Moncloa activa la maquinaria de la ‘operación retorno’ de Junts: "Estamos trabajando"

El Gobierno ha decidido aprovechar el impulso político del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía para tratar de reconstruir la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Después de meses de ruptura, reproches y derrotas parlamentarias – con alguna que otra victoria, aunque escasa -, Moncloa vuelve a tender la mano a Junts y sitúa el cumplimiento de los acuerdos como argumento central de una incipiente operación retorno del partido de Carles Puigdemont.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicitado este domingo esa estrategia. En una entrevista con La Vanguardia, el responsable de las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento ha defendido que la sentencia europea demuestra que el PSOE trabaja para llevar a término los compromisos asumidos con Junts, incluso aquellos cuya aplicación no depende directamente del Gobierno.

"Lo que depende de terceros estamos trabajando duro para conseguirlo", ha asegurado Bolaños, en referencia a las dificultades judiciales que todavía impiden la aplicación completa de la amnistía a Puigdemont y a otros dirigentes del procés. El ministro sostiene que el diálogo no se rompió por voluntad socialista, sino porque Junts decidió levantarse de la mesa al considerar incumplidos los acuerdos alcanzados con el PSOE.

El mensaje no se limita a la reivindicación de lo conseguido. Bolaños ha pedido a la formación independentista que vuelva a sentarse con el Gobierno para negociar los Presupuestos Generales del Estado y que se reincorpore a la mayoría parlamentaria en las reformas pendientes. Según el ministro, Junts y el resto de fuerzas que hicieron posible la investidura deberían demostrar que "la política es útil" y participar también en la transformación de la justicia.

La invitación supone el movimiento más claro de Moncloa para intentar recomponer una alianza que Junts dio por agotada. Los neoconvergentes llegaron a declarar amortizada la legislatura, acusando al Ejecutivo de engañarles y mantuvieron abierta la posibilidad de negociar movimientos parlamentarios contra Sánchez, aunque sin comprometerse con una moción de censura encabezada por el PP. Incluso aireó la vía de un candidato alternativo al jefe del Ejecutivo para mantener el statu quo progresista.

Una ventana que se abre

La oportunidad elegida por el Gobierno no es casual. El pasado jueves, el TJUE concluyó que el Derecho de la Unión no se opone a la ley española de amnistía y rechazó que la norma comprometa de manera sistémica el funcionamiento de la justicia o perjudique los intereses financieros europeos. La sentencia respalda así la legalidad comunitaria de una de las principales condiciones pactadas por el PSOE con Junts y ERC para hacer posible la investidura de Sánchez.

El fallo contiene matices sobre los procedimientos prejudiciales y la obligación de los tribunales nacionales de garantizar la eficacia del Derecho europeo, pero desactiva el cuestionamiento general de la norma desde las instituciones comunitarias. Para Moncloa, el pronunciamiento demuestra que la apuesta por la amnistía tenía sustento jurídico y que el Ejecutivo ha cumplido su parte en uno de los compromisos más relevantes de la legislatura.

Junts también celebró la sentencia, aunque se apresuró a impedir que el PSOE la utilizara como argumento para dar por reconstruida la relación. Puigdemont calificó el dictamen como una victoria sin fisuras y sostuvo que Luxemburgo no había dejado ninguna rendija para cuestionar la amnistía. Jordi Turull, por su parte, reivindicó el fallo como un triunfo jurídico y político del independentismo y afirmó que acerca el regreso de los dirigentes que continúan fuera de España.

La dirección de Junts, sin embargo, marcó distancias con el Gobierno desde el primer momento. Turull advirtió al PSOE de que la sentencia no basta para rehacer la relación y le pidió que no intentara ponerse una medalla por una resolución que su partido considera fruto de la presión y la estrategia independentistas.Además, el aval europeo no implica automáticamente el regreso de Puigdemont. Las decisiones del TJUE son interpretativas y corresponde a los tribunales españoles aplicarlas. La situación procesal del expresidente catalán depende todavía de la respuesta del Tribunal Supremo a la ley de amnistía y de la controversia sobre el delito de malversación.

Puente y Junqueras elevan la presión sobre Junts

La sentencia dio paso a una concatenación de mensajes desde el PSOE para empujar a Junts a mover ficha. El más directo llegó del ministro de Transportes, Óscar Puente, que animó públicamente a Puigdemont a regresar a España. "Si yo fuera él, me plantaba en España, sin ninguna duda", afirmó, al considerar que ese movimiento obligaría al Tribunal Supremo a afrontar las consecuencias del aval europeo a la amnistía.

La reacción de Junts fue inmediata. Turull calificó las declaraciones de Puente de frívolas y acusó al ministro de hablar sin asumir el riesgo de que Puigdemont pudiera ser detenido. El cruce reflejó las diferencias entre las dos tácticas que conviven dentro del Gobierno: la presión pública ejercida por algunos ministros y el tono más negociador que ahora adopta Bolaños.

El ministro de Justicia evita plantear el regreso de Junts como una rendición o como una rectificación del independentismo. Su argumento consiste en presentar la sentencia como una prueba de que el PSOE cumple los pactos, incluso cuando para hacerlo debe enfrentarse a resistencias de otros poderes del Estado. Desde esa base, Moncloa pretende reconstruir una relación política que permita afrontar el tramo final de la legislatura con más holgura parlamentaria.

La presión no procede únicamente del PSOE. Oriol Junqueras ha pedido también a Junts que vuelva a la mayoría de la investidura para aprobar algunas de las grandes decisiones pendientes, entre ellas el nuevo sistema de financiación autonómica, la condonación de deuda y los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El presidente de ERC considera que ninguna de las fuerzas que hicieron posible la continuidad de Sánchez puede ser prescindible. Aunque reconoce que el PSOE ha defraudado en distintos ámbitos a sus socios, defiende la necesidad de reconstruir el bloque para impedir una alternativa formada por PP y Vox y para aprovechar los meses restantes de la legislatura. Junqueras ha advertido a Junts de que resulta "extremadamente frívolo" coquetear con una moción de censura o con iniciativas que puedan facilitar un cambio de Gobierno. ERC está dispuesta a negociar los Presupuestos siempre que el proyecto sea algo más que una operación propagandística y permita avanzar en los compromisos adquiridos con Cataluña. La posición republicana aumenta la presión sobre Puigdemont. Mientras ERC se ofrece a sostener la legislatura para obtener avances concretos, Junts mantiene una estrategia de ruptura que le permite conservar capacidad de bloqueo, pero que también lo aproxima en determinadas votaciones al PP y Vox.

La votación de la senda de déficit dejó constancia esta semana de la fragilidad del Gobierno. Junts unió sus votos a los de PP, Vox y UPN para rechazar el primer paso de los Presupuestos de 2027. El texto cayó con 178 votos en contra, 167 a favor y cinco abstenciones, obligando al Ejecutivo a volver a intentarlo. El partido de Puigdemont argumentó que el reparto del déficit perjudicaba a Cataluña, criticó la falta de negociación previa y confirmó que no respaldará las cuentas mientras el Gobierno no demuestre avances en los compromisos pendientes. También anunció su rechazo al modelo de financiación planteado por el Ejecutivo y volvió a reclamar un sistema singular para Cataluña.

Bolaños intenta ahora modificar ese escenario. Su llamada a "sentarse a trabajar" apunta directamente a la negociación presupuestaria y a la posibilidad de que Junts vuelva a participar, aunque sea de manera puntual, en la mayoría que sostuvo la investidura. El ministro ha añadido otro terreno para el entendimiento: la reforma de la justicia. Pero tampoco ahí existe por el momento una aproximación clara. Turull ha acusado al PSOE de no atreverse a realizar cambios profundos en la judicatura y de anteponer su supervivencia política a una verdadera transformación institucional.