El Gobierno de coalición, conformado por PSOE y Sumar, se comprometió en octubre de 2023 a no suscribir ningún contrato de compra o venta de armamento procedente de Israel para evitar hacer negocios con el Estado sionista que está desarrollado un genocidio sobre la población palestina. Las veces que el Ejecutivo ha incumplido esta promesa son incontables y existen decenas de contratos, el último del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, suscritos con compañías que participan y colaboran del apartheid están aflorando en los últimos días.

Casi siete millones de euros por la compra de 15 millones de balas es lo que ha pagado el departamento de Marlaska a una empresa israelí vinculada al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Y, como se puede comprobar en la Plataforma de Contratación Pública, hay más acuerdos comerciales entre diversos Ministerios y empresas del Estado genocida para el intercambio de armamento, materiales de seguridad y programas informáticos, que se suman a las más de tres decenas que se han producido desde que el Gobierno asumió el supuesto compromiso.

A 24 de abril de 2025, un año y medio después de prometer que no habría más contratos, organizaciones y centros de estudios e investigación apuntan a que los acuerdos comerciales podrían acercarse a los 50, entre conocidos y no conocidos. Mientras, la administración estatal no ha dado ninguna explicación esclarecedora ni se ha producido ninguna ruptura interna. Una parte del Gobierno niega la mayor, pese a que los contratos suscritos así lo demuestran, y la otra asegura estar muy enfadada, pero nada más.

Más de 50.000 inocentes palestinos han sido asesinados por Israel, gran parte de ellos niños. En hospitales, escuelas, campos de refugiados; ningún lugar está exento del fuego israelí y de su inteligencia. España compra armamento y sistemas a las mismas empresas que nutren al ejercito israelí responsables de estas muertes y, a la par, desde Interior aseguran que “comparten el compromiso del Gobierno español de no vender o comprar armamento al Estado israelí adquirido desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”.

Pese a este episodio”, matizan desde el departamento de Marlaska. “Este episodio”, que se suma a otros tantos que ya han sido revelados, es la denominación elegida para una nueva ruptura del compromiso. “La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”, se excusan desde Interior. Pero lo cierto es que, según el propio Ministerio, el contrato fue licitado el 21 de febrero de 2024, ya realizada la promesa del Gobierno.

Además, no fue hasta el 21 de octubre que fue adjudicado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, un año después del pronunciamiento del compromiso. Ninguna instancia consideró adecuado en los ocho meses que separan ambas fechas realizar ninguna actuación; sin embargo, el 29 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión del contrato adjudicado. Para sorpresa de nadie, ya era tarde y la argumentación de la perdida económica entraba en juego.

“Tras estudiar todas las posibilidades de anulación, el Ministerio ha decidido atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato”, apuntan desde Interior. “Tras estudiar todas las posibilidades de anulación, el ministerio ha decidido atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato”, añaden. Explicación que evidencia que la prioridad es el dinero y el armamento de la Guardia Civil.

Los socios se enfadan, pero no plantean respuesta

La indignación dentro de la parte minoritaria del Gobierno ha sido expuesta, pero ya está. Desde Sumar hacen cabriolas para dar por buena la explicación de Interior, pese a que no es el primer ni el último contrato suscrito, y reniegan de abandonar el Ejecutivo. "En ningún momento está encima de la mesa o en riesgo ni la participación de Sumar en el Gobierno ni la continuidad del Gobierno de coalición”, trasladaba hace escasas horas el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

Dentro del conglomerado magenta, Izquierda Unida (IU) optaba este miércoles por defender su postura antibelicista histórica, llegando a deslizar la posibilidad de abandonar el Gobierno, en el que participan a través de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. Sin embargo, el órdago no ha durado ni un día y el propio secretario general del partido, Antonio Maíllo, ha reculado porque espera que haya “una rectificación”. Con esta tesitura, los conformantes de Sumar prevén reunirse próximamente, aunque parece que la posición final será similar a la asumida con respecto al Sáhara Occidental.