¿Podría haber pasado en otros procesos judiciales? Según el PSOE no. Los socialistas denuncian severamente que sería "impensable" que cualquier otra acusación popular en cualquier otra causa hubiera podido estar casi dos años sin pagar la fianza necesaria para poder ejercer este derecho con el que los ciudadanos, asociaciones, sindicatos u otras entidades españolas, pueden participar en un proceso penal para perseguir un delito aunque no sea víctima ni esté directamente afectado por él. Así, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha recriminado que, durante 19 meses en los que no ha abonado la tasa, se haya permitido a Manos Limpias seguir involucrada en la investigación que el juez Peinado mantiene abierta en torno a Begoña Gómez.
De esta manera, Mínguez expone ha expuesto este como un nuevo ejemplo de la existencia de determinados agentes judiciales que tratan de hacer política desde los tribunales. "Ahí tenemos el tema del juez Peinado, que acaba de echar de la causa de la señora Gómez a la acusación de Manos limpias, que ha estado 19 meses sin pagar la fianza ¡19 meses!", advertía la dirigente socialista durante una entrevista en RNE, donde ironizaba con que "si hubiera sido al revés", el PSOE no hubiera podido estar "ni un mes" en esa situación.
A pesar de cargar contra aquellos que adulteran los procesos judiciales persiguiendo unos objetivos de carácter político, la socialista ha defendido el Estado de derecho y ha expresado su confianza en la justicia y en los "auténticos profesionales" que hay dentro de ella, si bien cree que "hay diferentes casos que producen" esa "descreencia" e "indignación" con algunas causas judiciales.
¿Cuál es la fianza de las acusaciones populares, por qué se paga y cuánto dinero ha tenido pendiente de abonar Manos Limpias?
Como se hacía mención al principio, en España, la figura de la acusación popular es un derecho que permite a cualquier ciudadano o colectivo involucrarse en un proceso penal para defender la legalidad, aunque no sea la víctima directa del delito. Si bien, esta posibilidad que se otorga podría derivar en usos poco favorezcan los procesos en los tribunales y que, precisamente, se utilicen para condicionar las causas. Por ello, buscando frenar ese empleo abusivo de esta herramienta, como podrían ser denuncias infundadas o actuaciones que generen costes innecesarios para la administración de justicia o para los investigados, la ley prevé que el juez pueda exigir una fianza. Así, esta no se trata de "precio” a cobrar por ejercer la acción popular, sino que se plantea como una garantía económica destinada a cubrir eventuales responsabilidades por mala fe procesal o para asegurar que la acusación actúa con diligencia y seriedad. Este hecho es lo que hace que su cuantía no está fijada por ley, sino que la determina el juez atendiendo a la capacidad económica del solicitante, la complejidad del caso y el riesgo de gastos procesales.
De ahí que la fianza que Peinado marcó para que Manos Limpias pudiera seguir ejerciendo la acusación popular en el caso relativo a Begoña Gómez no haya sido la única reclamada a lo largo de los años, sino que es una práctica habitual. Es por ello que haya resultado tan sorpresivo que el pseudosindicato continuara formando parte de este proceso judicial a pesar de no haber abonado esta tasa durante 19 meses.
Son numerosos los ejemplos distintos que pueden hallarse de tribunales que han establecido fianzas muy variadas. En el caso Campeón, el Tribunal Supremo fijó a la acusación popular una fianza de 6.000 euros. En el proceso por el 9-N, varias entidades tuvieron que depositar 3.000 euros para personarse. Por su parte, en otra caso IDEA de Andalucía, la Audiencia redujo la fianza del acusador popular a 12.000 euros, al considerar que una cifra mayor podría resultar desproporcionada.
Si bien, a las numerosas polémicas que ha despertado ya procedimiento abierto contra Begoña Gómez se ha sumado esta última relacionada con el llamativo retraso en el pago por parte de Manos Limpias. En esta investigación, el juez Peinado exigió al pseudosindicato una fianza de 10.000 euros para poder actuar como acusación popular. Al no justificar su depósito dentro del plazo fijado, el magistrado ha decidido en horas recientes expulsarlos del procedimiento. Este episodio ilustra el papel de la fianza como un mecanismo de control, ya que busca impedir que participe en los procesos penales a quien no actúa con rigor, obligando a acreditar un compromiso real con el proceso y contribuir a evitar actuaciones temerarias o instrumentalizadas.
