"En esta hora lo que toca es actuar, no lamentar", subraya el comunicado de la Fundación FAES, liderada por José María Aznar, en el que carga contra la decisión de Pedro Sánchez de plantarse contra el modelo de intervencionismo internacional que la Administración Trump viene desarrollando desde principio de año. A pesar que desde la presidencia del Gobierno español se ha subrayado que el régimen de los ayatolás oprime cruelmente a la población iraní, desde FAES remarcan que se debe "contribuir a la caída del régimen" y que "toda ocasión es buena si permite la liberación del pueblo iraní".
La fundación comandada con Aznar ha sido especialmente incisiva a la hora de pronunciarse en relación a este conflicto y la postura adoptada por el Ejecutivo nacional, que ha considerado que no se deben apoyar las acciones de Estados Unidos e Israel. Así, además de exponer como "presuntas" las violaciones del derecho internacional que está llevando a cabo EEUU, FAES ha remarcado que la actitud adoptada por Pedro Sánchez es "vergonzosa", además de indicar que es "peligrosa y nos compromete a todos", a pesar de que Europa comienza a poner del lado del líder español.
Recurriendo a un argumento utilizado por la extrema derecha, la Fundación FAES subraya que "el totalitarismo islámico es un proyecto global que ya está intentando imponer en suelo europeo su inversión de valores y su frenético antisemitismo" y remarca que "cuando la política renuncia a enfrentar el peligro, no sobrevive ningún derecho".
Aznar, quien ya llevara a España a participar en conflictos internacionales cargados de polémica de la mano de Estados Unidos y Reino Unido, expone a través de FAES que a Pedro Sánchez "no le basta con levantar un muro entre españoles; ahora le vemos empeñado en aislar España entera de sus aliados". No solo eso, sino que FAES indica que "la postura de Sánchez y sus socios de izquierda es irresponsable, hipócrita y radicalmente equivocada".
José María Aznar y la guerra de Irak
El expresidente del Gobierno de España y FAES invocan ahora la necesidad de “actuar” junto a Washington sin titubeos, si bien en el recuerdo sigue qué supuso aquella última vez que España siguió ese camino sin respaldo social ni cobertura jurídica clara. En 2003, el Gobierno de José María Aznar decidió apoyar la invasión de Irak promovida por George W. Bush y Tony Blair, pese a que los ciudadanos salieron a la calle en toda España para oponerse a la guerra.
Aquella decisión se tomó sin una resolución expresa del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizara el uso de la fuerza y bajo el argumento, hoy desacreditado, de la existencia de armas de destrucción masiva en manos de Sadam Husein. La famosa foto de las Azores no solo simbolizó el alineamiento incondicional con la Casa Blanca, sino que marcó un antes y un después en la política exterior española.
Las consecuencias fueron devastadoras en varios planos. En Irak, la intervención abrió una etapa de violencia sectaria, desestabilización regional y auge del terrorismo yihadista que terminó afectando a toda la comunidad internacional. En España, el clima de tensión y la identificación del país como aliado activo en la guerra coincidieron con el peor atentado terrorista de su historia, el 11 de marzo de 2004 en Madrid. La gestión política de aquellos días, marcada por la insistencia inicial en atribuir la autoría a ETA pese a los indicios que apuntaban al terrorismo islamista, erosionó gravemente la credibilidad del Ejecutivo.
A nivel diplomático, la apuesta por un seguidismo sin matices deterioró relaciones con socios europeos que defendían una vía distinta y colocó a España en una posición incómoda cuando la narrativa de las armas de destrucción masiva se vino abajo. La retirada de las tropas decidida posteriormente por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue, en buena medida, una respuesta al mandato ciudadano expresado en las urnas.
Además, el paso del tiempo ha reforzado el consenso académico y político sobre el error estratégico que supuso aquella guerra. Informes parlamentarios en Reino Unido, como el conocido “Informe Chilcot”, desmontaron los fundamentos sobre los que se articuló la intervención y evidenciaron cómo se exageraron o manipularon determinadas informaciones de inteligencia. En España, el apoyo a la guerra se convirtió en uno de los factores que explican el desgaste acelerado del segundo mandato de Aznar y el clima de fractura social que se vivió en aquellos meses.
La participación española, aunque limitada en términos militares, tuvo un enorme impacto simbólico y político. Supuso asumir riesgos sin una amenaza directa para el país y sin un debate transparente y profundo en sede parlamentaria. Dos décadas después, aquella decisión sigue siendo uno de los episodios más controvertidos de la democracia reciente y un referente inevitable cada vez que se plantea la conveniencia de secundar intervenciones militares lideradas por potencias extranjeras sin un amplio consenso internacional.
