El juzgado de primera instancia nº 61 de Madrid ha decidido reabrir el caso de las primarias de Ciudadanos en Madrid. Un nuevo mazazo judicial para la formación naranja, que, a una semana de enfrentarse al plebiscito interno para ver quién lidera la formación tras la abrupta salida de Albert Rivera, ve como sus procesos electorales vuelven a ser marcados por la sombra de la incertidumbre.

Al igual que en Murcia, Castilla y León o Cantabria, donde las primarias también están judicializadas, la letrada Raquel Siguero Llorente ha decidido volver a reabrir el caso en las primarias que enfrentaron a Ignacio Aguado, vencedor de aquel proceso y actual vicepresidente de la Comunidad, y Juan Carlos Bermejo, afiliado de la agrupación de Las Rozas que se mostró escéptico con lo abrumador de los resultados desde el primer momento.

Según los datos oficiales del partido, Aguado se impuso a su rival por un margen muy amplio. El dirigente logró 1.277 votos, frente a los 263 de la candidatura de Bermejo. Junto a ellos concurrieron al proceso electoral 11 candidatos más. La participación fue muy baja, quedándose en el 33%.

Sin embargo, estas cifras no convencieron en ningún momento al principal competir del vicepresidente regional, que, tal y como recogió ElPlural.com, acusó al partido de no aportar la documentación necesaria ni total del plebiscito con la celeridad necesaria. Bermejo, que en todo momento alegó que su derrota era una posibilidad, puso sobre la mesa entonces la sospecha interna, apuntalando aún más la sensación de los críticos de que el voto telemático es fácilmente malversarle en favor de las candidaturas oficialistas, como ya se demostrara en Castilla y León con Silvia Clemente.

No solo en Madrid

Los problemas para la formación naranja se extienden a lo largo y ancho de España. Desde que Francisco Igea, actual vicepresidente autonómico y candidato a la presidencia del partido, encendiera todas las alarmas denunciando el fraude electoral cometido a favor de la candidata predilecta de la cúpula, Silvia Clemente, las delegaciones empezaron a movilizarse y a estudiar cada uno de los casos que más incertidumbre generaron.

Todavía no se conoce quién fue el instigador de aquella malversación electoral. Además de una nueva denuncia presentada por afiliados, la Fiscalía sigue operando y estudiando qué sucedió después de que el equipo de Francisco Igea solicitara conocer toda la verdad.

En Murcia pasa algo parecido. La propia formación reconoció implícitamente el pucherazo, después de presentarse ante la Justicia como acusación particular. Sin embargo, tal y como ha confirmado en sucesivas ocasiones Leonardo Pérez -rival de Isabel Franco en aquellos comicios- a ElPlural.com, falta aperturismo y mayor transparencia en los naranjas, que, como última actuación, alegaron ante el juez que no tenían la documentación de sus propias primarias ya que habían contratado a una empresa externa de la que no habían informado previamente.

Para más inri, Isabel Franco es una de las elegidas por Inés Arrimadas dentro del equipo que concurrirá a las elecciones de la nueva Ejecutiva de la formación los próximos 7 y 8 de febrero.

Aplazamiento en la elección de compromisarios

A tenor de todo lo expuesto, fueron muchos los que empezaron a resoplar durante la elección de compromisarios que representaran a la afiliación en la V Asamblea General de Ciudadanos, que tendrá lugar el próximo 15 de marzo. Los constantes fallos en el sistema y la imposibilidad de acceder al sitio web en el que elegir a sus representantes, provocó momentos de tensión que solo se zanjaron cuando Scytl, empresa contratada para controlar esta elección, salió al paso cargando con la culpa y achacando lo sucedido a “un error humano”.