La crisis del coronavirus amenaza con incrementar el estrés hospitalario hasta niveles insospechados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un paquete de medidas para descongestionar una Sanidad que se encuentra en la frontera con el colapso. Sin embargo, la jefa del Ejecutivo regional no ha desvelado ningún detalle al respecto.
Las quejas se agolpan en redes sociales. De hecho, el teléfono que la administración autonómica ha puesto para evitar el colapso del 112 no funciona con la rapidez que debería. De hecho, desde la Comunidad de Madrid, a pesar de las 150 incorporaciones del miércoles, reconocieron el “cuello de botella” que sufre el teléfono y trabajan “para recuperarlo con premura”.
Pero Isabel Díaz Ayuso tiene un plan contra el posible colapso total de la Sanidad madrileña, aunque todavía no ha revelado nada del contenido del mismo. De hecho, en declaraciones tanto a Espejo Público como El Programa de Ana Rosa, la presidenta madrileña ha asegurado que “llevamos aplicando medidas mucho tiempo”.
Además, ha agregado que “hoy la Sanidad pública y privada en Madrid van a trabajar juntos para seguir mejorando un sistema que pueda recibir servicios”. Ha aludido al plan de los 102 hospitales que hay repartidos por toda la Comunidad de Madrid, tanto públicos como privados.
“La salud es lo primero, no podemos bajarnos de ahí”, señala la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha mantenido en secreto el contenido de su plan. Simplemente ha esbozado el trabajo conjunto de Sanidad pública con privada con este “plan de acción”.
De hecho, desde la Comunidad de Madrid tampoco aportan más datos. Fuentes del gobierno regional aseguran que “ya se convocará a los medios de comunicación tan pronto como sea posible”, sin esclarecer la fecha de presentación del misterioso plan de Isabel Díaz Ayuso.
Nacionalización de hospitales
Entre los planes de contingencia del coronavirus podría entrar la nacionalización de hospitales privados con el fin de que se subordine al “interés general”. Según el artículo 128 de la Constitución Española, “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
El citado artículo de la Carta Magna asegura también que “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica” porque “mediante ley se podrá reservar al sector público recursos esenciales, especialmente en casos de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiese el interés general”.
A su vez, el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional también recoge la posibilidad de la intervención de empresas privadas, al igual que el artículo 1 de la Protección de Infraestructuras críticas.
