El Gobierno logra la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible tras un acuerdo in extremis con Podemos

En la tarde de este miércoles el Gobierno ha sellado un acuerdo con Podemos y da de esta manera luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados. La norma ha salido adelante después de que Podemos haya otorgado su abstención pese a que tachan la ley de “insuficiente e inútil” y ponen sobre la mesa la exigencia de que no haya ampliación del aeropuerto del Prat, en Barcelona.

Con ello, de manera simultánea a la aprobación del embargo de armas a Israel con el voto a favor de la formación morada, la Cámara Baja ha sacado adelante la Ley de Movilidad Sostenible que ha encontrado notables reticencias por parte de Podemos. El portavoz de la formación, Javier Sánchez Serna, se ha mostrado especialmente crítico con la ley, que ha calificado de “insuficiente e inútil”. “Para que no tumbemos una ley insuficiente e inútil, les exigimos el compromiso claro y por escrito de que no habrá ampliación de El Prat”, ha señalado el portavoz de los morados. Asimismo, ha añadido que la norma es una “oportunidad perdida para tomar medidas concretas que avancen hacia la descarbonización” o para que “se regulen las zonas de bajas emisiones”.

En referencia a El Prat, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha emitido un comunicado en el que muestra su compromiso para que en el proceso se fije una vía específica para que el proyecto se evalúe con carácter vinculante sobre su grado de ajuste en emisiones de gases invernadero a los objetivos de descarbonización que determina el FITFOR55, así como las disposiciones recogidas en esta norma para el transporte en general y el transporte aéreo en particular. Al hilo de ello, desde la cartera que dirige Puente se ha acordado someter el proyecto a un proceso “especialmente intenso” de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales con el fin de favorecer la participación y la transparencia. 

En esta misma línea, el Gobierno excluye así la ampliación de El Prat del plan DORA III, lo que, tal y como sostienen desde la formación morada, supone que se paralizarán las obras hasta 2031. “De acuerdo con las previsiones temporales y las disposiciones legales de elaboración de los documentos de regulación aeroportuaria y por todas las razones expuestas, la ejecución material de la ampliación no se realizará en el DORA III, salvo las actuaciones de naturaleza ambiental o de naturalización”, reza el texto del Ejecutivo.

Asimismo, el Plan Director encargado de elaborar la ampliación del aeropuerto se someterá a una Evaluación Ambiental Estratégica para analizar si se han tenido en cuenta todas las consideraciones ambientales que permitirán conciliar adecuadamente el desarrollo de la infraestructura con la protección y conservación del medioambiente. Además, añaden que la ampliación del Prat tendrá que contar con la conformidad de la Comisión Europea al afectar a un espacio que forma parte de la Red Natura.

La ley estrecha el cerco sobre los vuelos cortos

Con esta norma aprobada en el Congreso, se inicia el camino hacia los objetivos de descarbonización de la red de transporte, así como llegar a la neutralidad climática en 2050. Para conseguir todo ello, la norma insta a las administraciones a desarrollar planes que impulsen el transporte público colectivo, con servicios de movilidad compartida, colaborativa o a demanda, así como la aceleración del incremento de infraestructura pública de recarga. Asimismo, se actualizan también las etiquetas medioambientales de los coches.

En un orden similar de las cosas, la ley recoge también la reducción de vuelos domésticos, para lo que insta a la cartera de Transportes a desarrollar un estudio que que examine la posibilidad de la “racionalización de los vuelos cortos” cuando haya una alternativa ferroviaria con una duración inferior a las dos horas y media, a excepción de aquellos casos en los que haya aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. “El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estudiará desde un punto de vista técnico, si la racionalización del uso de los vuelos cortos [...], siempre dentro del marco normativo europeo, podría ser una medida que, de una forma efectiva, permita reducir las emisiones del modo aéreo, analizando, asimismo, otros posibles impactos de la medida”, sostienen en el escrito. “En el marco de este estudio, se hará una propuesta de regulación de los vuelos [...], teniendo en cuenta los posibles efectos en varios ámbitos, como la conectividad regional, los impactos a nivel económico y social como es el caso del impacto en las subvenciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares o la propia capacidad de sector para descarbonizarse”, añaden.

Al margen de todo ello, lo cierto es que en la norma no se recoge el pago por uso de las autovías y permite, aunque no obliga, poner peajes en zonas urbanas. De igual manera, exige a las empresas que tengan 200 personas en un centro de trabajo o entre 100 y 240 en diferentes turnos a que elaboren planes propios de movilidad.