En el marco del escándalo que ha sacudido al Ayuntamiento de Alicante tras conocerse presuntas irregularidades en la concesión de viviendas protegidas a altos cargos del Partido Popular (PP) en el consistorio y personas cercanas a ellos, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha hecho un llamamiento este martes desde el Senado para que la Generalitat Valenciana recupere los controles en la adjudicación de vivienda pública para evitar nuevos escándalos.
Durante su intervención en la Cámara Alta, la titular de la cartera de Vivienda ha cargado contra la “opacidad” y la “desregulación valenciana” especialmente tras conocerse las presuntas irregularidades y ha exigido a la Generalitat que recupere las garantías en la adjudicación de viviendas públicas. Asimismo, Rodríguez ha adelantado que el Ministerio que ella dirige va a explorar sus competencias para velar por la transparencia en las adjudicaciones que dependan de otras administraciones. “Lo que le puedo transmitir a los ciudadanos es que todas estas viviendas que estamos promoviendo desde el Ministerio de Vivienda contarán con todos los controles, con toda la fiscalización, para impedir que la vivienda pública protegida para siempre sea para los de siempre”, ha sostenido en el Senado la ministra.
En el mismo orden de cosas, Rodríguez ha lanzado un mensaje a la Generalitat “para que reaccione” y en aras de que “revierta esa normativa que ha permitido este caso”. De esta forma, ha avanzado que desde su cartera se va a trabajar “para abordar, atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional, garantías”. “Que se vuelvan a recuperar todas las garantías en los procesos de adjudicación, en los registros de demandantes de vivienda, que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en Alicante o lo que está ocurriendo en Alzira”, ha señalado, haciendo también referencia al escándalo de Ribera Salud que ha salpicado también al Hospital de La Ribera, en la localidad valenciana.
En esta línea, la ministra ha contrapuesto la gestión de la vivienda pública protegida de la Generalitat con la “transparencia” que imperará en las adjudicaciones de CASA 47, la Entidad Estatal de Vivienda. “En CASA 47 ningún empleado podrá acarrear o podrá concurrir a estos procesos. En CASA 47 los procesos serán ante notario y la adquisición de los mismos, el poderse inscribirse, será por portal”, ha esgrimido, para acabar defendiendo que “adquirir una vivienda de protección pública es un derecho, no un mercadeo”.
Solicitan una comisión de investigación en Les Corts
Al hilo de todo ello y tras la recientes dimisiones, Compromís ha solicitado que se lleve a cabo una comisión de investigación en Les Corts que permita depurar responsabilidades políticas. Después de registrar la petición, el síndic de Compromís Joan Baldoví reprochó que el Plan Vive de la Generalitat Valenciana para la construcción de vivienda de protección pública se traduce en un “plan vividores, que es en definitiva el modus operandi que siempre ha tenido el PP: beneficiar a los suyos”. Asimismo, Baldoví defendió que dicho Plan se ha caracterizado por “aprovecharse de la política en beneficio propio”, por lo que ha remarcado la petición de su formación para que se investigue la adjudicación de estas viviendas “a miembros del PP, a cargos del PP y a personas muy relacionadas con el PP”.
Por su parte, la portavoz de vivienda de la formación, María José Calabuig, ha advirtió de que el escándalo que ahora ha estallado en el seno del Ayuntamiento alicantino no es “un caso aislado” ni “anecdótico”, sino que actúa como reflejo de la estrategia de los populares en materia de vivienda, basada en “dejar de lado” a las familias y personas vulnerables para beneficio suyo. “En su momento ya presentaron el plan Vive, el plan de los vividores como estamos viendo ahora, y también han modificado la normativa para acceder a la vivienda pública”, de manera que ahora “personas con sueldazos de casi 70.000 euros pueden acceder a pisos protegidos”. “Mientras que familias valencianas que ni siquiera llegan al final del mes no pueden permitirse una vivienda, tenemos cargos del PP que están repartiéndose las viviendas”, esgrimió.
