La factura pública de la maquinaria mediática de la derecha: millones para sus cabeceras

La financiación de una parte del ecosistema mediático de la derecha y la ultraderecha española ha desbordado el ámbito de las relaciones comerciales entre empresas privadas y administraciones públicas. Las investigaciones de El Salto, Público, elDiario.es, Diario Red, Cadena SER, El País y El Plural, entre otros medios, han puesto cifras y nombres a un flujo recurrente de recursos públicos hacia determinadas empresas editoras, canalizado mediante publicidad institucional, contratos menores, patrocinios y adjudicaciones de organismos dependientes de gobiernos autonómicos y ayuntamientos del Partido Popular.

Ok Diario, Libertad Digital, esRadio, Periodista Digital, EDA TV, The Objective, El Debate y Esdiario aparecen de manera reiterada en los expedientes de contratación y los planes de medios de distintas administraciones populares. En algunos casos, los importes alcanzan cientos de miles de euros anuales; en otros, la sucesión de pequeñas adjudicaciones termina configurando una relación económica sostenida en el tiempo. Una arquitectura de pagos dispersos cuya dimensión solo aflora cuando se cruzan contratos, sociedades editoras, organismos públicos y ejercicios presupuestarios.

La controversia no reside en que un Gobierno contrate publicidad con medios cuya línea editorial le resulte incómoda o ideológicamente distante. El derecho a recibir publicidad institucional no puede depender de la afinidad política de una cabecera. El verdadero interrogante es si el reparto obedece a parámetros objetivos de audiencia, implantación territorial y eficacia publicitaria o si, bajo la apariencia de decisiones comerciales ordinarias, se ha consolidado un circuito de asignación recurrente que beneficia a determinados soportes sin una justificación suficientemente transparente.

Y hay una segunda cuestión que tampoco puede soslayarse: qué grado de escrutinio merecen las empresas que reciben dinero de los contribuyentes cuando algunas de sus publicaciones han terminado en los tribunales, han tenido que rectificarse o han suscitado controversias por la difusión de informaciones inexactas y campañas de señalamiento político.

El negocio de la publicidad institucional: millones en la órbita del PP

La Comunidad de Madrid constituye uno de los principales focos de esta relación económica. Una investigación de Diario Red, publicada el 19 de enero de 2026, reconstruyó el reparto de publicidad institucional del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso entre 2021 y 2024. A partir de los planes de medios oficiales, el medio cifró en 1,5 millones de euros los recursos destinados a Ok Diario; en 1,945 millones, los recibidos conjuntamente por el grupo Libertad Digital y esRadio; en 333.104 euros, los correspondientes a Periodista Digital; en 257.490 euros, los de El Debate, y en 142.000 euros, los de EDA TV.

La misma investigación situó a El Mundo entre los principales destinatarios, con 2,846 millones de euros. Una referencia necesaria para contextualizar el reparto: la publicidad institucional no se circunscribe a los medios digitales de orientación derechista, sino que alcanza también a grandes cabeceras tradicionales. El debate, por tanto, no puede despacharse mediante etiquetas ideológicas; debe centrarse en los criterios de distribución, la proporcionalidad de las cantidades y la trazabilidad de cada campaña.

A ese mapa se suma una investigación de El Salto, firmada por Jaime García y Yago Álvarez Barba y publicada el 30 de octubre de 2026, que calcula en más de cuatro millones de euros, IVA incluido, los recursos públicos destinados a Ok Diario durante seis años por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y Canal de Isabel II.

El desglose ofrece una dimensión más precisa de esa relación. La Comunidad de Madrid habría destinado 2,075 millones de euros a Dos Mil Palabras SL, la sociedad editora de la cabecera. El Ayuntamiento habría aportado otros 980.000 euros, antes de impuestos, y Canal de Isabel II, 277.000 euros adicionales. En conjunto, unos 3,4 millones sin IVA y más de cuatro millones con impuestos incluidos.

La investigación sitúa 2024 como uno de los ejercicios de mayor facturación publicitaria de Ok Diario procedente de esas tres entidades, con unos 718.000 euros. De ellos, 474.317 euros habrían correspondido a la Comunidad de Madrid. En 2025, el Ayuntamiento contrató publicidad por 213.554 euros y Canal de Isabel II por otros 55.120 euros, según el desglose publicado.

La relación económica madrileña tampoco termina en la editora de Eduardo Inda. El Salto ha documentado que Libertad Digital y esRadio acumularon conjuntamente alrededor de tres millones de euros en publicidad institucional durante los seis años analizados: más de 1,7 millones para la emisora y otros 1,2 millones para el diario digital. En 2025, ambas cabeceras habrían recibido 621.000 euros antes de impuestos.

La evolución anual permite observar la continuidad de esa relación: en 2020, esRadio habría obtenido unos 204.000 euros y Libertad Digital, 103.000; en 2025, las cantidades se situaron en torno a 426.000 y 194.000 euros, respectivamente. Los datos dibujan una sucesión de campañas y contratos que merece ser examinada con independencia de la línea editorial de sus beneficiarios.

Castilla y León: más de 400 contratos menores y 1,6 millones

Castilla y León ofrece otro de los ejemplos más significativos. Una investigación de El Salto y Pandemia Digital, publicada en abril de 2024, identificó más de 400 contratos menores adjudicados durante 2022 y 2023 a Estado de Alarma, Ok Diario, The Objective, El Debate, Periodista Digital, Esdiario, Libertad Digital y esRadio.

El importe conjunto superaba los 1,6 millones de euros, de los que más de un millón procedía de la Junta de Castilla y León, entonces presidida por Alfonso Fernández Mañueco en coalición con Vox. Las contrataciones incluían patrocinios, artículos publicitarios, cuñas radiofónicas y banners digitales.

El trabajo identificó 256 contratos de la Administración autonómica y advirtió de discrepancias entre las distintas bases de datos consultadas. La dispersión de las adjudicaciones, la pluralidad de organismos contratantes y la variedad de fórmulas comerciales dificultaban reconstruir el volumen total de recursos que llegaba a las empresas beneficiarias.

La relevancia política del dato reside en la reiteración: pequeñas operaciones que, consideradas individualmente, pueden parecer marginales, pero que, acumuladas durante varios ejercicios, representan un flujo económico considerable. Sin una contabilidad pública consolidada, el ciudadano difícilmente puede conocer cuánto dinero termina percibiendo cada grupo editorial.

Aragón, Andalucía y Murcia: un patrón que se repite

La Comunitat Valenciana aporta otro capítulo a este mapa. Una investigación de elDiario.es sobre el ejercicio 2024 documentó el reparto publicitario de la Generalitat durante la presidencia de Carlos Mazón, tanto desde las consejerías como a través del sector público instrumental.

Entre los medios digitales, Esdiario recibió 171.542 euros; Ok Diario, 148.000; El Debate, 88.000, y EDATV, cerca de 25.000 euros. El Español obtuvo 274.000 euros. Una parte relevante de las cantidades destinadas a algunas de estas cabeceras procedía directamente de Presidencia, lo que sitúa al departamento que dirigía Mazón en una posición destacada dentro del reparto.

En Aragón, bajo el Gobierno de Jorge Azcón, Diario Red documentó 351.815,77 euros en contratos menores y licitaciones para distintos medios entre mayo de 2023 y febrero de 2026. Entre los beneficiarios figuraban Ok Diario, Libertad Digital, Periodista Digital, EDA TV y El Debate. La investigación identificó once contratos menores adjudicados a Ok Diario por un importe de 88.175,12 euros.

Otro recuento, publicado por Tercera Información, elevó a más de 1,16 millones de euros la publicidad institucional destinada desde 2023 a medios de derecha y extrema derecha. Ambas cifras responden a períodos y conceptos diferentes, por lo que no deben agregarse. Su comparación sí permite advertir la necesidad de unificar criterios y registros para evitar tanto duplicidades como omisiones.

En Andalucía, una investigación de Diario Red atribuyó a Ok Diario 377.975 euros y a EDATV otros 41.231,70 euros en contratos y licitaciones entre 2022 y 2026. El desglose identificó dos adjudicaciones a Ok Diario que sumaban 369.000 euros, una concentración que exige examinar los expedientes, el objeto de los contratos y los servicios efectivamente prestados.

En Murcia, El Salto y Pandemia Digital localizaron 128.570 euros distribuidos en 22 licitaciones publicitarias durante 2022 y 2023, según el portal autonómico de transparencia. El cruce con otras bases de datos elevaba la cantidad hasta unos 190.000 euros. A ello se añadían al menos 52.000 euros en contratos de organismos vinculados al turismo.

La disparidad de los registros constituye uno de los principales obstáculos para la fiscalización. Sin una base de datos unificada que identifique sociedades editoras, intermediarios, organismos contratantes y beneficiarios finales, resulta difícil reconstruir el recorrido completo del dinero público.

Sevilla y Madrid: la contratación municipal amplía el mapa

La relación entre administraciones y medios también se proyecta sobre el ámbito local. En Sevilla, Público informó en noviembre de 2023 de un contrato de TUSSAM, la empresa municipal de transportes, por 264.500 euros antes de IVA y 320.045 euros con impuestos incluidos, destinado a publicidad institucional en distintos medios y páginas web. Entre los soportes citados figuraban Ok Diario, El Debate y Estado de Alarma.

En Madrid, una investigación de El Salto en abril de 2022, examinó los 4,14 millones de euros destinados a medios de comunicación por el Ayuntamiento durante 2021. El reportaje identificó cerca de 800.000 euros para cabeceras como Ok Diario, La Razón, Periodista Digital y Libertad Digital, entre otras.

Por su parte, Público documentó que The Objective recibió 80.270,43 euros y El Debate 96.400,77 euros en inserciones publicitarias municipales entre 2020 y 2022.

De la publicidad institucional a las operaciones privadas: el caso Koldo

El escrutinio financiero no puede detenerse en los presupuestos públicos. Las operaciones privadas de las empresas editoras también merecen atención, especialmente cuando afectan a protagonistas de investigaciones políticas o judiciales.

El caso más llamativo afecta a Dos Mil Palabras SL, la sociedad editora de Ok Diario. Según la documentación aportada a la Audiencia Nacional por la abogada Leticia de la Hoz, la empresa abonó 242.000 euros, IVA incluido, a IDBO Consultants para sufragar los honorarios y gastos de la defensa de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos.

Los pagos se efectuaron mediante dos facturas: una de 181.500 euros, fechada el 27 de noviembre de 2025, y otra de 60.500 euros, el 23 de enero de 2026. La documentación fue incorporada a la causa después de que el juez Santiago Pedraz solicitara información para esclarecer quién había asumido los gastos jurídicos del exasesor ministerial.

La letrada sostuvo que los documentos acreditaban que el PSOE no había pagado su defensa. El episodio adquirió una dimensión adicional porque el primer desembolso coincidió con la publicación de una entrevista de Koldo García en Ok Diario y con su ingreso en prisión provisional.

Otro antecedente de financiación pública de la editora se remonta a 2016, cuando Dos Mil Palabras SL recibió un préstamo participativo de 300.000 euros de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), entidad pública dependiente entonces del Ministerio de Industria. La operación, publicada por El Salto y recogida por otros medios, se enmarcó en una línea destinada a empresas de reciente creación.

No fue una subvención ni una transferencia a fondo perdido, sino un préstamo participativo, sujeto a sus condiciones de devolución. Según la investigación, las cuentas de la sociedad reflejaban pérdidas de 550.836 euros en 2015 y de 703.232 euros en 2016. Una fórmula de financiación pública distinta de la publicidad institucional, pero pertinente para reconstruir la trayectoria económica de la empresa.

Rectificaciones judiciales y controversias sobre la veracidad

En el caso de Ok Diario existen varias resoluciones judiciales que obligaron a rectificar informaciones concretas. Una de ellas afectó a una noticia publicada en mayo de 2019 bajo el titular “Carmena da 700.000 euros y el monopolio del Orgullo Gay a dos sancionados por Hacienda”. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la obligación de publicar una rectificación sobre los hechos cuestionados.

El propio medio difundió posteriormente un texto en el que reconocía que algunas de las manifestaciones de aquella información “no son en absoluto ciertas” y que no habían sido contrastadas debidamente con fuentes solventes. No se trata, por tanto, de una mera discrepancia ideológica, sino de una rectificación vinculada a hechos publicados y cuestionados judicialmente.

Otro episodio afecta a Javier Negre y Estado de Alarma TV. En 2021, el canal difundió una información que atribuía al secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, su participación en una supuesta operación organizada para cerrar cuentas en redes sociales mediante denuncias masivas. Una resolución judicial obligó a publicar una rectificación, confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid. El texto aclaraba que aquellas afirmaciones no se ajustaban a la realidad.

La sentencia acredita la obligación de rectificar una acusación concreta; no permite extrapolarla al conjunto de la actividad informativa del canal. Su relevancia reside en que Estado de Alarma TV figura, además, entre los medios que recibieron contratos menores de administraciones populares en Castilla y León.

EDA TV también ha sido objeto de sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos. FACUA informó en junio de 2026 de tres multas firmes relacionadas con incumplimientos en materia de cookies y privacidad y con la publicación de una fotografía de la hija menor de edad de Óscar Puente. Son sanciones relativas a la protección de datos, no resoluciones que acrediten falsedad periodística.