En un contexto en el que las noticias sobre tribunales acaparan la actualidad, la agenda y el debate político, con dos claros ritmos en la justicia, con casos que tardan más de 13 años en juzgarse y otros que en un año se zanjan, o con informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que dependiendo del caso llegan con total celeridad o no aparecen, un estudio del Instituto 40dB para ElPaís y la Cadena SER ha concluido que la mayoría de españoles no confía en la justicia y considera que hay lawfare.

El 65,4% considera que en España existe lawfare y casi un 60% cree que el poder judicial vigila y sanciona poco o nada a los jueces que hacen mal su trabajo. Además, el 82% piensa que la justicia es “demasiado lenta” y poco independiente, y solo el 32% considera que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales.

El 75,5% cree que los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces y solo un 32,2% considera que las resoluciones que estos dictan son “justas e imparciales” frente al 59,3% que opina lo contrario. Además, el 67,1% comparte que la política se ha judicializado y casi el 63% está muy o bastante de acuerdo con la idea de que “algunos jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas”.

En el mismo sentido, el 53,3% no comparte la idea de que los jueces aplican la ley “de forma imparcial”, siendo el 68% los que no creen que la justicie trate a todos por igual y casi el 61% considera que se deja influir por los grandes poderes económicos. Asimismo, una de cada tres personas cree que los jueces tienen a favorecer a la derecha, frente al 16% que piensa que favorecen a la izquierda..

¿Hay lawfare?

En relación con la falta de imparcialidad e independencia por parte de los jueces, el 65,4% considera que en España existe lawfare. En concreto, el 28% cree que ejerce “principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierdas”, el 22,6% que “se usa igual desde todos los ámbitos políticos”, y el 14,8% que lo padecen principalmente la oposición y las formaciones de derechas.

Por partidos, los votantes del PP son los que consideran en mayor medida que se utiliza por igual contra los dos bloques ideológicos, mientras que los del PSOE, Sumar y Podemos creen que el lawfare lo padecen el Gobierno y las formaciones de izquierda.

Mayor conocimiento de casos del PSOE

Esta encuesta de 40dB se realizó entre los pasados 26 y 29 de junio, después de la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como imputado en la Audiencia Nacional por posible delito de tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra y después del informe pericial que tasó en 1,3 millones de euros las joyas que fueron encontradas en la caja fuerte de despacho. En este estudio también se han tenido en cuenta otros casos y decisiones judiciales, como el que afecta al hermano de Pedro Sánchez, la condena a 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos, la puesta en libertad y con mínima pena al empresario corrupto Víctor de Aldama o las polémicas decisiones del juez Juan Carlos Peinado en el caso de Begoña Gómez. Así mismo, también contempla casos que afectan al PP, como el juicio del caso Kitchen o el caso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Hablando de casos concretos, el 64,1% asegura seguir con interés los últimos casos judiciales relacionados con la política, siendo este interés mayor entre los votantes de la derecha y extrema derecha (76,8% los del PP; 71,7% los de Vox) que en el electorado de izquierdas (69,3% en el caso de los del PSOE; 65,7% los de Sumar).

El más conocido para la población es el caso Zapatero, ya que un 64% asegura conocerlo “bien”, un porcentaje similar al que afirma estar informado sobre la condena a Ábalos y su exasesor Koldo García. Después estarían los casos que afectan a Begoña Gómez, con un 59,9% y el de David Sánchez (un 51,3%).

En cambio, los casos que afectan al Partido Popular son menos conocidos entre la población: el 48,8% afirma conocer bien la causa contra la pareja de Ayuso, el 35% el caso Kitchen, que empezó a juzgarse el pasado mes de abril después de 13 años, y el 30,1% el caso Púnica.

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