El problema de acceso a la vivienda no es solamente una realidad en España, sino también en el conjunto de Europa. En aras de brindar soluciones a la ciudadanía, la Comisión Europea ha presentado este miércoles una batería de propuestas que pasan por restringir la compra de segundos inmuebles en zonas tensionadas a frenar la actividad de plataformas como Airbnb, entre otras.
El Ejecutivo comunitario, al mando de Ursula Von der Leyen, ha ofrecido a las autoridades locales un escudo legal que dará pie a medidas para hacer resurgir el mercado de la vivienda de manera asequible, siempre y cuando éstas sean políticas “proporcionadas” a las zonas tensionadas, caso por caso y demostrando que son necesarias.
De esta manera, la Ley de Vivienda Asequible europea “no establece un catálogo de medidas que siempre serán compatibles” con la legislación comunitaria al ser una garantía “imposible” de aplicar, sino que más bien va indicada a concretar un margen de actuación caso por caso para una medida en su diseño, objetivo e impacto.
El fondo y la forma definitiva de la norma aún debe someterse a negociación entre el Consejo Europeo -los líderes del 27- y la Eurocámara, pero las fuentes comunitarias han avanzado que no es sinónimo de un aval a prohibición alguna o restricción generalizada, debido a que establece una metodología con la que los organismos locales demuestren con datos que se está produciendo un efecto adverso significativo en el mercado inmobiliario local por escala, frecuencia o actividad comercial.
Con este marco de por medio, aquellas administraciones que adopten estas medidas deberán probar las tensiones en sus mercados de vivienda o su impacto en la asequibilidad o disponibilidad de inmuebles durante, al menos, tres años. Toda política contra el alquiler de corta duración, además, deberá estar acotada al caso y respetar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales. También deberán demostrar que la medida con la que responden será proporcional y ayudará a corregir la presión sobre la vivienda asequible; y que se actúa tras un prediagnóstico que confirme que se trata de una zona “tensionada”, con criterios como que el coste de una vivienda supera los ingresos anuales netos de ocho años, aunque este último caso ya se recoge en la Ley de Vivienda del Gobierno español.
Además, toda acción tendrá una duración máxima de cinco años, aunque este plazo podrá ser revisado periódicamente en base a nuevas evaluaciones siguiendo la misma metodología, y, según subraya Bruselas, las restricciones “no podrán sustituir medidas dirigidas a causas estructurales de la escasez de vivienda, como la construcción o renovación” de alojamientos.
Claves de las medidas propuestas por Bruselas
Una de las principales novedades que ha desvelado el Ejecutivo comunitario al respecto se refiere a la regulación de la compra de segundas viviendas, que quedará prohibida en las zonas ya tensionadas por los precios; así como la desocupación prolongada de viviendas.
Con estas dos realidades, Bruselas busca una fórmula para ofrecer claridad jurídica, al tiempo de que advierte de que las condiciones vinculadas a la compra de inmuebles no pueden tener carácter retroactivo, debido a que se han de tener en cuenta disposiciones transitorias adecuadas y deben tener en cuenta posibles episodios de periodos de no ocupación por traslado temporal o cuestiones médicas.
Tal y como ha precisado la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, “cuando un mercado no logra proporcionar algo tan fundamental como un hogar asequible, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar. Con la Ley de Vivienda Asequible, estamos brindando seguridad jurídica a las autoridades locales, permitiéndoles tomar medidas y abordar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo”.
Sumado a este análisis, el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha señalado que Europa debe abordar urgentemente los problemas de acceso a la vivienda, teniendo en cuenta a su vez la construcción de nuevos inmuebles y la renovación del parque existente como pilares “esenciales” del sistema: “La vivienda no es una mera mercancía. Es un derecho y un pilar fundamental de la dignidad humana. Los europeos deberían tener la posibilidad de vivir, trabajar y permanecer en los lugares que consideran su hogar. Deberían poder encontrar una vivienda asequible y digna en el lugar donde deseen construir su vida”, ha subrayado.
Jorgensen ha facilitado datos que muestran esta tensionada realidad: en la última década, los alquileres se han incrementado en un 59% en Berlín, un 75% en Madrid o un 103% en Lisboa.
Sin ir más lejos, el último Eurobarómetro de los servicios comunitarios, más del 50% de los habitantes de grandes ciudades europeas tachan la situación de la vivienda como un problema inmediato y que precisa de soluciones urgentes. Uno de los casos más acuciantes es el bien conocido en nuestro país: Madrid, donde de cada 100 viviendas en alquiler disponibles de larga duración existen 40 de temporada o corta duración.
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