La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha acordado el archivo provisional de la investigación abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener que incurrió en un delito de revelación de secretos por la difusión de la identidad y una fotografía de dos periodistas de El País.
La resolución judicial pone fin, al menos por el momento, a una causa que se inició tras las denuncias presentadas por el PSOE y por Ediciones El País, junto a los dos profesionales afectados. Ambos sostenían que Rodríguez había difundido en marzo de 2024, a través de un chat con periodistas, una imagen y los nombres de los reporteros que seguían la actualidad del entorno de Ayuso, acompañando el mensaje con acusaciones de que ambos estaban acosando a los vecinos del edificio en el que reside la presidenta madrileña.
La instructora, Raquel Robles González, concluye en un auto que, tras las diligencias practicadas durante la investigación, no ha quedado acreditado que los datos difundidos tuvieran un origen ilícito ni que procedieran de información reservada obtenida por agentes de la Policía Nacional encargados de la seguridad de la dirigente autonómica. Por ese motivo, entiende que no concurren los indicios necesarios para continuar con el procedimiento penal y acuerda el sobreseimiento provisional de la causa, conforme al artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Uno de los principales objetivos de la investigación consistía en esclarecer cómo obtuvo Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de los periodistas y si esta podía haber sido facilitada por miembros de la escolta policial de Isabel Díaz Ayuso. Los denunciantes defendían que la imagen y otros datos personales solo podían haber llegado al jefe de Gabinete a través de agentes públicos, lo que, de confirmarse, podría haber supuesto una vulneración de la normativa sobre protección de datos y del derecho a la intimidad de los dos informadores.
Sin embargo, la magistrada considera que las diligencias practicadas apuntan en otra dirección. Según expone en la resolución, la fotografía habría sido tomada y enviada por un vecino del inmueble, molesto por la presencia continuada de periodistas en las inmediaciones de la vivienda de la presidenta madrileña. Además, la jueza recuerda que Miguel Ángel Rodríguez ya conocía la identidad de ambos profesionales por su actividad informativa y por encuentros previos mantenidos con ellos en el ejercicio de su trabajo.
La instructora también destaca que tanto los nombres como las imágenes de los periodistas eran de acceso público, ya que figuraban publicados en la página web y en las informaciones firmadas por ambos en El País. A juicio de la magistrada, este hecho dificulta sostener que la difusión realizada por Rodríguez implicara la revelación de información secreta o reservada obtenida de forma irregular.
La decisión judicial llega pocos días después de que declarara como testigo Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuya comparecencia fue acordada precisamente para aclarar el recorrido que siguió la fotografía antes de llegar al jefe de Gabinete de la presidenta regional. Durante su testimonio, González Amador respaldó la versión ofrecida previamente por Miguel Ángel Rodríguez y aseguró que él mismo había recibido la imagen de un vecino del edificio, desde donde posteriormente la remitió al director del Gabinete de Ayuso.
Ese testimonio reforzó la tesis defendida por Rodríguez desde el inicio de la investigación, según la cual la fotografía no procedía de ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino de un particular que manifestó su malestar por la presencia de los periodistas en las inmediaciones del domicilio.
La jueza entiende que los elementos recopilados durante la instrucción no permiten sostener la hipótesis planteada por las acusaciones y considera que no se ha acreditado la existencia de un acceso ilícito a datos personales protegidos ni de una actuación delictiva encaminada a revelar información confidencial.
En el mismo auto, la magistrada rechaza además varias diligencias adicionales que habían sido solicitadas por las acusaciones particulares. Entre ellas figuraban el análisis del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, el requerimiento de las comunicaciones mantenidas entre éste y Alberto González Amador o la declaración de diversos mandos policiales relacionados con el dispositivo de seguridad de la presidenta madrileña.
La instructora considera que ninguna de estas actuaciones resulta necesaria para esclarecer unos hechos sobre los que ya existe una base probatoria suficiente y entiende que prolongar la investigación carecería de utilidad procesal.
El archivo es provisional, por lo que la causa podría reabrirse si aparecieran nuevos elementos de prueba que modificaran las conclusiones alcanzadas hasta ahora. Mientras tanto, la resolución supone un respaldo a la versión mantenida por Miguel Ángel Rodríguez durante toda la investigación y descarta, en el estado actual de las actuaciones, que existan indicios suficientes para atribuirle un delito de revelación de secretos por la difusión de la identidad y la fotografía de los dos periodistas de El País.
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