La reforma laboral camina firme hacia un nuevo futuro que parece no gustarle al Partido Popular de Pablo Casado. El jefe de la oposición, durante su balance contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, se desmarcó de las posiciones adoptadas por la patronal y la decisión de la CEOE de cerrar un acuerdo con el Gobierno y sindicatos para cambiar la reforma de Mariano Rajoy. Pero ni la FAES de José María Aznar ni parte de su partido (exmiembros inclusive) ni, por supuesto, la patronal, acompasan la mano dura del líder de los conservadores, según ha avanzado el diario El País.

La reacción visceral de Casado obtuvo su primer croché desde la CEOE. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, reabrió viejas heridas con el Partido Popular, cuya relación se ha laminado en este último año a pesar de que se habían limado asperezas en estos meses finales de 2021. “Me gustaría que me enseñara su proyecto”, le espetó el jefe de la CEOE. Pero también su mano derecha y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) también le reprochó su rechazo a la reforma laboral. Desde TeleCinco, Lorenzo Amor expresó su sorpresa ante la postura del jefe de los conservadores, pues no acaba de entender su posicionamiento, ya que cuenta con el aval de la FAES de José María Aznar, además de consolidar la reforma laboral de Mariano Rajoy. “El tiempo pondrá a cada uno en su sitio”, sentenció Amor.  

Dirigentes de relumbrón del Partido Popular y miembros de la ejecutiva conservadora han reclamado a Casado, tanto en público como en privado, que reconsidere la doctrina marcada y le han reclamado “cautela” y tiempo para analizar en profundidad el decreto antes de fijar una posición de rechazo frontal. Pero sin suerte.

Casado no ha dado pábulo a los perfiles que reclamaban un aperturismo en su habitual enroque contra el Gobierno. Algún miembro de la Ejecutiva popular le había recomendado “leer la letra pequeña” de la reforma laboral antes de decantar el sentido de su voto, pero el líder del PP fue rotundo y se mantuvo en su ‘no’. El jefe de la oposición compareció públicamente y avanzó su rechazo profundo, al tiempo que aireó la amenaza del recurso ante el Tribunal Supremo al no tramitarse como proyecto de ley sino como decreto.

Sobre este punto ahondó la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra. La reforma laboral de Mariano Rajoy se aprobó mediante el decreto, pero luego se tramitó como proyecto de ley, incorporando las modificaciones que aportó la formación conservadora, con mayoría absoluta en la Cámara Baja por aquel entonces.

Según El País, fuentes próximas a la dirección nacional admiten que esa demanda es más retórica y formal de cara a la galería porque “en el Parlamento con este Gobierno no se negocia nada” y menos con ellos.

Conversaciones entre Casado y Garamendi

Tanto el presidente del PP como el de la patronal han conversado en privado y se han regalado explicaciones sobre sus posturas. De hecho, no es la primera vez que sucede. El dirigente de la CEOE evidenció estos días que su obligación pasa por negociar y alcanzar acuerdos “con el Gobierno legítimo de turno”. Asimismo, entiende que precisamente ese modus operandi es el que ha llevado a cabo en esta ocasión, no exento de debate en su fuero interno por supuesto. Su vicepresidente y presidente de la ATA, Lorenzo Amor, remarcó este jueves que la reforma lograda “es la mejor que se podía hacer en estos momentos” y subrayó que sus avances se traducirán en realidad en el “corto y medio plazo”.

Las explicaciones de la patronal no han sacado de su enroque a Casado. Tampoco ha influido en el líder del PP que barones fuertes como Alberto Núñez Feijóo o Juan Manuel Moreno Bonilla, reclamasen cautela y leer el decreto antes de posicionarse, incluso han remarcado que no existe “una derogación” de la reforma laboral de 2012, sino “modificaciones de algunos párrafos”. Incluso la fundación FAES, que lidera el expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, ha ratificado la actuación de la CEOE al mantener los aspectos “fundamentales” de la reforma perpetrada por la Administración de Mariano Rajoy.