La composición del Parlamento convierte la legislatura en una partida de ajedrez infinita. Cada votación se lleva a los límites y cada asunto tiene sus consecuencias a todos los niveles. Ya ocurrió en los prolegómenos de la carrera electoral del 23 de julio de 2023, cuando un Partido Popular que iba lanzado en las encuestas, se topó con el Tourmalet del recién sellado acuerdo con Vox que encumbraría a Carlos Mazón a la jefatura del Consell de la Generalitat. Algo parecido ha ocurrido con el pacto presupuestario, también en la Comunitat Valenciana, aunque en este caso el PSOE ha movido ficha rápido para dar un jaque a Génova. Ahora, tras aprobar el real decreto que modificará la Ley de Extranjería y condicionará el reparto de menores migrantes no acompañados, previo acuerdo con Junts, Moncloa lanza un misil a la línea de flotación del principal partido de la oposición, que se ha visto obligado a cerrar los cuasi inminentes acuerdos en Aragón y Murcia con la ultraderecha.
Con la carpeta migratoria cogiendo polvo en las altas instancias de la política y en el imaginario colectivo del ciudadano, el Gobierno sorprendió con una negociación entre bambalinas y ajena al mundanal ruido con Junts. Durante meses, los independentistas eran la vía más accesible para desbloquear el colapso de los centros para menores extranjeros en Canarias. Un tren que el Partido Popular dejó escapar toda vez que Vox ejerció su punto de presión el pasado verano al romper todas -o casi todas- las coaliciones con el Partido Popular. Una jugada estratégica que buscaba arrinconar a la fuerza conservadora, situándola en una encrucijada de difícil resolución: o claudicaba con los ultras o lo hacía con el PSOE, reforzando las tesis de los de Santiago Abascal.
El debate migratorio se atraganta en Génova, encorsetando al PP y obligando al equipo de argumentario a afilar sus ideas como método de control de daños. De ahí que el PP se descabalgara de las negociaciones con el PSOE para ser ellos, y no Junts, quienes condicionaran el pacto migratorio y evitaran lo que ahora catalogan como poco menos que otra “cesión al independentismo” catalán y vasco. Incluso ciñeron su ofensiva dialéctica a su clásica amenaza de elevar el reparto pactado con los juntaires a los tribunales y a la Unión Europea.
Pacto en Valencia
Mientras tanto, en la Generalitat, Carlos Mazón estaba en busca de algún salvavidas que, como mínimo, le mantuviera con vida al menos hasta el próximo mes de julio. De ese modo, se garantizaría cobrar los 75.000 euros anuales de sueldo público durante los dos años restantes de legislatura en caso de que abandonase la presidencia. Su clavo ardiendo han sido los Presupuestos, envolviéndolos en un imperativo para acometer el proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por la catastrófica DANA del 29 de octubre.
Un sapo que Mazón, de nuevo, hizo tragar a Feijóo, como ya ocurriera con el acuerdo de investidura con Vox previo a las elecciones generales, que desinfló a un PP que iba en caza. El preacuerdo con los ultras para confeccionar las nuevas cuentas públicas de la Generalitat abrió la puerta a exportar un acuerdo similar, plagado de racismo y de negacionismo climático, a otros territorios donde los populares necesitan a los ultraderechistas. Aragón y Murcia serían las siguientes autonomías en anunciar que ponían la primera piedra de sus respectivos proyectos presupuestarios.
Jaque a Feijóo
Sin embargo, apenas 24 horas después, todo se ha desvanecido, con la salvedad del acuerdo cerrado con Mazón. Ahora, Génova ha reculado y ha obligado a su barones a postergar cualquier tipo de entendimiento con los ultraderechistas destinado a las cuentas públicas autonómicas. De tomar a Valencia como ejemplo de ariete para extrapolar el pacto a otras regiones, se ha pasado a un nuevo golpe que se explica con el sorprendente y rápido entendimiento entre el ala socialista de la coalición y Junts per Catalunya. Un acuerdo que derivó en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y que arremete contra el tablero de porcentajes de menores acompañados en las regiones, dejando a Madrid como una de las principales comunidades receptoras, con 700 menores.
Podría decirse que Moncloa reedita la jugada, pero lo cierto es que en 2023 se aprovechó de una situación que le cayó del cielo, mientras que ahora han buscado el pacto con los juntaires porque supone un severo golpe a la línea de flotación del Partido Popular. Por un lado, supone el segundo acuerdo con los neoconvergentes en poco más de un mes. Ello liquidaría toda la rumorología que a finales de 2024 situaban a los de Puigdemont más cerca de Feijóo.
Pero también abre brecha una vez más en la relación de Vox con el Partido Popular, torpedeando los acuerdos presupuestarios y ganando un balón de oxígeno en estas autonomías para hurgar en su herida. Ahora, ultras y conservadores pugnan por su batalla particular por el relato, unos para contener el chorreo de votos a los rivales y los otros para laminar las opciones del contrario. Una jugada que tocado de nuevo a un Feijóo que, además, pierde otra oportunidad de desplegar el liderazgo desde la planta séptima de Génova 13, cediendo todo el protagonismo a una Ayuso que encabezará la rebeldía popular ante Moncloa en una nueva batalla de su guerra con Sánchez.
