El nuevo sistema de financiación autonómica impulsado desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero ha sido denostado a los cuatro vientos por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Tanto es así que el líder del PP ha prometido su derogación si llegan al poder para sustituirlo por otro que cumpla con el gusto de los 'populares', aunque sin dar mayores detalles sobre cómo lo harían y cómo satisfacerían los deseos de las autonomías que gobiernan. No obstante, el argumentario de los 'populares' al respecto ya cuenta con una clara contradicción: el rechazo que plantean al sistema de financiación es firme, pero asumen que algunos de los barones autonómicos podrían acogerse a ella si se aprueba y les beneficia. Discordancias internas por intereses particulares que, a día de hoy, no tienen demasiada solución.
Tras el acuerdo con los socios de investidura, más concretamente con Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Popular ha prometido que derogará la futura ley y la sustituirá por una nueva menos de un año después de que Feijóo tocase las moquetas del Palacio de La Moncloa. Promesas que, no obstante, por ahora no están materializadas ni en un esquema alternativo, ni en un texto consumado, ni sin la seguridad de poder aunar las demandas de sus autonomías. Los 'populares' parten del claro deseo de remar en contra de la propuesta de financiación de Montero, pero no niegan el reto de responder a todas las necesidades, y asumen, abiertamente, que no pueden garantizar que sus barones no se acojan voluntariamente al planteamiento de la ministra de Hacienda si este llega al BOE y resulta beneficioso para las arcas de sus regiones.
Reuniones y comicios a la vista
Queda menos de un mes para que se celebren las elecciones de Aragón, fechadas para el 8 de febrero. En medio de la precampaña de las mismas, Feijóo reunirá el próximo domingo a sus barones en una extraordinaria en Zaragoza para escenificar un frente común y elaborar el discurso conjunto para confrontar en materia de financiación. En septiembre de 2024, el líder del PP ya celebró un acto del mismo calado en la capital, en el Palacio de los Duques de Pastrana, con una foto de familia del jefe de la oposición junto con sus presidentes autonómicos.
De aquel encuentro salió el documento España somos todos, que hicieron llegar a María Jesús Montero y que afeaba la "bilateralidad tramposa" del Gobierno con Cataluña, en un contexto en el que el pacto del PSC y Esquerra para investir a Salvador Illa estaba muy reciente. El texto del PP también abogaba por la creación de un fondo con más dinero hasta que se redactase una nueva financiación y recogía varios puntos centrados en la toma de decisiones económicas en foros multilaterales, en contraposición de lo que ellos consideraban el "egoísta pacto catalán".
La nueva propuesta de Hacienda supondría un total de 21.000 millones adicionales para todas las comunidades con las transferencias de impuestos, y en ella, Cataluña sigue en el régimen común y se colocará entre las más beneficiadas. Entre las regiones mejor paradas por el acuerdo se encuentran Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, bajo gobiernos del PP y que les haría reducir la brecha en la financiación per cápita a la mitad, de los 1.500 euros actuales a 700 euros. Fuentes de Génova mantienen que el documento que saldrá del próximo cónclave estará marcado por un carácter genérico para actualizar los planteamientos del predecesor de 2024, en el que se defendió la "igualdad" de todas las comunidades, aunque sin elaborar cálculo numérico alguno porque, según expresan, sólo el Gobierno tiene a su disposición los datos económicos reales para diseñar las cuentas.
Demandas diferentes en cada territorio
Por otro lado, en Génova claudican ante la realidad de la dificultad para diseñar un sistema que escuche y atienda las demandas de todas las regiones, que son distintas en función de cada comunidad, y ante la más que clara posibilidad de que, como se ha mencionado anteriormente, algunos barones del PP se adhieran a la propuesta de Montero. "Será un modelo basado en que todos ganen mucho y todos pierdan algo", sintetizan, con brocha muy gorda, las fuentes 'populares' al respecto de cómo sería su propuesta alternativa.
Por su parte, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno intenta presionar al PP recordando, desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que la acogida al sistema de financiación no es una imposición, sino que es voluntaria. Eso sí, siempre y cuando reciba el visto bueno del Congreso, desenlace complicado a vista de la aritmética parlamentaria actual. Hacienda contempla su aprobación, como tarde, a finales de 2026.
Así las cosas, si el modelo de Montero recibe finalmente la luz verde del Hemiciclo y pasa a engrosar el Boletín Oficial del Estado, los barones, socialistas y 'populares' por igual, tendrán que decidir si se mantienen en el modelo actual o meterse en el nuevo. El PP es consciente de que no puede prometer que sus barones no se pasarán al de Montero, especialmente si éste les beneficia. Este miércoles, los consejeros de Hacienda del PP fueron preguntados sobre este asunto, pero respondieron de manera evasiva para salir del paso. No obstante, más allá de las encrucijadas que puedan surgir, desde Génova priorizan que aún no puede aprobarse y que es improbable que lo haga: "De momento el foco está en que no se puede aprobar".
