Los magistrados del Tribunal Supremo, comenzaron su acometida en mayo de 2009, aliados con la extrema derecha española, al admitir la querella de Manos Limpias, y después, de la mano de los más importantes responsables de la trama corrupta, continuaron hasta su condena en febrero de este año, 2012. Condena que, además de injustificable e injusta, fue aprovechada para injuriarle como hasta ahora no había hecho el Tribunal Supremo (TS). El Juez Garzón ha pagado el precio más alto que nunca ha pagado un juez, sencillamente por ser justo.
Hoy, es necesario recordar estas palabras suyas: "El crimen organizado se infiltra de manera imperceptible en las estructuras y fundamentos del edificio del Estado. Los hace estallar y pone en peligro la existencia misma del sistema democrático (Denis Robert. “La justicia o el caos”). Es lo que pretendía la trama Gürtel, que contribuyó a desarticular de modo decisivo y desde luego dentro de la más estricta legalidad. Pero el enemigo, es decir el Tribunal Supremo, era y es muy fuerte y no quiso ni quiere entender el alcance de la lucha contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales.
Ante las decisiones adoptadas para enfrentarse a Gürtel, el Supremo prefirió acoger las tesis de los investigados y decidió dar más protección a sus supuestos derechos que al interés general y público, abriendo una causa que no tenía más fin que la condena que le
impusieron. Condena que ha representado la anulación de la independencia judicial pero, sobre todo, ha supuesto el hundimiento de la altura moral y la calidad democrática que deberían distinguir a un Tribunal Supremo.
Finalmente los condenados, moralmente, han sido esos magistrados. El Juez Garzón continuará siendo un ciudadano digno y justo que podrá siempre mirarles a la cara y reprocharles, desde el silencio, que representan, como diría Denis Robert, el caos. No en vano, durante los
últimos meses se atrevieron a anular una condena impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona a un grupo de nazis, que habían justificado el genocidio contra el pueblo judío, los discapacitados y los adversarios políticos del nazismo, acordando su absolución.
En cuanto a los crímenes del franquismo, como ya he dicho, se vieron obligados a absolverlo ante la presión nacional e internacional en una sentencia esencialmente cobarde ante la dictadura franquista- que se negó a aplicar el Derecho Penal Humanitario vigente en España en el periodo de los hechos- y que ha dejado en la más absoluta indefensión a las víctimas de la misma.
Hay una muestra muy significativa de dicha sentencia. En el auto de 18 de noviembre de 2008 (Sumario 53/2008) se hacía referencia a los “niños robados del franquismo”, hecho gravísimo que, pese a su trascendencia, no mereció ninguna atención en la sentencia del TS. Sin
embargo, el fiscal general Conde-Pumpido, que tanto se opuso a la investigación abierta en ese procedimiento ante las denuncias Formuladas por los familiares de los desaparecidos, se vió obligado a aceptar la denuncia formulada por la asociación ANADIR en febrero de 2011, admitiendo entonces la certeza de lo que ya se había planteado previamente, la "red de compra-venta de recién nacidos", actividad delictiva que el fiscal general situaba en un periodo anterior de 50 años, dándole tarde y cínicamente la razón al Juez Garzón.
Lo más preocupante es cómo se justifica por el Tribunal Supremo, que los crímenes de la dictadura no son crímenes contra la Humanidad y vuelve a impedir, como ya lo hizo la Audiencia Nacional, que la competencia para esa investigación solo puede corresponder a ese
tribunal.
Pero ya ha habido análisis jurídicos rigurosos que descalifican dicha sentencia y declaraciones tan contundentes como la de esta magistrada de la Audiencia Nacional. Preguntada, "¿Por qué crees que hay tanta oposición a reconocer amparo a 30.000 niños secuestrados y a 152.000 personas asesinadas y enterradas indignamente? ¿Por qué se impone una ley del silencio?, contestaba: "Porque aun quedan asesinos vivos."
Además, sabemos que el Tribunal Supremo continúa impidiendo la declaración de nulidad de los juicios y sentencias de esos infratribunales que eran los Consejos de Guerra y el Tribunal de OrdenPúblico. Y, según datos oficiales fiables antes de que gobernara el Partido Popular, se habían contabilizados 2.311 fosas comunes, en una gran parte de las cuales aún yacen los restos de miles de desaparecidos. Esa realidad es la que justifica que hoy estemos aquí, exigiendo Justicia Universal frente a los crímenes del franquismo, que
fueron la máxima expresión de lo que algunos colectivos judiciales han calificado como Criminalidad de Estado.
Ante esta realidad, no hacemos más que exigir que se cumpla, pese a sus conocidas insuficiencias, la Ley de la Memoria Histórica y, sobre todo, que se cumplan las exigencias del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 que en la Conclusión 94 decía así: "El Gobierno español debería incitar a crear una comisión nacional para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo la dictadura franquista". Porque, según dicho organismo, “un inventario completo” de dichas violaciones “aún no ha sido terminado”. Evidentemente, sigue pendiente. Ante la escandalosa pasividad de los Gobiernos de la democracia y de los respectivos Fiscales Generales del Estado, la ciudadanía debe asumir ese compromiso y constituir esa Comisión estatal de la Verdad. Eso si, con una exigencia ineludible; que, como decía el Consejo de Europa, se garantice el "acceso a la totalidad de los archivos públicos y privados", y "abrir los archivos fascistas aún inaccesibles al público". Derecho ciudadano que está muy lejos de ser satisfecho como hemos podido constatar quienes hemos participado en una investigación de la Cátedra Extraordinaria "Memoria Histórica del Siglo XX" de la Universidad Complutense sobre la Brigada Político-Social. En dicha investigación se ha acreditado la enorme dificultad que aún persiste para acceder a determinados archivos que contienen documentación relevante para el conocimiento de la represión y en especial el Archivo General Militar de Ávila, en el que toda la documentación posterior a 1940 todavía está catalogada como “reservada” y pendiente de ser descatalogada por los sucesivos Gobiernos desde 1977. Lo que constituye un verdadero escándalo de ocultación y favorecimiento de la impunidad de los hechos criminales que resulten de los datos muy significativos que contienen esa documentación.
Por otra parte, es absolutamente indispensable que las tibias leyes sobre la Memoria Histórica que se han aprobado se cumplan. Bastan dos ejemplos. No consta ninguna iniciativa oficial para dar cumplimiento al Artículo 17 de dicha Ley, que obliga a “confeccionar un censo” sobre “Edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos”. Y ya sería hora de que el Ministro de Cultura cumpla de una vez lo que dice la Disposición Adicional Tercera de la Ley 24/2006 que proclamó dicho año como de la Memoria Histórica con motivo del 75 aniversario de la Segunda República. Esa disposición dice que aquel ministro vele "por la edición e incorporación a las bibliotecas de su competencia de libros y vídeos pedagógicos sobre la recuperación de la memoria histórica de la Segunda República, la represión de la dictadura franquista y la lucha por las libertades."¿Lo ha hecho algún ministro desde 2006? Es evidente que no, antes y después de lo que llaman crisis.
La Comisión de la Verdad, que debe constituirse de forma plural sin ningún tipo de exclusiones, debe reclamar al fiscal general de Estado que asuma sus funciones constitucionales y cree una Fiscalía especializada para garantizar la protección de dichas víctimas, cualesquiera que fuesen los derechos de que se vieron privadas. Si lo hiciera, contaría con el apoyo de la Comisión Cívica de la Verdad. De lo contrario, la Comisión tiene ante si una ardua y compleja tarea. Si el Gobierno y sus ministros no cumplen con los deberes que les imponen las leyes están en abierta oposición al ordenamiento democrático vigente y, en la medida que contribuyen a ocultar nuestro pasado totalitario, pueden calificarse de encubridores del mismo. Por todo ello, es indispensable que después de haber soportado y sufrido como ciudadanos demócratas la condena del juez Garzón, ahora, con la constitución de la Comisión de la Verdad, exijamos justicia y reparación y, sobre todo, verdad.
Porque nunca es tarde para saldar las cuentas de las injusticias del franquismo que siguen plenamente vigentes. Porque, entre otras muchas razones, como dijo Hilari Raguer, “no se pueden cerrar en falso heridas infectadas” (El País,11/7/2012).
Salud y adelante.
Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal Anticorrupción
