La Fundación Francisco Franco (FNFF) está violando la Ley de Secretos Oficiales al tener en su archivo documentación clasificada, lo cual supondría un delito, ya que, según la normativa vigente, en caso de ostentar documentación calificada como 'Secreto' se debe poner en conocimiento de las autoridades y entregar los documentos.

El pasado diciembre Izquierda Unida presentó una batería de medidas contra la Fundación, a la que acusaban de tener documentación secreta. En este sentido, ELPLURAL.COM ha tenido acceso a documentos que confirman que la FNFF tiene documentación clasificada en su archivo documental.

Moncloa mira hacia otro lado: "No hacemos comentarios"

Bajo el mandato de José María Aznar, la Fundación Franco recibió subvenciones para digitalizar su archivo y entregar una copia al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Entre semejante pila de papales, se incluía información sensible. Documentos clasificados a los que este diario ha tenido acceso. Informes de agentes secretos, órdenes de batalla, registros de tanques y artillería, tácticas bélicas y otros documentos con el sello de “MUY SECRETO”.

FNFF escurre el bulto y Moncloa mira hacia otro lado

Desde la Fundación aseguran a ELPLURAL.COM que son muchos los archivos que tienen en su haber, que no conocen todos y que, en todo caso, "nadie nos ha planteado esta cuestión". No obstante, “estamos abiertos” a cualquier solución. Eso sí, el portavoz, Francisco Torres, ha querido destacar que "si no ponen [el Gobierno y concretamente el Ministerio de Educación] ningún tipo de reparo, no lo vamos a poner nosotros". Por su parte, Moncloa, hace oídos sordos y zanja el asunto con un “no hacemos comentarios”.

Esther López Barceló, responsable de Memoria Democrática de IU, ha señalado en declaraciones a ELPLURAL.COM que “vamos a hacer un seguimiento de este tema. Nos parece gravísimo que una fundación que no solo va contra la propia ley de fundaciones al promover valores antidemocráticos, sino que además podrían haber sido subvencionados con fondos públicos para facilitar una documentación que en gran parte no sabemos su origen y que en su gran mayoría, se trata de documentos secretos, pudiendo estar a disposición de cualquier persona sin ningún tipo de protección y custodia, tal y como establece que debe ser custodiado el patrimonio”.

“Debería regularizar su situación mediante la devolución de la documentación a su propietario u originador"

"Debería regularizar su situación": sanciones de hasta cuatro años de cárcel

Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para consultar el modo de proceder y el protocolo que se debe activar en caso de que alguna institución contara en su haber con documentación clasificada. Desde el Ministerio nos han remitido a Vicepresidencia, que es de quien depende el CNI y por tanto la información clasificada, quienes señalan que cualquier institución que ostente información de este calibre “debería regularizar su situación mediante la devolución de la documentación a su propietario u originador o, en su defecto, al Ministerio desde el que se originó. En caso de no ser capaz de definir las figuras anteriores, debería ponerse en contacto con la Oficina Nacional de Seguridad”, aseguran.

Asimismo, señalan que “la sanción irá ligada a la forma y manera en que se haya obtenido dicha información”, oscilando entre casos en los que no hubiera sanción hasta cuatro años de prisión. Y añaden que “el problema es que no existe un catálogo de sanciones al igual que el establecido para las violaciones de los datos de carácter personal”.

Un tiro por la culata para el PP

La legislación vigente que regula el ámbito de la información clasificada data del año 1968 y fue firmada por Franco. Varios partidos de la Oposición apoyaron la iniciativa presentada el pasado curso por el PNV por la cual los documentos secretos quedarían automáticamente desclasificados pasados 25 años -10 en caso de las materias reservadas-. El PP ya se opuso a la iniciativa presentada por el PNV el pasado abril, una reticencia que han certificado en noviembre oponiéndose también, aunque de poco ha servido dado que el Congreso abrió la puerta a reformarla.

López Barceló señala que "al menos sean coherentes y que reclamen los documentos a la Fundación”, y añade que “estamos en contra de la Ley de Secretos Oficiales porque es una ley franquista, pero nosotros no somos quienes mantenemos su vigencia, sino el propio Gobierno”.