Pedro Sánchez ha acelerado el proceso de negociación del próximo paquete anticrisis por las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. El sábado, en Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno aprobará un nuevo marco de normas y ayudas sociales con las que paliar la desmedida inflación que afecta a los españoles. Un fuerte desembolso público que llegará menos de una semana después del mazazo electoral sufrido por la izquierda en Andalucía. Aún en negociaciones, ya que los dos socios de coalición discuten algunos puntos como imponer un impuesto extra a las eléctricas, la hoja de ruta es clara: la única forma de darle la vuelta a la situación es seguir apostando por políticas de izquierdas e impulsar la agenda social del pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Ofrecer garantías y transmitir seguridad, especialmente para los colectivos más vulnerables.

Preocupa especialmente en el seno del Ejecutivo la sensación de que la cantidad de medidas aprobadas desde que arrancase la legislatura no están siendo capitalizadas a nivel electoral. Nunca se había hecho tanto ni se había gastado tanto, explican entre bambalinas. Sin embargo, frente a las urnas, el mensaje se disipa, se nubla. La máxima de que aquello que no se vende no existe empieza a cristalizar en el Consejo de Ministros, y, pese a que por el momento, al menos de cara al exterior, se sigue transmitiendo calma, nadie esconde que es el momento de redoblar esfuerzos para que la agenda social conecte con los votantes.

El decreto anticrisis, que más que una prórroga de la normativa existente será una renovación, sigue siendo debatida en Moncloa. Los ministros pelean cada uno de los puntos desde el lunes, y la fecha límite ha sido puesta directamente por el presidente: el sábado. Será este fin de semana y no antes porque Sánchez quería encabezar directamente la reunión y la agenda europea le impediría hacerlo jueves o viernes.

La encargada de confirmar la celebración del consejo de ministros extraordinario ha sido la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez: “Esta semana no será el último Consejo de Ministros que celebraremos. El sábado se volverá a reunir de forma extraordinaria este sábado para aprobar un nuevo Real Decreto de medidas anticrisis por los efectos de la guerra de Putin en Ucrania”. Sobre la necesidad de su aprobación, Rodríguez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han sido las encargadas de explicar, grosso modo, las líneas argumentales básicas del Gobierno: “Tenemos tres objetivos: atender a las personas más vulnerables, a los sectores más afectados y dirigirnos a una mayoría social que ve cómo esta guerra afecta a sus economías”, ha indicado la portavoz. “Estamos planteando medidas para paliar el impacto de la inflación en la vida de las familias”, ha remachado la ministra de Unidas Podemos.

Diferencias en la negociación

El alcance del plan anticrisis continúa siendo una incógnita. Desde este lunes los ministros intercambian opiniones, pendientes de cuál es el momento idóneo para impulsar según qué propósitos: el impuesto a las eléctricas planteado por el sector morado de la coalición es el tema que más fricciones genera. Yolanda Díaz hizo público este lunes, a través de un hilo en su perfil de Twitter, cuáles serían las propuestas de Unidas Podemos en las negociaciones para el plan anticrisis. En el mismo, se hablaba de un cheque de 300 euros para las familias más expuestas por la inflación, una reducción del abono de transporte público al 50%, un mecanismo que permita graduar la bonificación al precio de la gasolina y del gasóleo no profesional y una “contribución extra” del impuesto de sociedades para las grandes eléctricas: “Proponemos incrementar 10 puntos el tipo de sociedades para recaudar entre 1.500M y 2.000 M€”.

Es esta “contribución extra” de la que habla Díaz la que está generando fricciones en el Gobierno. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado contrariada al apreciar que sus socios de coalición están aireando de una forma tan clara los pormenores de las negociaciones: ““La fiscalidad es una cuestión que no siempre se puede regular a través de decretos ley, tampoco a través de los proyectos de Presupuestos. Por tanto, dependiendo de cuál es el camino final que elijamos, podremos utilizar o no ese vehículo”, ha señalado de forma cautelosa Montero.

Preguntadas al respecto por este “malestar” que se ha conocido públicamente, Díaz y Rodríguez han quitado peso a las diferencias: “He hecho públicas nuestras posiciones en un hilo de Twitter. No hay nada nuevo que lo que ya presentamos en su momento al PSOE. Todo el mundo conoce las diferencias que tenemos la señora Montero y yo. Es algo público, siempre en buen tono”, ha indicado Díaz, calificando de “coherentes y conocidas” sus propuestas. “El Gobierno está ocupado de la acción, de la estabilidad y la gobernabilidad. El afán del Gobierno es dar una respuesta clara, creciéndonos frente a la adversidad y estando en plena forma. Nuestros acuerdos se dirigen a todo el mundo, gobiernen socialistas o dirigentes del PP”, ha sentenciado Rodríguez.

Rentabilizar las medidas

Menos de 48 horas después del jarro de agua fría que Juanma Moreno Bonilla dio a la izquierda en Andalucía, menos de 48 horas después de perder unas nuevas elecciones, enfangados en la inoperancia y la división, la pregunta que se hacen los periodistas es clara: ¿por qué no rentabiliza el Gobierno a nivel electoral su agenda de políticas sociales? La respuesta, diferente en función del cuestionado: “No estamos centrados en ninguna cita electoral. Lo que nos ocupa es dar una respuesta adecuada al momento en que vivimos, con especial relevancia a las consecuencias económicas de la guerra que tenemos a las puertas de Europa”, ha empezado señalando la portavoz del Ejecutivo, que se sacudía así estos interrogantes y demostraba una actitud de no querer hablar de los comicios en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

“Este país, que lleva ya una tradición importante de democracia, debe respetar la voluntad de la ciudadanía en las urnas. En esta ocasión, los votantes se han movilizado por la cita autonómica y en la constitución de ese Gobierno. En esa valoración, a este Gobierno se le valorará a finales del próximo año en una convocatoria ordinaria de elecciones generales”, proseguía Rodríguez, insistiendo así en el mensaje de que los resultados autonómicos no son “extrapolables”. “El Gobierno no se ha presentado a unas elecciones. Era una cita autonómica. Nuestros datos los rentabilizan los hombres y mujeres que han accedido a un empleo, han incrementado su salario y han mejorado sus condiciones acabando con la temporalidad”, añadía.

El tono de Díaz, en cambio, era mucho más ofensivo. Pese a indicar en varias ocasiones que la rueda de prensa del Consejo de Ministros no era el lugar idóneo para hacer una valoración, la vicepresidente no se ha cortado al calificar los resultados como “una decepción”: “Siento tristeza porque las políticas de la derecha, más allá de lo discursivo, carecen de contenido. Si hoy gobernase Feijóo, no revalorizaría las pensiones conforme al IPC y retrocederíamos en derechos. Volveríamos a las imágenes de pensionistas manifestándose en las calles. Ya conocemos que propiciarán recortes en los servicios de la educación de nuestros hijos, la sanidad y otros servicios públicos. Además, no seguirían subiendo el SMI. Siento tristeza porque soy una mujer progresista”.

“El Gobierno reflexiona siempre. Acabaremos la legislatura y lo mejor está por delante. Seguiremos mejorando la vida de los españoles. No solo reflexionamos, sino que actuamos. La mala noticia para las derechas de los españoles es que seguiremos legislando. Sería bueno que en alguna medida buena para nuestro país nos apoyasen votando a favor”, sentenciaba la titular de Trabajo.