El pulso entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y diferentes Ayuntamientos en materia migratoria se mantiene desde hace meses y encuentra sus últimas novedades en los dos varapalos que ha recibido la región en esta semana. De un lado, el rechazo del Tribunal Supremo (TS) a la petición de la Autonomía para suspender doce actos administrativos de traslado de menores extranjeros no acompañados en Ceuta y Canarias, y de otro, la suspensión del cierre del centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón.

Respecto de lo primero, la Consejería de Asuntos Sociales, preguntada por ElPlural.com indicaban que “ya está cumpliendo con el reparto forzoso e impuesto que Sánchez pactó con los independentistas catalanes y vascos”. Un tono que da buena cuenta de la tensión existente entre las partes y que, lejos de aminorar con el paso del tiempo, no ha hecho sino aumentar.

En réplica, desde Moncloa celebraban la decisión del Alto Tribunal. El primero en hacerlo fue el delegado del Ejecutivo en la capital, Francisco Martín Aguirre, quien aplaudía “priorizar la dignidad y el bienestar de los menores migrantes que han vivido situaciones de vulnerabilidad extrema”. “La solidaridad y la Justicia son nuestra fortaleza”, escribía en X, antiguo Twitter.

En una línea similar se pronunciaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que consideraba como “positiva” la noticia, principalmente “para los niños” que, repetía, “son la prioridad”. “(Pero también) por humanidad, porque es de justicia y porque la ley que hemos logrado que sacar adelante con mucho esfuerzo, hay que cumplirla”.

Por su parte, fuentes de la Autonomía que lidera Isabel Díaz Ayuso añadían a lo anteriormente expuesto que “ya han atendido a 120 menores, algunos de ellos trasladados como paquetes en contra de su voluntad” y concretaba que “lo que ha rechazado el Tribunal Supremo son medidas cautelares sobre la iniciación de los expedientes de traslado”; que “los Reales Decretos para imponer el reparto forzoso continúan recurridos y en estudio por este tribunal y el Constitucional”.

Asimismo, indicaban que habían enviado un escrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para instarle a que acelere los trámites para que inicie la acogida de menores solicitantes de asilo”. “La Administración regional ha tenido que atender en el último año a 117 menores que han pedido protección internacional cuando es una competencia exclusiva estatal (…) No se ha hecho cargo de un solo menor solicitante de asilo, no dando cumplimiento al auto del Supremo del pasado 18 de diciembre”.

Este periódico se ha interesado asimismo por conocer en qué localidades o centros están llegando estos menores, pero la región no accede a facilitar el dato “por protección a los menores” en un contexto donde, cabe recordar, también la geografía -entendiendo como tal la localización en el sentido estricto de la materia- ha centrado la batalla judicial.

Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares

Aquí es inevitable detenerse en dos puntos: Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares. Ayuso emprendió su guerra contra el primero para proceder a su cierre. El espacio iba a echar el candado definitivo el 17 de enero, pero la Justicia avalaba en los últimos días las medidas cautelares del Ejecutivo Central para que no le eche el candado.

El Creade, como se llama el lugar, se encuentra en la Zona Sur del municipio, donde rige Patricia Peinado, hija del juez que conduce la investigación de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, y acogió a centenares de refugiados de Ucrania o Afganistán. Fuentes conocedoras de la situación expresan a ElPlural.com que el Creade tiene capacidad para que entren una docena de personas. Actualmente, contemplaría una ocupación de 70 plazas, todas ella correspondientes con niños ucranianos con protección temporal y varias mujeres afganas con sus hijos.

El otro punto caliente es Alcalá de Henares. La localidad complutense de Judith Piquet y la administración de la Puerta del Sol también reclamaron el cierre del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ubicados en el cuartel Primo de Rivera argumentando que no cumplía con los requisitos necesarios para atender a las personas que llegaban a este punto.

Este centro de acogida fue el mismo que sirvió a Ayuso como arma arrojadiza vinculando sin ninguna prueba a las personas que residían en él con reyertas, agresiones sexuales y brotes de sarna en Alcalá, algo que negó tanto el Ejecutivo central como la Policía.

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