El acuerdo programático suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es una victoria de la democracia. La soberanía popular había hablado dos veces y no tenía por qué hacerlo por tercera vez. Y para que Sánchez sea investido presidente del Gobierno, no le faltará la necesaria abstención de Esquerra Republicana, exultante ante el futuro inmediato que aguarda a su presidente, Oriol Junqueras.

El futuro gobierno de coalición ha asumido el compromiso de plasmar en el Parlamento las iniciativas que tengan como prioridad la batalla contra la desigualdad. La creación de empleo de calidad, la lucha en favor del cambio climático, la justicia fiscal y el refuerzo de las políticas feministas, conformarán la diana de sus propuestas.

Pero los apoyos imprescindibles de otras minorías parlamentarias harán de la negociación y el pacto una ceremonia cotidiana. Tarea complicada, como reconoció ayer Sánchez, en la que el diálogo entre diferentes para la cohesión territorial estará muy presente. Un reto ambicioso que facilitaría el progreso del país.

La derechona podría hacer política de Estado, respaldando iniciativas legislativas necesarias para el bien común. Pero no será fácil. Ha ensayado hasta la saciedad políticas de bloqueo, con la esperanza poco justificada de acceder esta vez a la Moncloa. Ahora  no podrá reproducir la grave regresión de las  políticas sociales que lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La Abogacía del Estado se ha pronunciado finalmente. Su conclusión ha sido que el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, debe ejercer su posible función representativa mientras mantenga su estatus de eurodiputado. Esquerra ha quedado conforme con la postura de la Abogacía del Estado sobre esa decisión que adoptaron los jueces del Tribunal Superior de Justicia Europeo.

 Una decisión técnico jurídica  que se esperaba fuera hecha pública ayer lunes, y que ha servido para encauzar la protesta de la derechona, muy irritada ante la discreción de quienes estaban negociando.

Ahora tendrán que optar, al menos PP y Ciudadanos, para que la nueva situación se formalice o seguir haciendo de mosca cojonera, esta vez de manera oficial y sin gastar pólvora en salvas, contra las causas que les podrían restar votos. De momento, Pablo Casado, tiene entre sus intenciones inmediatas -investidura mediante-  forzar a que los barones socialistas en apariencia descontentos con la situación, se pronuncien en el Senado, la Cámara territorial, sobre su acuerdo o no con las medidas que el Gobierno vaya adoptando. Es decir, intentarán sembrar inquina entre las filas del enemigo.

La ultraderecha de Vox que se relame complacida por su aumento en votos y escaños, seguirá, sin duda lanzando  dardos envenenados contra un Gobierno de coalición de talante progresista, cualidad que le convierte en objetivo claro de las ideologías más casposas.

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com

@enricsopena