El juez instructor de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire’, Santiago Pedraz, ha tomado una decisión clave este jueves imputando en la causa a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto (DAO) Manuel Llamas por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia después de que lo haya solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Un marco judicial que ha generado la consiguiente respuesta del Gobierno central.
Tanto González como Llamas están citados a declarar en sede judicial el próximo 16 de julio y, bajo este marco, la reacción de Moncloa, por un lado, ha sido de respeto en la Justicia. Fuentes del Ejecutivo central de Pedro Sánchez han dado por hecho de que la directora del Instituto Armado dará “las explicaciones pertinentes ante la Justicia”, tal y como “demostró en su comparecencia en el Senado” el pasado 16 de junio, cuando rechazó haber influido en ninguna investigación vinculada con la exmilitante socialista.
Con estas palabras, Moncloa ha buscado trasladar un mensaje de “tranquilidad” en torno a estas novedades judiciales: “Total normalidad y transparencia porque no hay nada que ocultar”, han desgranado.
En lo que concierne a voces concretas que se han pronunciado al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya trasladó su respaldo a González hace no mucho tiempo atrás, expresamente, después de conocerse que ésta mantuvo reuniones con Díez. Hace un mes atrás, el líder socialista dijo que González ya dio las explicaciones pertinentes sobre estos encuentros y, entonces, trasladó su confianza en su profesionalidad y que su trabajo estaba siendo “muy positivo”.
Más reciente, con motivo de esta noticia, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido más directo trasladando su respaldo y asegurando que González se mantendrá en el cargo como hasta la fecha.
De esta manera, el Ejecutivo central se ha remitido a la comparecencia de la directora de la Guardia Civil hace un mes atrás en la Cámara Alta, donde negó haber participado en una trama contra la Unidad Central Operativa (UCO) para sancionar a agentes que participasen en investigaciones al Gobierno y a Ferraz. “No he tomado nunca ninguna medida contra ningún agente de la UCO ni de la Guardia Civil para alterar investigaciones que afecten al Gobierno”, refirió en sus declaraciones parlamentarias, aunque sí reconoció haberse reunido en dos ocasiones con Díaz, aunque nunca en dependencias oficiales.
Ferraz apunta a la doble velocidad de la Justicia
Más valoraciones políticas son las que se han desprendido desde Ferraz. Por parte del PSOE, su portavoz en la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, ha trasladado la confianza del partido sobre González, situando el foco en que los procesos judiciales contra el entorno socialista “están siendo muy rápidos”.
Por un lado, Mínguez ha llamado a preservar la “presunción de inocencia” de la directora de la Benemérita, reprochando que haya sido imputada por haberse tomado “unos cafés” con Díez algo que, a su juicio, es “muy diferente a reunirse y hacer una trama” como la Operación Kitchen, que se produjo en el seno del Partido Popular de Mariano Rajoy, según ha desgranado en una entrevista concedida este jueves a laSexta. “Vamos a darle tiempo a que ella se pueda defender”, ha emplazado.
En comparación con otras causas abiertas y que no afectan ni al Gobierno ni a Ferraz, Mínguez se ha mostrado sorprendida por el sobreseimiento de la causa contra el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, en apenas horas después de la comparecencia del empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, o la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emanado sobre un similar contexto.
También ha condenado Mínguez que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no haya sido investigado ni en la trama Gürtel ni Kitchen, tampoco su ex número dos, María Dolores de Cospedal, pese a aparecer ambos en diversas conversaciones de los principales acusados.
Bajo este telón de fondo, la portavoz socialista ha denunciado la existencia de “dos velocidades completamente diferentes” que afectan al PP y PSOE. “A lo mejor es otro éxito del Gobierno de Pedro Sánchez (…) y ahora los procesos son mucho más rápidos que los que había anteriormente”, ha dejado caer.
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