En la víspera de la aprobación del esperado Estatuto del Becario este martes en el Consejo de Ministros, el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego, en colaboración con el departamento de Trabajo de Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes la creación del ‘Buzón de las personas becarias: Denuncia las malas prácticas’, una iniciativa que busca erradicar los abusos durante las prácticas laborales, primer paso de los jóvenes en el mundo laboral, y que vendrá de la mano del estatuto que dará protección legal a los jóvenes becarios.
En la presentación del ‘buzón de las becarias’, impulsado por el Instituto de la Juventud de España (Injuve) en colaboración con el Organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oetiss), la ministra Rego ha señalado que España no quiere “una juventud acostumbrada a pedir permiso para existir en el trabajo”, sino que acceda al mercado laboral “sabiendo que la dignidad no se negocia”.
Con esta medida de por medio, los jóvenes en prácticas laborales contarán con una herramienta de denuncia para alertar de posibles irregularidades durante los meses de duración. Como ejemplo de su mecánica se podrán reportar la falta de relación entre los estudios y las prácticas, la sustitución encubierta de trabajadores en plantilla, la realización de las mismas tareas que el personal de la empresa, la falta de titulación o la asignación de tareas que exceden al contrato de prácticas laborales.
Con todo ello, esta herramienta viene a “favorecer la protección de la juventud en el ámbito laboral” a través de este canal anónimo para identificar posibles fraudes, otorgando así una “mayor protección” a los jóvenes becarios, un colectivo que, según Juventud e Infancia, “ha tenido que soportar, históricamente, altos grados de explotación laboral a través de una figura que tiene como objetivo garantizar el aprendizaje de los estudiantes, en ningún caso sustituir a trabajadores a un menor coste”.
“Ponemos en marcha este instrumento que consideramos que puede ser tremendamente útil, precisamente para inspeccionar y para acabar con esta mala praxis de algunas empresas”, ha subrayado al respecto Rego.
"No queremos una juventud acostumbrada a pedir permiso para existir en el trabajo. Queremos una juventud que entre al mercado laboral sabiendo que la dignidad no se negocia." 🗣️ @sirarego.bsky.social
— Ministerio de Juventud e Infancia (@juventudinfgob.bsky.social) 2 de marzo de 2026, 12:24
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Según la 'Encuesta de Juventud 2023', el 42% de jóvenes denuncian haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral, como trabajar sin contrato, haber suscrito un contrato mediante una empresa de trabajo temporal (ETT), ser un becario no remunerado, un falso autónomo o tener contrato de 'rider' o repartidor. Estos datos, unidos a las propuestas recogidas en el proceso de la ley de juventud, coinciden en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de la juventud frente a estas formas de precarización laboral.
Luz verde al Estatuto del Becario este martes
Una noticia que viene de la mano de una de las medidas estrella de Díaz en el Ministerio de Trabajo: el Estatuto del Becario. El Consejo de Ministros le dará luz verde este martes al conocido como el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa más de dos años después de su presentación y negociación con los agentes sociales.
La normativa recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos con multas de entre 120.000 a 225.000 euros para las empresas, una compensación de los gastos que tengan los estudiantes, y la limitación a su vez de las prácticas extracurriculares a 480 horas, entre otras cuestiones.
Su objetivo primordial es determinar los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en las empresas, así como desarrollar el régimen jurídico que los ordena. Ahora, pese a las discrepancias que generó anteriormente entre el ala socialista y la de Sumar dentro de las filas del Gobierno, con su aprobación este martes, la ley deberá ser tramitada en el Congreso de los Diputados y en el Senado, teniendo como principal escollo la ruptura de Junts, por lo que se prevé una votación incierta.
“No se puede consentir de ninguna manera que terminen siendo contratos de personas trabajadoras o que de alguna manera se cubran puestos de trabajo con personas que están en un periodo de formación o de prácticas, porque esto tiene nombre, y es explotación laboral y es mano de obra esclava, y con esto hay que acabar, con estas prácticas hay que terminar”, ha subrayado al respecto la titular de Juventud e Infancia.
