El periodista Ernesto Ekaizer ha puesto el foco, desde Malas Lenguas Noche, en uno de los principales interrogantes que todavía rodean al viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso a México: quién sufragó los gastos de la presidenta madrileña durante su estancia en el país.

Ayuso únicamente declaró 623,28 euros en gastos asociados al viaje, correspondientes al uso de la sala de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sin embargo, no aparecen en el Portal de Transparencia gastos de alojamiento, transporte o manutención durante su estancia en México, una situación que contrasta con la de otros miembros de la delegación. Tres altos cargos que acompañaron a la presidenta declararon conjuntamente cerca de 15.000 euros en gastos de transporte, alojamiento y manutención. El misterio sobre quién asumió el resto de los costes del viaje ha provocado críticas de la oposición y nuevas preguntas sobre la financiación de la visita.

En este contexto, Ekaizer considera que el punto de partida debe ser analizar la denuncia y sus fundamentos. “Si efectivamente ella ha declarado gastos por 623 euros, puede haber un delito de cohecho pasivo”, sostiene el periodista, que recuerda que este delito se produce cuando una persona recibe una dádiva o beneficio vinculado a su condición. La cuestión, por tanto, no sería únicamente cuánto dinero aparece oficialmente declarado, sino quién pudo asumir los gastos restantes y bajo qué condiciones. Durante el viaje, además, trascendió la participación de empresarios vinculados a algunos de los actos a los que acudió Ayuso, mientras que desde el Gobierno madrileño se ha defendido que los gastos no imputables a la Administración no tienen que aparecer en el Portal de Transparencia. "La Fiscalía tiene que analizar los méritos del caso, y si hay caso o no, para investigar un posible delito de cohecho pasivo", agrega.


Ekaizer, a su vez, enlaza esta polémica con otro de los asuntos que han marcado la actualidad política y judicial: la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, poniendo en contraposición dos asuntos opuestos. El Tribunal Supremo consideró probado que García Ortiz, o alguien de su entorno y con su conocimiento, intervino en la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y le condenó por un delito de revelación de datos reservados. El periodista cuestiona, sin embargo, el alcance de esa conclusión. "El hecho de que el fiscal general del Estado haya sido abatido por una maniobra de Miguel Ángel Rodríguez y con la complicidad del Tribunal Supremo, no fue probado", afirma. A su juicio, la sentencia estableció que tuvo que ser García Ortiz “o alguien de su entorno”, algo que califica como “una gran innovación de Marchena”. La sentencia contó, además, con el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que defendieron la absolución de García Ortiz al considerar que no había quedado acreditada su participación en la filtración.

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