Una trabajadora del Ayuntamiento de Móstoles ha presentado su dimisión después de la denuncia interpuesta por una ya exconcejala por presunto abuso sexual y laboral. Se trata de la coordinadora de Digitalización, Nuevas Tecnologías y Archivo, cargo de confianza de la denunciante.

La operaria asegura haber tomado la decisión por “coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público” y apunta a la “veracidad” de lo relatado por su compañera. En la carta de renuncia, a la que ha tenido acceso la Cadena Ser, añade que se trata de una renuncia “por valores” y “honestidad”. “Hay decisiones que no se toman desde la comodidad, sino desde la honestidad. Y aunque no ha sido fácil, sí ha sido necesaria”, sostiene.

En el mismo escrito señala que su nombramiento se encontraba “directamente vinculado a la relación de confianza con al concejala de área” y que presenta la renuncia en estos momentos por una mera razón “coherencia institucional, responsabilidad personal y respeto por los principios que deben regir el ejercicio de los puestos de confianza”.

Asimismo, dicta que las acusaciones de acoso se hicieran públicas después de la dimisión de la exedil, que dejó el cargo y se dio de baja como afiliada del Partido Popular en octubre de 2024 ante el constante e intenso malestar sostenido que se había visto obligado a aguantar durante meses, lo mismo que la desprotección que sentía por parte de su formación ‘popular’.

La coordinadora también defiende que su decisión se encuentra vinculada a un “compromiso con la veracidad” y la obligatoriedad de “no interferir en el normal funcionamiento de la organización administrativa ni en el desarrollo del trabajo de los equipos técnicos y funcionarios con los que ha venido colaborando”.

La persona que ha dimitido en las últimas horas se incorporó a su puesto de trabajo junto a la exedil en 2023, después de las elecciones municipales que aupó a Juan Bautista a lo más alto de la ciudad.

Denuncia contra el regidor

La presunta víctima ha denunciado este martes a Bautista por presunto acoso sexual y laboral. El caso ha puesto en el punto de mira a dirigentes del PP de Madrid, como Alfonso Serrano, número 2; o Ana Millán, número 3.

Desde que salieran a la luz los hechos, el equipo de Ayuso no ha intentado sino desprestigiar a la antigua concejala y proteger al presunto abusador.  A pesar de la campaña que está sufriendo, la exconcejala se ha querellado contra el edil, y se ha querellado además contra la presidenta madrileña.

Lo ha hecho en aplicación al artículo 184.5 y 31bis del Código Penal. Ahora, la presunta víctima entra en un “procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima”.

A través de un comunicado, el abogado acentúa que la “omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del PP han obligado a nuestra representante a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente”.

“El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización. La ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones, según tipifica nuestro código penal”, ha emplazado.