Desde que Pedro Sánchez aterrizara en la Moncloa la figura del dictador Francisco Franco ha copado buena parte de su interés. Una de sus primeras decisiones fue sacar sus restos del Valle de los Caídos, aunque la exhumación no se producirá en esta Legislatura. Pero el Gobierno socialista no solo ha puesto en su diana al dictador, sino también a la Fundación que lo ensalza.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró en una entrevista en La Razón que se han “planteado” la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) porque “es una fundación de exaltación de la dictadura” y “va en contra de los valores democráticas”.
Esta es la primera vez que un Ejecutivo se abre a la ilegalización de la Fundación. Desde Izquierda Unida tiempo ha que lo exigen y han utilizado frentes distintos para conseguir su prohibición.
Vía secretos oficiales
IU ha intentado conseguir la ilegalización de la FNFF denunciando que incumple la Ley de Secretos Oficiales.
Desde ElPlural.com desvelamos que la Fundación Nacional Francisco Franco violaba Ley de Secretos Oficiales al tener en su archivo documentación clasificada, algunos bajo el calificativo de “secreto” e incluso “alto secreto”. Izquierda Unida registró una pregunta en el Congreso para saber si la FNFF poseía información sensible, y desde este periódico pudimos confirmarlo mediante pruebas documentales y materiales.
Tras la noticia, el Ejecutivo, entonces comandado por Mariano Rajoy, a instancias de la Fiscalía, admitió que la FNFF tiene en su haber documentación clasificada y anunció la adopción de medidas. “Analizados por los técnicos facultativos los contenidos documentales de las copias recibidas, se adoptaron las medidas oportunas encaminadas a retirar de la consulta pública todos aquellos materiales que se consideren afectados por la normativa de secretos oficiales”, asegura el Gobierno.
En primera instancia, la secretaria de Estado de Cultura remitió un escrito a la Fundación Nacional Francisco Franco para que “retire del posible acceso público la mencionada documentación” y que ponga la “oportuna información” en manos de “los organismos competentes a los efectos de la protección de la información de los documentos mencionados”.
En aquella ocasión Esther López Barceló, responsable de Memoria Democrática de IU, señaló en declaraciones a ElPlural.com que “nos parece gravísimo que una fundación fascista tenga documentos clasificados”. Afirmó que “desde Izquierda Unida defendemos que esos documentos deben ser públicos. Es una vergüenza que investigadores o periodistas tengan que dar sus datos a una fundación fascista para poder consultarlos. Pero exigimos al PP que cumpla su Ley. Nosotros queremos cambiarla, pero ya que la defienden, al menos sean coherentes y que reclamen los documentos a la Fundación”, y añade que “estamos en contra de la Ley de Secretos Oficiales porque es una ley franquista, pero nosotros no somos quienes mantenemos su vigencia, sino el propio Gobierno”.
Asimismo, subrayó que era lamentable que no se ilegalizara la Fundación franquista simplemente por ensalzar al dictador. Ahora, el Gobierno abre la puerta a esta posibilidad.
