Los españoles perciben el estado de un poder judicial que domina ahora mismo el ritmo de la política y, prácticamente, el de toda la actualidad. En este contexto, las encuestas reflejan la idea que vienen articulando el Gobierno y el Partido Socialista desde que el calendario se empezó a llenar de coincidencias: muchas de las decisiones que se están tomando en los tribunales están fomentando una desconfianza generalizada hacia la acción de toda la Justicia.
Mientras en Moncloa creen que esta realidad “debería llevar a la reflexión a quienes administran la Justicia”, como dijo el ministro Óscar López, en la oposición se empeñan en sostener que algo que ya reflejan las encuestas es un argumento político de la izquierda. Este lunes, el sondeo de 40db para El País y la Cadena SER demostró que el lawfare ya no es solo una línea en un argumentario político, y que tres de cada cuatro españoles creen que existe.
“Deberían preocuparse por esa imagen que tiene la sociedad porque el Estado de derecho se basa en la confianza en la justicia y la separación de poderes”, dijo López. Los socialistas se mueven desde hace tiempo entre el respeto a la acción de la Justicia y el intento por reflejar esta realidad. “Es evidente que la estrategia de judicialización permanente impulsada por la derecha, la ultraderecha y sus organizaciones satélite y las incomprensibles decisiones de algunos jueces han terminado deteriorando la confianza de muchos ciudadanos en la propia Justicia”, dicen sus fuentes a El País.
Se refieren a las querellas impuestas por asociaciones de extrema derecha como Hazte Oír o Manos Limpias, que han servido a los jueces para impulsar causas como las que afectan a Begoña Gómez o David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno respectivamente.
La izquierda señala el 'lawfare'
Precisamente, sus críticas van también dirigidas a jueces individuales cuyas actividades pueden “apartarse de la imparcialidad, la proporcionalidad o las garantías que deben presidir cualquier procedimiento judicial”. A esto hacía referencia Pedro Sánchez en una reunión con la ejecutiva de su partido, en la que señaló “las diferentes velocidades” de la Justicia.
Sus palabras evocan inevitablemente a la actuación del juez Juan Carlos Peinado en la instrucción de la causa que afecta a su mujer. La encuesta de 40db llega en uno de los momentos que mejor ilustra cómo la confianza de la ciudadanía en los jueces se puede haber deteriorado. El magistrado abrió juicio oral contra Begoña Gómez, y atendió a las peticiones de la ultraderecha al ordenar retirarle el pasaporte. No solo eso, sino que justificó el riesgo de fuga de una mujer de presidente del Gobierno en que sus escoltas podrían ayudarla a fugarse. La última, este mismo lunes, ha sido no permitirle viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara, a la que había sido invitada por la mujer del presidente turco. Una decisión que se tomó el último día y que, además, no tomó Peinado, que está de vacaciones, sino el mismo juez que ralentizó durante casi un año la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso.
Lo cierto es que, los últimos años, no han sido el mejor ejemplo para la defensa de la carrera judicial. Si bien estos días estamos viendo los últimos coletazos del juicio a la trama Kitchen, con la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy en el banquillo trece años tarde por utilizar la Policía para borrar pruebas en contra del PP, en paralelo hay causas que apenas han necesitado un año para resolverse. Sin entrar a qué partido afecta cada caso, resulta llamativo también cómo con pruebas de peso para añadir a la lista de imputados por la Kitchen nombres propios como el de Rajoy o el de María Dolores de Cospedal, los jueces decidieron no hacerlo. “Hay personas que son imputadas con indicios extraordinariamente débiles, mientras otras no lo son pese a existir elementos mucho más sólidos”, apuntan desde Ferraz.
En este sentido van también desde la izquierda del PSOE, espacio en el ya advierten de la peligrosa dinámica de los jueces desde hace años. Uno de los mejores ejemplos es Podemos, que ha sufrido los intentos de la Justicia de hurgar en la política. “Es un hecho irrefutable que en España hay fachas operadores judiciales que hacen política siempre a favor del PP y la ultraderecha”, dice su secretario general, Pablo Fernández. Aún así, matiza que “No todos los casos de corrupción que rodean y que acorralan al Partido Socialista son lawfare”, y pone como ejemplo la reciente condena al exministro José Luis Ábalos o el caso de las cloacas del PSOE que afecta a su ex secretario de Organización Santos Cerdán y a la ‘fontanera’ Leire Díez. “Hay que distinguir el grano de la paja y es lamentable que a día de hoy nadie del PSOE haya asumido responsabilidades por los casos de corrupción”, añade Fernández.
El PP niega lo que ve el 65% de los españoles
En la otra orilla, la derecha sigue negando que exista el lawfare que perciben los propios ciudadanos. De hecho, la reacción de la portavoz parlamentaria del PP Ester Muñoz a la citada encuesta es calificarla de “populismo”, mismo calificativo que dedica a las palabras de Óscar López. En el mismo sentido va Ayuso, que animó este lunes a un grupo de jóvenes a alejarse de estas “teorías”: “A ejercer según vuestra conciencia, a favor de la independencia judicial y en contra de la terrible teoría que ya va instalándose”, dijo la misma presidenta de la Comunidad de Madrid que sostiene que la investigación a su novio, Alberto González Amador, por varios delitos es una cacería contra ella.
Lo mismo que Ayuso, que hay jueces que van a por los políticos, lo piensan dos de cada tres españoles. El 65,4% considera que en España existe lawfare y casi un 60% cree que el poder judicial vigila y sanciona poco o nada a los jueces que hacen mal su trabajo. Además, el 82% piensa que la justicia es “demasiado lenta” y poco independiente, y solo el 32% considera que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales. El 75,5% cree que los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces y solo un 32,2% considera que las resoluciones que estos dictan son “justas e imparciales” frente al 59,3% que opina lo contrario. Además, el 67,1% comparte que la política se ha judicializado y casi el 63% está muy o bastante de acuerdo con la idea de que “algunos jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas”.
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