La Abogacía del Estado se ha opuesto este viernes a que el Tribunal Supremo eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes defendiendo que, con ello, "se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas" que a la necesidad real de saber si la regularización es compatible con el derecho comunitario.
En el escrito, la Abogacía pone de manifiesto que con estas cuestiones "parece someterse a la decisión o interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo la legalidad de su actuación, sino también el análisis de la oportunidad y forma de ejercicio soberano de las competencias nacionales propias de un Estado miembro (al caso, el Reino de España) así como las discrepancias políticas que otros Estados miembros o grupos parlamentarios han podido manifestar” sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes".
Esta respuesta de la Abogacía llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal le preguntara a esta y a los gobierno de Aragón y Comunidad Valenciana -quienes han presentado recursos contra la norma- si defienden que se debe elevar a Europa una cuestión prejudicial para que sea el TJUE el que estime si la regularización extraordinaria vulnera el Pacto de Migración y Asilo de la UE aprobado en 2024.
En esta línea, sobre los recursos presentados por Aragón y Comunidad Valenciana, la Sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene que en estos se expresa "la duda" de si la norma impulsada por el Gobierno central "podría entrar en colisión" con las normas recogidas en el Pacto de Migración y Asilo. Al hilo de ello, la Sala prosigue señalando que en las disposiciones adicionales 20 y 21 del real decreto se menciona que a quienes hubieran presentado una solicitud de protección internacional antes del 1 de enero de 2026 se les concederá una autorización de residencia temporal durante un año por motivos de arraigo, incluso cuando se hubiese denegado esa solicitud de asilo y “la persona solicitante se encuentre afectada por un procedimiento de devolución o expulsión”.
Ante ello, el Supremo subraya que esto último entra en conflicto con la normativa europea, que recoge que los Estados miembros "dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio", mediante la concesión de un plazo de salida voluntaria que, si se incumple, comportaría la expulsión.
Sin embargo, la Abogacía rechaza las cuestiones planteadas por la Sala alegando que carecen de motivación y que este "no es el momento adecuado" para pedir intervención del TJUE. "Se estima que el planteamiento de las cuestiones prejudiciales sería prematuro al momento actual de tramitación del proceso judicial", añade.
1,17 millones de solicitudes
Este jueves, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunciaba que se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose.
De esta forma, Saiz puso de relieve que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, "pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza". "En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas", señaló la ministra, quien añadió que, en este procedimiento, la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.
Según los primeros datos aportados por la ministra, las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; la Comunidad de Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.
En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%). "Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", concluyó la ministra.
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