El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común para establecer un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una 'solidaridad a la carta' que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
De esta manera, la decena de expedientes que forman la reforma migratoria y de asilo, que fue pactada el pasado diciembre entre los equipos de negociadores del Consejo y de la Eurocámara tras años de bloqueo por las profundas diferencias entre gobiernos, supera así el penúltimo trámite para que el nuevo marco común sea legislación, cuya ratificación culminará una vez que los Veintisiete den también su visto bueno antes de que acabe este mes.
"Gracias por el coraje para comprometerse", ha compartido en redes sociales la comisaria de Interior, Ylva Johansson, celebrando la adopción en la Eurocámara de un paquete legislativo que horas antes en el debate parlamentario defendió como histórico y una posibilidad de asegurar una gestión "ordenada" de los flujos migratorios y un mejor control de fronteras.
La tensión ha sido el elemento protagonista de la última votación, donde se ha dado luz verde a las últimas cinco piezas del Pacto. En este sentido, un grupo de activistas intentó interrumpir la sesión de votaciones desde la tribuna de visitantes al grito de "El pacto mata, no lo voten", pero tras llamar a la calma la presidenta de la institución, Roberta Metsola, y unos minutos de espera, se han podido celebrar los procesos sin más incidentes.
Las claves de estas nuevas propuestas
Entre los puntos más importantes de las nuevas reglas se prevé un examen más rápido de las solicitudes de asilo, también en las fronteras exteriores de la UE, y medidas para garantizar deportaciones más efectivas frente a los bajos índices actuales. A su vez, también se mejorará la identificación a la llegada a suelo comunitario y serán obligatorios los controles sanitarios, de seguridad y de vulnerabilidad para los migrantes llegados por rutas irregulares.
Estas modificaciones ponen fin a cerca de ocho años de diferencias entre los gobiernos respecto a cómo atender al equilibrio entre la "solidaridad" con los países en primera línea, como España e Italia, y la "responsabilidad" que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios. La solución que se ha considerado es un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace.
El objetivo es trasladar a un mínimo de 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente. El modelo de solidaridad 'a la carta' también se aplicará al mecanismo de crisis o fuerza mayor para el que el Parlamento Europeo -y países como España e Italia en un primer momento- defendieron sin éxito que debía contar con un sistema obligatorio de cuotas de acogida que se activara únicamente en situaciones extremas.
Esta reforma ha sido duramente criticada por ONGs y organismos de Derechos Humanos que alertan de un "paso atrás" en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes vulnerables que llegan a la Unión de manera irregular o en busca de protección. Los grupos de la Izquierda Europea y de los Verdes en la Eurocámara anunciaron que votarían en contra del Pacto por considerar que faltan garantías para los más vulnerables. La extrema derecha hizo lo propio, pero en su caso, por considerar que la nueva legislación es demasiado laxa.
En este contexto, los ponentes europarlamentarios de cada expediente pidieron antes de la sesión el voto a favor del Pacto a pesar de las dudas porque, alertaron varios de ellos, era una oportunidad histórica para establecer una base común en la gestión y control migratorio. El socialista Juan Fernando López Aguilar ha admitido que en toda negociación "hay que hacer concesiones" y por ello "el resultado tiene limitaciones", pero también ha afirmado que es "mejor" ofrecer "seguridad jurídica" y no "abandonar a los Estados miembro a su suerte". A ojos de otra de las ponentes, la liberal holandesa Sophie in't Veld, la reforma asegura que el asilo tendrá una "respuesta europea que se ajuste a los valores" de la Unión.
"Es un día triste", ha dicho, por el contrario, al eurodiputada de los Verdes Saskia Bricmont, porque las nuevas reglas "sacrifican los derechos fundamentales y la solidaridad sobre el altar de la Europa fortaleza".
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