Y en eso llegó Feijoo y mandó mentir… Así podríamos resumir la colaboración mostrada por los populares ante la dramática realidad que vivimos los españoles, con cientos de miles de hectáreas quemadas y el panorama desolador que vendrá después para muchos de nuestros conciudadanos.
Es lo que se me viene a la cabeza después de observar como la orden del comandante frustró cualquier atisbo de colaboración entre las administraciones autonómicas y el Estado, la que hasta ese momento parecía tener un solo fin, trabajar juntos ante la magnitud del desastre que se cernía sobre Castilla y León, Galicia y Extremadura. Fue en la noche del 15 de agosto.
Hasta entonces, algunos inocentes como yo, pensábamos que por fin había lugar al entendimiento entre los responsables políticos y que habrían de estar a la altura de lo que estaba por venir. Pero no, los populares volvieron a tejer un tupido velo para tapar con inmediatez sus responsabilidades por la dejación e incapacidad de gestión ante el clamor social que empezaba a dibujar el pertinaz descrédito de quienes estaban al frente de ello. De esa manera, los capitanes y capitanas populares empezaron a colocar toda una suerte de argumentos que tenían por único objetivo sacudirse su responsabilidad y endosársela a quienes ustedes pueden suponer. Asistidos, como no, de los medios de comunicación y contertulios de siempre.
Más allá de ceñirme a la cronología de lo acontecido en la asistencia de medios prestada por el Estado, que ha sido sobradamente expuesta en el Senado por cuatro ministros del gobierno, o la extrañeza que a todos nos causa que esa Cámara de representación de los territorios no haya llamado a los presidentes autonómicos para oír sus explicaciones, o de las faltas de respeto proferidas hacia la directora general de Protección Civil, entre otros, habré de referirme a algunos pretendidos argumentos de fondo que desde entonces son manejados por capitanes y contertulios con un solo objetivo, hacer creíble la responsabilidad del Estado en el desastre o, al menos, la equidistante coautoría, si es que no pudieran conseguir que se ocultaran las de Mañueco y Rueda. Tampoco entraré a comentar la incidencia evidente del cambio climático frente al negacionismo de los ilustres académicos de la extrema derecha y a los solventes argumentos de Rajoy y su primo allá por 2015. Se acuerdan, ¿verdad?
Parece generalmente aceptado que la despoblación, el abandono y la pérdida de municipios en la España vaciada ha generado la desatención del medio rural, con acumulación de una gran cantidad de combustible forestal durante décadas, magnificando las consecuencias del desastre. De ser así, cosa que no discutiré, quizá cabría preguntarse sobre la responsabilidad que les toca a quienes han dirigido esas comunidades autónomas durante muchas décadas. Les pondré un ejemplo, de la comunidad donde resido; Andalucía tiene hoy los mismos pueblos que tenía hace cincuenta años porque durante décadas hizo un denodado esfuerzo por mantener la población fijada al territorio, convirtiéndolo en un eje transversal de su política social y económica desde que fue aprobado su primer Estatuto de Autonomía. Pues frente a eso, y de antemano decir lo que a todos nos duele la realidad de Castilla y León, lo cierto es que esta comunidad ha perdido alrededor de un 15% de sus pueblos, casi trescientos. Y que los años de mayor superficie forestal quemada en Andalucía, con alrededor de 15.000 hectáreas, fueron 2017, 2020 y 2022; no se me interprete mal, que mucha es, pero concluiremos que menos de un 10% de la que ya va quemada en Castilla y León. Quizá algo tenga que ver.
Sobre la dolorosa afirmación de que es un despilfarro el gasto en prevención de los incendios forestales que debe realizarse en invierno, la que me ahorro en calificar, debo decir que también está generalmente aceptado que el coste de la extinción y reforestación puede oscilar entre los 5.000 y 20.000 euros por hectárea. Por la dificultad de la superficie afectada de la que hablamos, tomemos el estándar de 15.000 euros y multipliquémoslo por el número de hectáreas quemadas, más de 90.000 en Galicia y 150.000 en Castilla y León. El resultado es de casi 1.500.000.000 de euros para la primera y de 2.250.000.000 euros la segunda. Les diré lo que significan estas cifras en relación con el presupuesto que cada una de ellas destina a prevención, en su plan anual de 2025 (Galicia destina 41,3 millones y Castilla y León 60); la división es fácil, lo que gastaremos en extinción supone entre 30 y 40 años de las partidas destinadas a prevención. Es más eficiente invertir en prevención que gastar en extinción, no hay duda.
Pero de esto nos dimos cuenta en Andalucía hace muchos años ya, y por eso interesa decir que en el período comprendido entre 2005 y 2022 los presupuestos destinados en prevención ascendieron a casi 1.200.000.000 euros, casi seis veces más que la destinada por Galicia y Castilla y León, cuando solo duplicamos la superficie forestal de la primera y es casi igual a la segunda. Dicho de otra manera, en Andalucía somos mucho más eficientes y estamos más comprometidos con prevenir los incendios forestales.
Quiero decir con esto que es posible hacer las cosas de otra manera y que los ciudadanos de aquellas comunidades tienen derecho a pedir responsabilidades por la dejación de sus gobernantes durante décadas. Casi diría la obligación de hacerlo, aunque a algunos se les tuerza el gesto.
De esta manera, cuando esta realidad no resulta agradable de escuchar, a pesar de los datos que la soportan, los voceros mediáticos esgrimen dos teorías exculpatorias de los presidentes autonómicos, a cada cual más pretendidamente imaginativa. La primera es que la culpa resulta ser del Estado porque al no tener aprobados los Presupuestos Generales no puede atender de manera inmediata los acontecimientos catastróficos o situaciones de grave peligro que se puedan presentar. Pues a ello debe responderse que no es cierto, porque la contratación de medios en esas situaciones de emergencia está contemplada en el artículo 120 de la vigente ley de contratos del sector público, disponiendo que podrán ser contratados libremente sin sujetarse a los requisitos formales establecidos, incluso el de la existencia de partida presupuestaria suficiente; que, aunque no existiera presupuesto adecuado y suficiente, se adopte el acuerdo y se reclame su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. Argumento desmontado.
El segundo es atribuir al Estado las precarias condiciones en que los bomberos forestales son contratados por TRAGSA, tratando así de corresponsabilizarlo. No digo que la empresa estatal no pueda hacer más, pero al respecto sí diría que quien traba ese argumento bien debiera leer cuanto dispone el artículo 48 ter. de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que literalmente nos dice una vez notificada la resolución que formalice el encargo (a TRAGSA debe entenderse) se notificará al destinatario del mismo y ESTARÁ OBLIGADO a ejecutarlo de acuerdo con las instrucciones fijadas UNILATERALMENTE por el poder adjudicador que realiza dicho encargo (se entiende la Comunidad de CyL). Creo que sobra comentario alguno al respecto.
Considero que con estos datos se desmonta el mentiroso relato que tratan de imponernos, que la naturaleza del reto que tenemos por delante implica a todas las fuerzas políticas de bien y que sí resulta necesario un Pacto de Estado sobre esta materia que obligue a todos. Y que los ciudadanos de unas comunidades autónomas empecemos a exigir de los gobernantes que no hagan dejación de sus competencias y que en otras mantengamos alejada la posible privatización de medios que tan característica resulta ser cuando gobierna la derecha. Porque los montes son de todos.
Me permitirán que para terminar exprese mi reconocimiento a todas las personas implicadas en la extinción y mi solidaridad con las perjudicadas por sus dramáticas consecuencias. Y también a los profesionales de la información que se ven amenazados por decir su verdad y no la que otros quieren que se diga.
