El plazo para que las personas migrantes pidieran la regularización aprobada por el Gobierno de España y a la que se niegan las derechas llegó a su fin el pasado uno de junio con más de un millón de solicitudes registradas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El departamento contempla asimismo que la mitad de los expedientes (609.737) ya están siendo tramitados y que ya hay 11.000 personas en situación regular.
¿Quiénes han solicitado la regularización?
Casi siete de cada diez solicitantes provienen de América Central y América del Sur, seguidos de 269.000 que son originarios de África. Por países, Colombia encabeza la lista con el 26% de las solicitudes, después aparece Marruecos, con el 13,3% y, en tercer lugar, Venezuela, con cerca del 12%. A continuación, por este orden, Perú, Honduras, Paraguay, Argelia, Senegal, Pakistán y Argentina.
La mayoría de las peticiones son de personas que viven y trabajan en España de forma irregular, mientras que el 20% de las mismas proceden de países en guerra u otros escenarios que ponían en riesgo su vida. Éstas estaban tramitando una protección internacional de la que prescindieron para adscribirse a este proceso extraordinario.
Por provincias de España, Madrid es la que más solicitudes ha recibido, con 202.424, seguida por Barcelona (192.195) y Valencia en tercer lugar, con 74.951. En el puesto contrario se encuentran Palencia, Soria y Zamora, esta última con tan solo 1.950.
En relación al sexo, han pedido acogerse a la medida más hombres que mujeres, 669.737 y 505.241 respectivamente. La inmensa mayoría de ellos son jóvenes, de entre 25 y 34 años. En esta franja de edad se vislumbran un total de 367.768 solicitudes.
Si atendemos a otros análisis que se han llevado hasta ahora, concretamente a una encuesta voluntaria que refleja El País y cuya representatividad es aún escasa, la mayoría de las personas que se acogen a la medida son gente formada. De esta manera, dos de cada tres demandantes disfrutan de educación postobligatoria, distribuyéndose de la siguiente manera: un 43% habrían finalizado al menos sus estudios de Bachillerato o FP, mientras que el 24% tiene titulación universitaria.
Ocho de cada diez, es decir, también su práctica totalidad, disponen de competencias lingüísticas plenas para comunicarse en español, mientras que el 40% de los potenciales regularizados conocen las lenguas cooficiales.
Cifras por encima de lo esperado
Desde este momento, son tres los meses de los que dispone el Ejecutivo para resolver la mayoría de los expedientes. Las cifras finales del procedimiento han superado todas las expectativas del Ejecutivo, que preveía un volumen de entre 500.000 y 750.000 migrantes.
Se trata del séptimo proceso de regularización que se da en democracia. Los requisitos mínimos para adherirse a él incluían cinco meses de residencia en el país, así como arraigo demostrable al territorio en el que se pretende regularizar la situación.
El objetivo del proceso era poner sobre la mesa el volumen de trabajo irregular que existe en España, por lo que el consenso llegó incluso a la patronal. Hay que destacar que las personas regularizadas no obtienen la nacionalidad, sino que se les otorgan determinados derechos y deberes laborales y de residencia de los que debían disfrutar antes al encontrarse trabajando en España.
En los últimos días saltaban las alarmas respecto de la continuidad de la medida después de que el Tribunal Supremo sopesara su paralización y elevara la ley a instancias europeas como respuesta a los recursos presentados por dos gobiernos autonómicos del PP, el de Valencia y el de Aragón. Previamente, los magistrados habían desestimado otras protestas similares en los últimos meses.
La Comisión Europea ya apuntó en el mes de enero, la medida migratoria era competencia del Estado español y no había ilegalidades.
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