Con motivo de la dimisión del DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, tras conocerse este martes la denuncia de una subordinada por presunta agresión sexual, el escenario político ha vuelto a ser epicentro de la cuestión. Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que “desconocía” los hechos pero que, si la víctima alega desprotección, presentará su dimisión, el Partido Popular ha venido exigiendo su cese desde el primer momento.
No obstante, la postura adoptada en este caso por Génova choca frontalmente con la esgrimida con otros episodios de similar índole que han afectado a la formación de Alberto Núñez Feijóo en los últimos tiempos. Desde el reciente caso de Móstoles, pasando por Algeciras o Estepona, el PP tiene en frente una serie de casos de presunto acoso y abuso sexual que cabe la pena recordar con motivo de la posición que adoptan desde este martes al conocerse el caso del ‘número 2’ de la Policía Nacional, ya dimitido.
De Móstoles a Algeciras, pasando por otros casos del PP
El episodio más acuciante y de plena actualidad se remite al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, aún en el cargo. Pese a contar con el respaldo del PP de Isabel Díaz Ayuso y la connivencia de Génova, la presunta víctima puso en conocimiento de los hechos a la cúpula de los populares madrileños antes de trascender públicamente el caso, denunciando que estaba sufriendo acoso sexual y laboral por parte del edil.
Los cargos de confianza de Ayuso en el PP, Alfonso Serrano y Ana Millán, se reunieron con la afectada y le instaron a no acudir a los tribunales pero, al conocerse mediáticamente el caso, el ‘número 2’ de la lideresa madrileña salió al paso para acusar a la presunta víctima de actuar con “mala fe” y “prefabricar pruebas”. Por el momento, el alcalde de Móstoles continúa al frente del Ayuntamiento, mientras que la exconcejala se ha querellado contra él y ha presentado otra denuncia contra la Comunidad de Madrid por haber difundido correos privados sobre estas reuniones.
En segundo lugar, el foco se sitúa sobre José Ignacio Landaluce, alcalde del PP en Algeciras (Cádiz) quien, a pesar de ser apartado como senador y se suspendiese temporalmente su militancia en el partido, mantiene su puesto en el Ayuntamiento pese a las acusaciones de presunta malversación y acoso o abuso sexual a tres concejalas.
La denuncia se centró en pantallazos de mensajes de WhatsApp que circulaban desde hacía más de un año y que fueron certificados ante notario. En ellos, las concejalas aludían a tocamientos no consentidos y conductas que podrían considerarse acoso sexual. Además, la denuncia señaló que las ediles fueron contratadas o designadas para puestos de confianza, listas electorales o una empresa privada que gestiona una residencia concertada, supuestamente a cambio de su silencio.
Más atrás en el tiempo, entre mediados de diciembre y principios de enero el foco se situó en Extremadura. Coincidiendo con las elecciones autonómicas adelantadas, dos cargos del PP estuvieron señalados por machismo y acoso sexual. Por un lado, Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral de la Mata, fue señalado en denuncias de una concejala de su equipo por “trato machista” y “abuso de poder” en abril de 2025, según publicó entonces elDiario.es. La afectada remitió un correo a la presidenta en funciones, María Guardiola, el 1 de diciembre con esta cuestión, pero el PP extremeño silenció el caso bajo argumentos de “aguanta” y “tomaremos medidas”. Finalmente, la presunta víctima dejó el equipo del PP en la localidad extremeña.
Por otro lado, destacó a su vez Manuel Naharro, nombrado nuevo presidente de la Asamblea extremeña, pero cargo que fue denunciado por acoso sexual. La elección del también presidente del PP en Badajoz para las listas electorales ya generó polémica, pero, con este último nombramiento, ésta se acrecentó. En 2024, Naharro ofreció a un exmilitante del partido un puesto de chófer a cambio de relaciones sexuales: “Si te interesa, envíame el currículum antes. ¿Quiere echar un polvo o no? (…) Lo que oyes, tú pones el precio. (…) Nada, si no quieres nada. Pero es un buen negocio”, reiteró a través de un intercambio de mensajes, a lo que el afectado se negó.
De vuelta a la Comunidad de Madrid, por el caso de los presuntos abusos sexuales por parte de un excuidador del colegio Alborada de Alcalá de Henares a menores de entre tres y seis años, el PP también se vio salpicado en clave política no sólo por la gestión concertada de la Comunidad de Madrid sobre este centro con vínculos con el Opus Dei, sino porque su subdirector es el alcalde de Anchuelo.
Retrocediendo la hemeroteca hasta diciembre, también resalta el caso del alcalde de Jérica, en Castellón, Jorge Peiró, imputado por dos presuntos delitos de agresiones sexuales a dos menores de edad, a quien el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Segorbe le impuso orden de alejamiento. El PP, cuando trascendió el caso, le suspendió “inmediatamente” la militancia y su cargo de asesor en la Diputación Provincial de Castellón.
Por último, que no menos importante en esta lista de episodios, lo cierra el alcalde del PP de Estepona, José María García Urbano, denunciado por presunta agresión sexual en investigación judicial a la mujer del policía local a quien contrató como asesora con fondos públicos, segunda causa por la que fue acusado de malversación. Entonces, a principios de diciembre, el edil defendió que la denuncia era “falsa y sin fundamento”.
Con este telón de fondo de denuncias por presunto acoso y abuso sexual de distintos cargos del PP en diferentes puntos del país, no obstante, Feijóo y el conjunto del PP han salido este miércoles a exigir la dimisión del ministro Marlaska por la denuncia contra el ex DAO de la Policía Nacional por las mismas causas. “Lo sabían, lo taparon y le protegieron”, ha subrayado el líder del PP, pese a que el abogado de la denunciante ha precisado que no informaron a Interior hasta este martes.