Cuando el Gobierno aprobó la regularización extraordinaria de migrantes, en abril, la previsión era que la posibilidad de obtener la autorización de residencia y trabajo legal pudiera beneficiar a medio millón de personas que ya vivían en España. Este jueves, dos días después de terminar el plazo para acogerse, se ha conocido que el dato duplica lo previsto. Al menos 1.174.000 personas la han solicitado, según los datos del Ministerio de Migraciones.
A mitad de junio, según las últimas cifras conocidas, el área de Elma Saiz informó de que se habían admitido a trámite 360.000 solicitudes. Esto quiere decir que esas personas ya podían beneficiarse de los efectos de la regularización, pues la comunicación provisional de tramitación ya permite ejercer los derechos de trabajo y residencia. Según publica este jueves la Cadena SER, las personas en esa situación son ahora más de medio millón.
Lo que todavía se desconoce es cuántas casos se han llegado a aprobar definitivamente, aunque se sabe que los hay. Tampoco se conoce aún el dato oficial de solicitudes de regularización que se han rechazado. La ministra ampliará los datos que ya se conocen en una rueda de prensa este jueves a mediodía.
Desde que se tramita cada expediente, la Administración tiene tres meses de plazo para decidir si regulariza o no la situación del solicitante. Tanto la limpieza del proceso, que ha salido adelante a pesar de los intentos de PP y Vox por paralizarlo en los tribunales, como las cifras, llevan al Ejecutivo a calificarlo como "un éxito". Desde la oposición, mientras tanto, siguen empeñados en agitar teorías de la conspiración, como la de que el Gobierno busca incrementar los censos electorales.
El consenso social de la regularización
Este séptimo proceso de regularización en democracia buscaba otorgar derechos a personas que ya vivían y trabajaban en nuestro país, como explicó el Gobierno cuando se presentó. Por ello, los requisitos mínimos para acogerse incluían cinco meses de residencia en España, además de un arraigo demostrable al territorio en el que se pretende regularizar la situación.
El objetivo del proceso era poner luz sobre el volumen de trabajo irregular que hay en España, motivo por el que el consenso social sobre el proceso abarcó incluso a la patronal: "Tenemos un problema de vacantes altísimo ahora y a futuro en muchos sectores. Necesitamos gente, y necesitamos gente preparada, por eso hay que hablar también de formación", dijo este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Para entender los datos que rodean al proceso, hay que entender que las personas regularizadas no obtienen la nacionalidad española, sino que se les otorgan derechos y deberes laborales y de residencia de los que ya debían disfrutar, porque ya estaban trabajando aquí. Sin embargo, se les sigue considerando extranjeros, motivo por el que se espera que, en los próximos meses, el porcentaje de foráneos que cotizan a la Seguridad Social, que ahora está en el 14%, aumente.
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