Desde hace semanas el malestar recorre los tribunales de España y de fondo se oyen las amenazas de huelga de los jueces. El cabreo se dirige al Gobierno por la futura LOPJ que recorta sus derechos estatutarios y por la escasa inversión y renovación de oposiciones. Tampoco están nada contentos los magistrados por la actuación de Gonzalo Moliner, nuevo presidente del CGPJ tras la dimisión de Dívar, de quien consideran que no defiende sus intereses, por lo que incluso han pedido su dimisión.

El preacuerdo
Con intención de mitigar el rechazo, Moliner envió a los jueces una circular el pasado 20 de septiembre, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, y en la que presume de sus logros en las negociaciones con Justicia y Hacienda. El presidente del CGPJ asegura que "existe un preacuerdo (...) para convocar oposiciones a la Carrera Judicial".

Los moscosos perdidos
Pero además, Moliner señala que también se reconocerá "un permiso de nueve días al año" para los jueces. La medida busca contrarrestar el Decreto Ley que el Gobierno aprobó en julio por el que reducía los famosos moscosos de los funcionarios hasta los tres días. El recorte afectó especialmente a los jueces, que disponían de hasta 18 días de libre disposición. Es decir, que a los magistrados la nueva ley, según dicho preacuerdo, sólo les quitaría la mitad.

La razón de los 18 días
Según fuentes judiciales, la "razón histórica" de estos 18 días se encuentra en las largas guardias que muchos jueces de término -que suelen estar solos al frente de un tribunal- tienen que realizar, perdiendo muchas horas en ir a levantar cadáveres o recorriendo la zona. En compensación, reciben más días de libre disposición, un privilegio que después se extendió a todos los magistrados, incluso a los que forman parte de un tribunal y tienen personal de sobra en el que delegar las labores que los jueces de término tienen que hacer solos.

Dimisión de Moliner
Pero el preacuerdo de nueve días que anunció Moliner el 20 de septiembre no contentó a los magistrados, que tanto ese jueves como el viernes siguiente celebraron juntas por toda España de donde salieron acuerdos muy duros. En Madrid se pidió abiertamente la dimisión del presidente del CGPJ "por no defender nuestros intereses" y por muy poco no prosperó la petición de dimisión de Gallardón. Algo que sí ocurrió en Badajoz, donde, al igual que en la capital, se avisó con la posibilidad con ir a la huelga. Una amenaza que también se hizo extensiva entre los fiscales.

"Trato desigual"
Por si todo esto fuera poco jaleo para Gallardón, el preacuerdo tampoco ha contentado a los funcionarios judiciales, que entre otras medidas diferentes a las de los jueces, seguirán teniendo sólo tres días libres. Desde CCOO denuncian que "el Gobierno y el Ministerio de Justicia no tratan igual a los jueces y fiscales que al resto de los funcionarios de la Administración de Justicia, sin justificación alguna". Y ponen otro ejemplo: "Ellos no van a ver descontadas de sus nóminas mensuales la parte correspondiente a la supresión de la paga extra de diciembre (...) mientras que el resto de funcionarios sí".

"Corporativismo atroz"
Desde este sindicato, en un comunicado, cargan directamente contra el ministro: "A nuestro juicio no es culpa del colectivo de jueces y fiscales este trato favorable, sino del corporativismo atroz del señor Gallardón, cada día más desacertado (más bien, no ha dado una) y que pone en evidencia su incapacidad para regir los destinos de la Justicia en España".