España repatriará a las esposas y viudas de cuatro yihadistas del Estado Islámico (ISIS) y a sus respectivos hijos. Se trata de un total de cuatro mujeres (Yolanda Martínez, Luna Fernández, Lubna Miludi y Loubna Fares) y 16 niños, siendo el mayor de ellos de 15 años y la menor, de 3 años, nacida en los campos de prisioneros en Siria, bajo control kurdo desde que Baguz, último reducto del califato proclamado por Al Bagdadi, fuera liberada en 2019.

Según informa el diario El País, las dos primeras mujeres están cautivas en el campo de prisioneros de Al Roj, lindando con Turquía, mientras que Lubna está en Al Hol, colindante con Irak. En estos centros permanecen retenidos infinidad de mujeres y niños de manera indefinida y exentos del más mínimo control judicial. Todas ellas son de nacionalidad española y han reclamado su regreso junto al de 13 menores que están a su cargo y que, a su vez, están identificados y localizados. En contraposición, la cuarta prisionera es de Marruecos, aunque viuda de un español. Actualmente se encuentra en paradero desconocido tras fugarse de Al Hol en febrero de 2020.

Varios ministerios, incluido el de Defensa, trabajan coordinados para acometer la repatriación de las viudas y de los menores, lo que supone una complicada operación. La esperanza del Ejecutivo pasa por que todos ellos lleguen a territorio nacional antes de final de año. Cuando aterricen, desfilarán por la Audiencia Nacional, que les vincula con la Brigada yihadista Al Andalus, a la que pertenecían sus maridos. De hecho, sobre ellas podría recaer la acusación de instalarse en un territorio extranjero controlado por una célula terrorista con el fin de colaborar con ella. El Código Penal castiga este tipo de delitos con penas de hasta cinco años de cárcel, aunque todas ellas aducen que fueron engañadas por sus maridos en 2014 cuando viajaron al Califato. Asimismo, niegan que hayan participado o combatido en acciones yihadistas.

Así las cosas, será el magistrado de turno el que decida si se les retira o no la custodia de los hijos. No obstante, sus abuelos, residentes en España, han reclamado que podrían hacerse caso de ellos, aunque los servicios sociales garantizarán el acceso de estos a atención sanitaria, educativa y psicológica tras aterrizar en el país, así como monitorizar el proceso de integración.

Hasta la fecha, Moncloa negó la mayor en materia de repatriación de sus ciudadanos. De hecho, en 2019, tanto Martínez, como Fernández y Miludi mostraron explícitamente su deseo de regresar. En declaraciones al citado medio, las viudas aseguraron que lo único que buscan es “salir de aquí”. “No nos pueden condenar por cuidar de la casa y de nuestros hijos en el Estado Islámico”, defienden. La primera de ellas se preguntaba por qué mandarían a prisión a una mujer “que ha sufrido tanto y ha estado en casa con sus hijos”. “No he hecho nada”, apostilla.

Tras la caída del Califato, en torno a unos 65.000 familiares cercanos de yihadistas fueron internados en campos de prisioneros, siendo mujeres y niños el grueso de ellos (un 95% aproximadamente). En ese momento, muchos gobiernos reflexionaron sobre la idea de repatriarlos, aunque la gran mayoría lo evitó en tanto en cuanto existía el temor a una posible radicalización y diseminaran el yihadismo por sus países de origen. España se adhirió a ese criterio desde el Ministerio del Interior, imponiendo su decisión sobre el que por entonces ostentaba la cartera de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que se abría a traerlos de vuelta.