechos” interponer una querella sobre unos indicios incompletos. Flores explicó en su cuenta de X que esto es debido a que el delito de cohecho pasivo no exige acreditar un acto ilegal a cambio del supuesto regalo, sino determinar si este se recibió en virtud del cargo. Por tanto, el letrado propone abrir una pieza para esclarecer las incógnitas que permitirían determinar si Ayuso o su gobierno cometieron este delito. Estas son quién pagó el vuelo, los hoteles, los desplazamientos internos y la manutención de la presidenta en México y, sobre todo, por qué lo hizo.
600 euros de Ayuso frente a 15.000 de sus cargos
Para el denunciante, estas cuestiones no quedan resueltas por la invitación a los Premios Platino, que explicaría por qué Ayuso estuvo en la Riviera Maya, donde se organizaba esta gala. Flores distingue entre ser invitado a un evento y que el anfitrión sufrague los gastos. “La existencia de una invitación no equivale a la asunción de los costes de la estancia. Son cuestiones jurídicamente distintas”, apunta.
Además, el Grupo Xcaret comunicó que retiraba la invitación a Ayuso a la gala, según la popular por presiones del gobierno de Sheinbaum que nunca demostró. “La invitación invocada por la Comunidad de Madrid como título justificativo de la estancia fue retirada antes de la celebración del evento, de modo que no puede explicar por sí sola la totalidad del desplazamiento”, añade Flores.
La denuncia parte de la enorme diferencia entre los gastos publicados de Ayuso, de poco más de 600 euros, y los de los tres cargos que la acompañaron, de casi 15.000 euros. “No consta apunte alguno correspondiente a transporte aéreo intercontinental, alojamiento durante nueve o diez noches, desplazamientos internos entre las distintas ciudades mexicanas ni manutención”, recuerda sobre lo publicado de la presidenta, que solo incluía su paso por el aeropuerto de Barajas.
Las explicaciones de Ayuso, el "eje fáctico" de la denuncia
Lo que Flores considera el “eje fáctico” de la denuncia es una frase dicha por la propia Ayuso el 5 de agosto, después de publicarse tras tres meses la cifra de 600 euros. La presidenta regional dijo: “Uno solo puede publicar los gastos que son imputables a la Administración, a sus instituciones o a sus organismos. Todo aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid, en este caso, no se puede publicar porque no es nuestro”.
El letrado infiere de estas palabras que hubo gastos que no asumió la Administración regional, y descarta también que los sufragara la propia Ayuso, ya que no constan indicios de ninguna de estas opciones. En cambio, cree que “dichos costes fueron asumidos por un tercero, cuya identidad no ha sido revelada”, y pide identificar a este tercero como principal diligencia a la Fiscalía.
El viaje de México, otra crisis de Ayuso
Ayuso acumula este año una larga lista de crisis que amenazan su popularidad. Antes de saltar el escándalo por el ático de Chamberí que compró para ella la Comunidad de Madrid, el foco en torno a la presidenta estaba puesto en el viaje a México, que la baronesa suspendió alegando amenazas a su seguridad por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum. A pesar de esto, Ayuso pasó varios días sin agenda en un resort de la Riviera Maya, y evitó durante meses publicar los gastos que hicieron tanto ella como su equipo en los portales de transparencia.
Fue en agosto, tres meses después, cuando la Comunidad de Madrid hizo pública una información que dejó más dudas aún sobre el polémico viaje, en el que Ayuso confrontó con el gobierno y la sociedad mexicanas elogiando la conquista española de América. Según lo publicado, la presidenta solo gastó 623 euros de dinero público durante el viaje, correspondientes al alquiler de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.
Esto dejó en el aire quién pagó el resto del desplazamiento, pregunta que sigue sin respuesta y busca esclarecer la denuncia ante el Supremo. Tres días después, quedó todavía más clara la incógnita que aún rodea al polémico viaje. El equipo que se desplazó con Ayuso sí que declaró sus gastos completos, que ascienden a 14.847 euros por el mismo viaje que, según la administración regional, le costó 600 a la presidenta.
Esto incluye los 6.609 euros declarados por el Consejero de Cultura, Mariano de Paco; los 4.286 de la directora de Turismo, Laura Martínez Cerro; y los 3.952 del director de los Teatros del Canal, Ruperto Merino; correspondientes al transporte y el alojamiento en las tres ciudades mexicanas que visitaron entre el 3 y el 10 de mayo de 2026.
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