Con las relaciones diplomáticas con Argelia deterioradas, Bruselas apretando para reconducir la situación y la derecha española atacando de forma coordinada a Pedro Sánchez por su estrategia exterior, el Gobierno ha decidido conjurarse y remar de forma unida y sonora para capear el temporal y conseguir trasladar a la ciudadanía lo que, a su entender, es lo verdaderamente importante (incluso “histórico”, a ojos de fuentes socialistas consultadas por ElPlural.com): la excepción ibérica que permitirá a España y Portugal topar el precio del gas a 50 euros de media en 12 meses reduciendo entre un 15% y un 20% la factura eléctrica.

Con horas de diferencia, el Ejecutivo vio cómo este miércoles la agenda y el argumentario debían modularse en la sala de máquinas de La Moncloa por dos novedades de gran calado: la primera, el comunicado del gobierno argelino renunciando al tratado de amistad con España al considerar “injustificable” el giro de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental; un par de horas más tarde, y para alivio del presidente, la aprobación de la Comisión Europea de la excepción ibérica que España y Portugal defendieron y consiguieron el pasado mes de marzo en una reunión de nueve horas y media en Bruselas.

La orden fue clara: unidad. Esta vez, tal y como han reconocido fuentes de los ministerios morados en el Gobierno, los dos socios de coalición no batallarán por la cuestión del Sáhara Occidental. Todo el mundo conoce la opinión de Podemos sobre el cambio de postura decidido por Sánchez, pero es el momento de apretar en la agenda social, protegerse de las críticas de la derecha en plena campaña electoral andaluza y dar cierto respiro a las diferencias notorias que se experimentan a diario en Moncloa.

Una decisión que, paradójicamente, se produjo horas más tardes de que el propio presidente del Gobierno, forzado a comparecer en el Congreso para explicar en qué momento nos encontrábamos con Marruecos y Argelia, pidiera cohesión a sus socios en sede parlamentaria: “Nos iría mejor si no destacásemos tanto lo que nos separa”, vino a decir. Dicho y hecho. Habrá tregua, al menos de momento.

La cesión de Argelia

Este mismo viernes, cerca de las 20.00 horas, el Gobierno argelino hacía público un comunicado en el que cedía y reconducía, al menos parcialmente, las relaciones con España, garantizando el suministro de gas y descongelando las relaciones: "La Comisión Europea reaccionó sin consulta previa ni verificación alguna con el Gobierno argelino, a la suspensión por parte de Argelia de un tratado político bilateral con un socio europeo, en este caso España, sin asegurarse de que esta medida no afecta directamente a ninguno de los dos o indirectamente sus compromisos contenidos en el Acuerdo de Asociación Argelia-UE", ha indicado en un comunicado la embajada argelina ante las instituciones europeas.

La diplomacia del país magrebí ha negado que entre las decisiones adoptadas se encuentre frenar las transacciones corrientes con España y añade que "solo existe en la mente de quienes la reclaman y de quienes se han apresurado a estigmatizarla".

Con respecto al suministro de gas a España, la misión diplomática argelina insiste en que corresponde a las empresas comerciales "asumir todos sus compromisos contractuales".

“Tratan de desestabilizar”

Fuentes del Gobierno consultadas por este periódico lo tienen claro: la campaña de acoso y derribo, tratando de sembrar de dudas la gestión exterior de Pedro Sánchez y llegando a calificar de “entendible” la postura adoptada por Argelia, busca “desestabilizar” al Ejecutivo y silenciar la excepción ibérica arrancada por nuestro país en unas duras negociaciones mantenidas en el seno de la Unión. “Es una medida histórica”, se atreven a decir, comparando su consecución con la de los fondos europeos.

La derecha, en cambio, ha optado por la estrategia inversa: priorizar el conflicto diplomático con Argelia y no reconocer el mérito del Gobierno al provocar que Europa reconociera a la Península como una ‘isla energética’. Además, lo ha hecho en cuestión de minutos. Si bien Alberto Núñez Feijóo, en el foro Expansión, junto a lo más granado del empresariado español, decidía criticar a Pedro Sánchez porque la luz verde de la Comisión Europea al tope del gas se demoraba en exceso -lo hacía al mismo tiempo que se conocía su aprobación en Bruselas-, ahora el PP opta por hacer bandera de los problemas exteriores.

Ni siquiera la posición de Bruselas, totalmente alineada con los postulados del Gobierno, ha hecho frenar al equipo del nuevo presidente del PP: "Al final hay alguien que paga los platos rotos y esos platos rotos los está pagando la economía española y todos los españoles", ha enfatizado Cuca Gamarra, número dos del presidente del PP y portavoz en el Congreso de los Diputados.

Los socios advierten: "Es una triple crisis"

Los socios de investidura tampoco se han escondido. Su posición es clara y lleva siendo la misma desde que el Gobierno anunciase que reconocía el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, poniendo así fin a un problema que se extendía desde hacía 40 años y enfrentándose abiertamente con Argelia y el Frente Polisario.

“Las consecuencias del cambio de posición del PSOE sobre el Sahara no se han hecho esperar”, señalaban fuentes de EH Bildu a este periódico una vez conocida la noticia. “Han abandonado al pueblo saharaui a cambio de contentar a Marruecos y han provocado una triple crisis: con Argelia, con el Frente Polisario y con la mayoría de la investidura. Evidencia aún más la soledad del PSOE en el giro unilateral que adoptaron sin contar con absolutamente nadie para dejar de lado la posición histórica del Estado español en esta materia. Deben rectificar”, añadían.

“El giro del Gobierno respecto al Sáhara fue una mala decisión. Es algo que se corroborado después de la decisión de Argelia. Aquella decisión, no respaldada por el Congreso, fue un error, y el Gobierno debería rectificar inmediatamente. No podemos dar la espalda ni al pueblo saharaui ni a Argelia, que es un país importante a nivel estratégico”, sentenciaba, en declaraciones a ElPlural.com, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.