Si hay algo claro en la política española es que, aunque las elecciones generales todavía no tengan fecha, la campaña ha empezado. Al menos para Alberto Núñez Feijóo, que está siguiendo todos los pasos que suelen caracterizar la antesala de unos comicios. El líder del Partido Popular, consciente de que se acerca su segundo intento de ser presidente, está mezclando sus apariciones públicas en todo tipo de escenarios, a cuál más variopinto, con ir mostrando, poco a poco, qué es exactamente lo que propone para España. 

El caso es que lo que propone no está dejando a nadie indiferente, por lo que lo está compaginando con una ronda de apariciones que le han llevado ya a diferentes puntos de la geografía española, en los que ha tratado de restaurar esa imagen de moderado y cercano que le llevó al éxito. 

Mientras desgranaba los recortes sociales de su agenda, Feijóo acudía a los primeros días de San Fermín, en Pamplona. El presidente del PP, ataviado con su camisa blanca y su pañuelo rojo, presenció el recorrido de los encierros desde un balcón de la calle Estafeta, y se deleitó con el tradicional Baile de la Alpargata en el Nuevo Casino. “Es la primera vez que estoy en San Fermín”, confesó a los presentes. 

Antes de recalar en la capital navarra, Feijóo pasó el fin de semana en Santander donde participó en un acto en el que reclamó extirpar la “eclosión de corrupción” del Gobierno. Pero entre medias, el popular tuvo tiempo de pasear por las calles de la ciudad cántabra y de charlar con sus gentes, algo que quiso inmortalizar en un vídeo que publicó en sus redes sociales, y que ha dado mucho que hablar en los días siguientes.

Feijóo deshoja su agenda más reaccionaria

Mientras disfruta del folclore español, Feijóo se divide entre la competición con Vox por atraer al votante de ultraderecha, con una agenda reaccionaria centrada en contrarrestar los avances del Gobierno; y el acercamiento a fuerzas nacionalistas, como Junts y el PNV, por si acaso los resultados de las generales le hacen depender de ellas. 

En este último esfuerzo Feijóo no lo tiene fácil, pues tiene en contra al sector más ultra de su propio partido. Cuando empezaron a abrirse frentes judiciales contra el Gobierno, en mayo, el popular se vio absorto en el debate sobre si convenía o no presentar una moción de censura, en el que debía hacer algún gesto, por mínimo que fuera, hacia los socios del Ejecutivo. Aunque ahora hacer caer a Pedro Sánchez está descartado en Génova, poco a poco se van allanando el terreno.

Por ejemplo, con la afirmación de Feijóo de que hace falta “pasar página” del procés catalán, con el que hizo un amago de tender puentes con Junts. La reacción inmediata de José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso le dio a entender al popular que por ahí no era, por lo que decidió explorar la vía de la ideología. Qué mejor forma, debió pensar Feijóo esta semana, para conectar con los empresarios catalanes y vascos, sustento ideológico de Junts y el PNV, que cargar contra las bajas laborales y calificar el absentismo como un “cáncer”. 

El programa de Feijóo: de la conspiración electoral a recortar derechos laborales

La propuesta del popular de recortar aún más los salarios de los trabajadores que no acudan a su puesto se ganó el afecto inmediato de la patronal y el rechazo del Gobierno y los sindicatos. Pero lo relevante es que Feijóo hizo esa polémica afirmación frente al Círculo de Empresarios Vascos, en un claro intento de avanzar en su acercamiento a los nacionalistas. 

En los pasos para revelar su programa, Feijóo responde a la creciente presión de Vox, que le ha comido terreno ideológico en los diferentes pactos con los que el PP le ha abierto las puertas de los Gobiernos autonómicos. El líder de la oposición hace malabares para aceptar la prioridad nacional, que discrimina a los migrantes en el acceso a prestaciones públicas, sin llegar a identificarse del todo con la ultraderecha. Para ello, su mejor baza es mirar a su izquierda, y reaccionar a todo lo que propone el Gobierno en materia migratoria.

Lo último es la ofensiva parlamentaria planteada por el PP contra la regularización extraordinaria del Ejecutivo, que hasta el pasado 30 de junio registró más de un millón de peticiones de migrantes que ya vivían en España. El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una batería de 22 preguntas dirigidas al Gobierno, en las que vuelve a sembrar dudas, por ejemplo, sobre los antecedentes penales y policiales como criterio para aceptar o rechazar solicitudes, algo que ya hicieron tanto el PP como Vox cuando se aprobó el proceso, en abril. Los populares piden también las comparecencias ante la Cámara Baja de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Migraciones, Elma Saiz. 

El PP azuza el miedo al colapso de los servicios públicos por el aumento de la población -la regularización no ha aumentado el censo en una sola persona-, y lo vincula a la inmigración como también hace, casualmente, Vox. En este mismo sentido, ha sido llamativa la travesía de Feijóo con la llamada ley de nietos. El mismo presidente de Galicia que defendía, desde hace veinte años, que los descendientes de exiliados españoles durante el franquismo debían tener derecho a la nacionalidad, siembra dudas ahora, como líder de la oposición, sobre la disposición de la Ley de Memoria Democrática que contempla esto mismo. 

A pesar de que, cuando se aprobó la norma en 2022, el PP no dijo nada sobre esta cuestión, Feijóo decidió meterse ahora en el jardín y achacar la acción del Gobierno a la “ingeniería electoral”. La obsesión de la derecha con agitar el miedo a una manipulación electoral le llevó a la contradicción, que también se achaca al seguidismo a Vox y al sector más ultra de su partido. 

De esta última facción popular proviene también la ley del concebido no nacido, aprobada en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso, y que Feijóo prometió implantar a nivel nacional si llega a la Moncloa. El mismo patrón, el de meterse en la disputa por la natalidad, le llevó a proponer que se cuente como miembro de la unidad familiar a los hijos durante el embarazo, como aprobó recientemente el PP en la Asamblea de Madrid.

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