Poco más de dos semanas después de que se materializara el primer Gobierno de coalición en la historia de España, y prácticamente sin tiempo para digerir los nuevos nombramientos, el Ejecutivo ya funciona a pleno rendimiento. Una rapidez en la que mucho ha tenido que ver la dura postura de Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que no han concedido los 100 días protocolarios al Gobierno y desde el segundo después de que Pedro Sánchez lograra ser investido presidente de nuestro país, han empezado una campaña de acoso y derribo, sobrepasando a veces, especialmente la formación ultraderechista, la legalidad.

No obstante, pese a las críticas de la oposición, el Ejecutivo ha tramitado ya varias iniciativas reclamadas por los agentes sociales. De esta manera, la primera medida aprobada por el Gobierno ha sido subir las pensiones un 0’9% y con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020. Asimismo, Pedro Sánchez ha mostrado su voluntad firme de aumentarlas más si la inflación es mayor.

Pocos días después de esta subida, el Ejecutivo hacía lo propio, pero en esta ocasión con el sueldo de los funcionarios, quienes veían incrementado su salario en un 2%. Un porcentaje al que se le podría añadir otra adicional variable (un 1% como máximo) el próximo verano, en función del crecimiento económico.

Por otra parte, el Gobierno ha querido mostrar en sus primeros pasos su compromiso firme con el medio ambiente. Por ello, no han titubeado en declarar oficialmente la emergencia climática en España. Una decisión que han fundamentado en tres razones (“justicia climática, futuro y responsabilidad”) y que lleva aparejado la responsabilidad de adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros 100 días de mandato.

Por último, el Ejecutivo ha querido dar un golpe de mesa y este miércoles Gobierno, patronal y sindicatos pactaban subir el salario mínimo desde los 900 hasta los 950 euros, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020. Un incremento del 5’5% y que supone otro paso más en la ambiciosa idea que persigue Sánchez de llegar al 60% del salario medio al final de esta legislatura.

Estas medidas chocan diametralmente con la vía escogida por parte de la derecha y la extrema derecha para hacer oposición. Un camino en el que Vox lleva la voz cantante, con todo lo que ello conlleva. De esta manera, la oposición ha vuelto a poner el foco en temas muy recurrentes por estos como ETA o Cataluña. En este sentido, el presidente de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, no ha dudado en tildar de “ilegítimo” al Gobierno porque “nace de la mentira” y con “el beneplácito de ETA”. Por su parte, en estos últimos días han añadido a su repertorio de vituperios el argumento de Venezuela, aprovechando la visita de este sábado del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.

Sin embargo, el gran caballo de batalla de la oposición ha sido el pin parental, una de las propuestas estrella en la campaña de los de Santiago Abascal en la campaña electoral de las pasadas elecciones generales de abril. Una iniciativa con la que pretenden obligar a los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarios organizadas dentro del horario lectivo, otorgando a estas la capacidad de vetar aquellas charlas o talleres que no casaran con sus convicciones, como podría ser la educación sexual.

La medida ha provocado el total rechazo del Gobierno, que no ha dudado en actuar con mano dura, dando un plazo de un mes al Ejecutivo de Fernando López Miras para retirarlo.