Quince asociaciones integrantes del Consejo Estatal de Participación de la Mujer dependiente del Ministerio de Sanidad que preside Ana Mato, exigen“la inmediata retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”. En el documento presentado, manifiestan que la Ley hasta ahora en vigor ofrece todas las garantías precisas para las mujeres, los profesionales “sin olvidar la ponderación que se requiere – desde la óptica jurídica/constitucional – con respecto al nasciturus como bien jurídico protegido en tanto en cuanto proyecto de vida en formación”.

“La actual ley orgánica de 2010, aun siendo mejorable, reconoce a las mujeres la efectividad de sus derechos sexuales y reproductivos, es decir, el derecho a decidir sobre sí mismas, su sexualidad y su maternidad, lo que significa, efectivamente, el reconocimiento de las mujeres como sujetos jurídico/políticos y, por tanto, sujetos autónomos con capacidad de decisión”, explican.

Los derechos fundamentales de las mujeres en riesgo
Para estas asociaciones “se observa cómo los intereses en conflicto en toda interrupción voluntaria del embarazo son los derechos fundamentales de la mujer (vida, salud y libre desarrollo de la personalidad versus maternidad como opción libre y personal) frente a la vida en formación como bien jurídico protegido. Intereses en conflicto que quedan salvaguardados con un sistema de plazos.”

Retroceso de más de 30 años
Sobre la regulación que recoge el anteproyecto consideran que  “supone un retroceso de más de 30 años en el reconocimiento de los derechos a las mujeres y en la conceptuación de las mujeres como sujetos jurídico/políticos.”  Añaden que también “desconfía de las mujeres. De ahí que nos haga sujetos heterónomos, esto es, sujetos sobre los que deciden otros, equiparándonos a menores de edad o a enajenados mentales”.

Dogmas religiosos minoritarios
“Los presupuestos dogmáticos religiosos sobre protección de embriones humanos que acoge el anteproyecto y que se pretenden imponer de forma coactiva a toda la sociedad española sólo los comparte una parte muy minoritaria de ésta, y de acogerse en nuestro ordenamiento jurídico impedirían igualmente recurrir a las actuales técnicas de fecundación in Vitro, negando la maternidad a mujeres que desean ser madres y que tienen dificultad para concebir”.

Rechazo por una amplia mayoría social
Señalan que el anteproyecto de Ley orgánica ha sido objeto de contestación y rechazo por una amplia mayoría social: asociaciones de mujeres, asociaciones de clínicas acreditadas, asociaciones de profesionales de la psiquiatría, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de jueces (Jueces por la Democracia) tanto a nivel nacional como internacional y de nuestro entorno europeo.”

 80% de encuestados en contra
“Es más-dicen- según Metroscopia conforme publica el diario El País, el 11 de enero de 2014, entre la ciudadanía, el porcentaje medio de rechazo de cada uno de los planteamientos del anteproyecto es del 80%. Tampoco es apoyada la reforma por la mayoría de los votantes del PP, ni los que se declaran católicos”.

La mujer debe elegir libremente
Siguiendo con esta encuesta recuerdan que el 78% de los encuestados asegura que no es una reforma necesaria. “Ni siquiera ve esta necesidad el 57% de los votantes del PP ni el 50% de los que se declaran católicos. Un 86% de la ciudadanía española cree que la mujer debe elegir libremente si sigue adelante o no con su embarazo. Y el 68% de los que votaron al PP y el 60% de los católicos practicantes son de la misma opinión.”