El Gobierno afronta un escenario inédito tras el nuevo rechazo del Congreso de los Diputados a la senda de estabilidad presupuestaria, un revés parlamentario que vuelve a bloquear el primer paso imprescindible para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y que abre un intenso debate jurídico sobre los límites del procedimiento presupuestario.
La derrota, consumada en la última sesión plenaria extraordinaria antes del parón estival, deja al Ejecutivo sin una hoja de ruta claramente definida y obliga a Hacienda a explorar una vía nunca antes utilizada para intentar sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.
La Cámara Baja ha vuelto a tumbar los objetivos de déficit defendidos por el Gobierno apenas una semana después de un primer rechazo, pese a que el Consejo de Ministros había aprobado nuevamente el mismo reparto de estabilidad presupuestaria, sin introducir modificación alguna. El Ejecutivo había optado por mantener intacta su propuesta al considerar que la legislación vigente únicamente le obliga a presentar una segunda iniciativa, pero no a reformular su contenido.
El proyecto mantenía un objetivo de déficit del 1,8 % del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en 2027. De ese porcentaje, el Estado asumiría el 1,5 %, la Seguridad Social el 0,2 %, las comunidades autónomas dispondrían de un margen del 0,1 % y las entidades locales deberían mantener el equilibrio presupuestario.
Precisamente esa décima de capacidad de endeudamiento para las autonomías constituía uno de los principales argumentos esgrimidos por el Ministerio de Hacienda para defender la propuesta. Según los cálculos del departamento dirigido por Arcadi España, ese margen habría permitido a las comunidades disponer de cerca de 5.850 millones de euros adicionales durante los próximos tres ejercicios, evitando un ajuste equivalente. El Ejecutivo sostuvo durante toda la negociación que votar en contra de la senda suponía privar a las autonomías de esa mayor capacidad financiera.
Sin embargo, la mayoría parlamentaria volvió a reproducir el mismo bloque de rechazo que ya había frustrado la primera votación. Los partidos de la oposición mantuvieron su negativa y Junts Per Catalunya tampoco modificó su posición, mientras que las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya habían mostrado previamente su desacuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. “El Gobierno se sigue quedando para él el 95% del paquete que nos permite Europa (...) El dinero no llega a Catalunya (...) No queremos más, si no lo que nos corresponde”, defendió la portavoz de los neoconvergentes en el Congreso, Miriam Nogueras, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3. "Pedimos que Sánchez se aparte y al frente se ponga alguien con capacidad de cumplir (...) A Catalunya no le paga ni el PP ni el PSOE", añadió.
Con este segundo rechazo parlamentario, el Ejecutivo entra en un terreno prácticamente inexplorado. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria regula expresamente qué ocurre cuando la senda fiscal es rechazada por primera vez, obligando al Gobierno a remitir una nueva propuesta en el plazo de un mes. Sin embargo, la norma guarda silencio sobre las consecuencias de un segundo rechazo consecutivo, lo que deja sin una respuesta expresa el procedimiento a seguir.
Esa ausencia de regulación específica sitúa ahora el foco en la interpretación jurídica que defiende el Ministerio de Hacienda. Desde el Ejecutivo sostienen que, una vez agotado el procedimiento previsto legalmente, entrarían en juego directamente los principios de estabilidad presupuestaria recogidos en la Constitución. Bajo esa tesis, las comunidades autónomas perderían automáticamente el margen adicional de déficit contemplado por el Gobierno y quedarían obligadas a alcanzar el equilibrio presupuestario.
El Ejecutivo considera además que la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado no puede quedar bloqueada indefinidamente por la imposibilidad de aprobar previamente los objetivos de estabilidad. No obstante, esa interpretación nunca ha sido sometida al escrutinio de los tribunales ni cuenta con precedentes que permitan anticipar cuál sería su recorrido jurídico, por lo que previsiblemente abriría un nuevo frente institucional y político.
No sería la primera vez que Hacienda analiza fórmulas alternativas para sortear un bloqueo parlamentario. Ya en 2024, ante la posibilidad de sufrir una segunda derrota similar, el departamento económico estudió apoyarse en un informe de la Abogacía del Estado que defendía la posibilidad de continuar la tramitación presupuestaria tomando como referencia los compromisos fiscales adquiridos con Bruselas. Aquella vía nunca llegó a aplicarse porque el Gobierno terminó renunciando a presentar unos nuevos Presupuestos.
El contexto, además, ha cambiado de forma sustancial desde entonces. La entrada en vigor del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal ha sustituido al anterior Programa de Estabilidad sobre el que descansaba aquella interpretación, lo que obliga ahora al Ejecutivo a estudiar nuevos fundamentos legales si finalmente decide continuar adelante con la elaboración de las cuentas públicas.
El nuevo rechazo parlamentario prolonga así la incertidumbre sobre el futuro presupuestario del Gobierno y mantiene abierta la incógnita sobre si el Ejecutivo intentará impulsar unos Presupuestos de 2027 sin contar con una senda de estabilidad validada por las Cortes o si, como ocurrió el pasado ejercicio, optará finalmente por aplazar nuevamente unas cuentas que acumulan ya varios años de prórroga.
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