En la sesión de control de este miércoles, Antonio Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha preguntado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría si ella o Mariano Rajoy dieron la orden para que se realizara un argumentario desde el ministerio de Hacienda, que se filtró a la prensa, y en el que se apoyaban las tesis del PP, sostenidas desde la Agencia Tributaria, según las cuales las donaciones en negro que había recibido su partido no tenían que tributar.  De esta manera se retoma un escándalo que pasó a segundo plano por el accidente del vuelo de Germanwings.

Un escándalo en el que se había visto envuelto de manera directa un asesor del ministro Montoro, Rogelio Menéndez, del que les informamos en nuestro periódico en primicia. El paso de los días ha permitido, sin embargo, ampliar el conocimiento de este hecho, y lo que sucedió para que, palabras de este miércoles de Hernando en el Congreso, "Hacienda haya funcionado como el despacho de abogados del PP".



Enfrentamiento entre Ruz y Hacienda
El pulso que mantuvieron Pablo Ruz y la Agencia Tributaria a cuenta de los impuestos que debería haber pagado el PP por las donaciones en negro que recibió de empresarios y que alimentaron su caja B, marcaron el final de los días del juez en la Audiencia Nacional. Como les contamos en ELPLURAL.COM, el PP, y Hacienda disciplinadamente con ellos, sostenía que puesto que el dinero que habían recibido en negro se había utilizado en temas electorales y del partido, cumpliendo así la ley, no tenían por qué cotizar. El juez pensaba diferente.

El juez insistió en el requerimiento, ya amenazante, el 10 de marzo, volviendo a pedir que la Agencia Tributaria calculara cuánto dinero habría defraudado el PP con las donaciones a su caja B. Y por fin, aunque a regañadientes, la gente de Montoro encargó a un inspector del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria (ONIF) cumplir con los requisitos del juez.



Los informes del inspector y de su jefa
El 12 de marzo pasado, ese funcionario entregaba a sus superiores dos informes. En el primero, de 11 folios, se contestaba a la pregunta del juez y se establecía el impuesto de Sociedades que el PP tendría que haber ingresado en Hacienda de acuerdo a las aportaciones que aparecían en los registros contables opacos que se habían descubierto en las diferentes investigaciones policiales y de la propia Hacienda.

El segundo informe del inspector, de 6 páginas, estimaba el IVA que el PP tendría que haber pagado a UNIFICA por las obras que se realizaron en la sede nacional del partido, en Génova, 13 y que se realizaron en dinero negro.

Estos dos informes llegaron a la Audiencia Nacional acompañados de otros dos escritos, fechados el 16 de marzo, que firmaba la responsable de la ONIF, Margarita García Valdecasas. En el que acompañaba al primero escribía que "la presente remisión se realiza por imperativo legal y con el fin de evitar posibles responsabilidades penales". En el segundo, insistía en recalcar que "el criterio oficial de la AEAT (la Agencia Tributaria)  es absolutamente contrario al utilizado en este caso por expreso mandato de la autoridad judicial".



Aparecen las filtraciones
En las ediciones de primeras horas de la madrugada del 17 de marzo, La Razón y La Vanguardia publicaban, utilizando entrecomillados, líneas y párrafos literales de los documentos, cubiertos por el secreto judicial, que Hacienda había entregado sólo unas pocas horas, poco más de cuatro, en la Audiencia Nacional.

En sus notas, los periódicos hablaban de "un informe" de la Agencia Tributaria.  De su lectura se deducía que había un argumentario de la propia Hacienda, en el que se valoraban y apoyaban sus tesis, frente a las del juez. La mañana de ese 17 de marzo, como contamos en su momento, entramos en contacto con el departamento de comunicación de la Agencia Tributaria para tener acceso a ese supuesto argumentario. Se nos negó su existencia, pero en las siguientes horas en ELPLURAL.COM nos hicimos con él.

En él se comparaba al PP con Cáritas o la Cruz Roja, que también reciben donaciones, se decía, por las que no contribuyen. El asunto provocó un escándalo. Pero lo que pudimos comprobar, al analizar ese documento, fue aún más sorprendente. El autor del documento era, como hemos apuntado, un asesor del ministro, Rogelio Menéndez, hermano, por cierto, del director de la Agencia Tributaria.

Metadatos del 'argumentario' filtrado a la prensa y realizado por el asesor de Montoro



Las acusaciones piden que se investiguen los hechos
Viendo las propiedades, los metadatos, del documento, como publicamos, se veía no sólo quién era el autor, sino también cuando se había iniciado su redacción y cuando se había acabado. Lo que ha venido a decir hoy en el Congreso el portavoz socialista, Antonio Hernando, es que ese argumentario se comenzó a redactar y se concluyó antes de que los documentos en los que se basa fueran incluso entregados al juez Ruz. Es decir, en el ministerio, lo que es ilegal, no sólo hubieran circulado documentos preparados en auxilio a un juez, sino que el asesor del ministro los habría utilizado como base para hacer un texto que acabó siendo filtrado a la prensa para defender sus criterios.

El 20 demarzo, dos de las acusaciones populares personadas en el denominado 'caso de la cajaB del PP', una pieza separada de la causa de la trama Gürtel, pidieron al juez Ruz que abriera diligencias para esclarecer oficialmente lo sucedido con la elaboración y filtración a los medios de comunicación del que ha pasado a conocerse como 'informe Cáritas'.