El yate 'Fortuna'. EFE/Archivo El yate 'Fortuna'. EFE/Archivo



En pleno maremoto de popularidad -salpicado entre otros escándalos por los negocios de su hija Cristina y su yerno Urdangarin, su famoso safari en Botsuana o las informaciones sobre su amiga Corinna- la Casa Real buscó un respiro anunciando a bombo y platillo que renunciaba a usar el 'Fortuna', el yate que en su día regalaron empresarios mallorquines al monarca. Desde el principio la renuncia estuvo plagada de polémica, entre otras cosas porque se empezó a conocer todo el dinero que había estado costando anualmente a Patrimonio Nacional el mantenimiento del barco, cerca de 1,8 millones de euros -sólo llenar sus tanques de combustible costaba 20.000 euros- y que ya no podía permitirse. Luego los empresarios que lo habían regalado intentaron recuperarlo apelando a que se lo habían regalado al Rey personalmente y no a Patrimonio Nacional.

Despidos improcedentes
Y ahora la Justicia ha dictaminado que hubo varias irregularidades en aquel gesto y más concretamente en el despido de su tripulación. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha fallado que los trabajadores fueron despedidos de forma improcedente y tendrán que ser indemnizados con un total de 1,23 millones de euros. La indemnización debe ser asumida por la empresa adjudicataria del mantenimiento y gestión del buque, Unión Naval Valencia, y por Patrimonio Nacional, titular de la embarcación.

Trabajando para el rey desde hacía años
La sentencia, según recoge EFE, establece que los tripulantes estaban contratados por Unión Naval Valencia, adjudicataria del contrato de mantenimiento del yate del Rey desde 2011, pero todos venían prestando sus servicios en el barco desde años atrás para las diferentes empresas que se habían hecho cargo de este servicio.
Era por tanto Patrimonio Nacional la entidad de la que los empleados dependían de manera funcional, e incluso su salario veía determinado por el presupuesto anual para el yate que aprobaba el organismo estatal.

Cesión ilegal de trabajadores
Por todo ello, el tribunal dictamina que se producía una cesión ilegal de trabajadores por parte de la empresa adjudicataria en favor de la sociedad pública, deja sin efecto la extinción de los contratos mediante expediente de regulación de empleo (ERE) que realizó Unión Naval Valencia y ordena la indemnización solidaria de los trabajadores despedidos de forma improcedente por parte de Patrimonio Nacional.