El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que debe haber "razón justificada" para que los policías de servicio que sean grabados en la calle puedan tramitar una multa en base a la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'.
En los Desayunos Informativos de Europa Press, el ministro ha defendido la instrucción dictada el 17 de octubre por la Secretaría de Estado de Seguridad, de la que se ha responsabilizado directamente, y que ha sido ampliamente rechazada por sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al entender que les desprotege, lo que llevó a Interior a explicar que estaban dispuestos a matizar esta orden.
En concreto, la instrucción clarifica la 'ley mordaza' en lo referente a las sanciones previstas para quienes sean denunciados por tomar fotografías y vídeos de agentes que participan en la calle en un dispositivo policial. Marlaska ha justificado que se dictó la instrucción al entender que introducía "términos más ajustados a la doctrina del Tribunal Constitucional", conjugando los derechos de los policías con otros como la libertad de información.
"Se debe de observar el hecho de que haya un riesgo para los agentes, un riesgo objetivo para su integridad", ha defendido Marlaska, que ha añadido que "no puede ser prohibición absoluta cuando no haya una razón justificada". El titular del Interior ha subrayado que la instrucción dice que sí se puede tomar la identidad de un periodista en este último caso.
Derecho de reunión
Marlaska se ha referido a lo que afecta al derecho de reunión, que también quiere ser modificado en la 'Ley Mordaza' a propuesta del PNV. "Esperemos a ver el resultado", ha dicho. Su criterio es que "si es pública y pacífica tampoco hay que trascender más allá", ya que en la actualmente se convocan manifestaciones o concentraciones y la propia Ley de Reunión establece tan sólo la necesidad de comunicación a la autoridad.
El pasado 7 de noviembre, los sindicatos de la Policía Nacional en unidad de acción - SUP, CEP, UFP y SPP-- llevaron a la Comisión de Interior del Congreso su rechazo frontal a la "surrealista" instrucción 13/2018 de 17 de octubre de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, criticaron las propuestas promovidas por PNV, Podemos, ERC y Bildu, así como la 'ley de abusos policiales' del Gobierno vasco que "blanquea" a ETA.
