Estatuto del Becario: derechos, límites y sanciones que marcarán las prácticas en España

El nuevo Estatuto del Becario ya está en marcha y abre una nueva etapa para miles de estudiantes en España. El Consejo de Ministros dio luz verde a principios de marzo al proyecto de ley que regulará las prácticas no laborales en empresas, una norma que busca poner fin a los abusos históricos asociados a esta figura y establecer un marco jurídico claro tanto para los estudiantes como para las compañías.

Impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz, el texto llega tras más de dos años de negociación con los sindicatos, aunque sin el respaldo de la patronal. Ahora inicia su recorrido parlamentario, un trámite que no se prevé sencillo en el actual contexto político.

Qué es el Estatuto del Becario y qué cambia

El Estatuto del Becario nace con rango de ley y tiene como objetivo principal ordenar las prácticas formativas no laborales en empresas. La norma fija por primera vez un catálogo de derechos y deberes para las personas en formación, así como obligaciones concretas para las empresas y un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Desde el Ejecutivo se ha defendido esta iniciativa como una transformación estructural del mercado laboral juvenil. Díaz ha llegado a definirla como “la reforma laboral para las nuevas generaciones”, subrayando que el objetivo es que las prácticas sirvan realmente para aprender y no para sustituir empleo.

Uno de los pilares del texto es la obligatoriedad de formalizar por escrito cada práctica mediante un acuerdo específico que detalle el contenido formativo, las tareas a realizar y el sistema de tutorización. Además, se establece una doble supervisión: por parte de la empresa y del centro educativo.

Compensación de gastos y sanciones a las empresas

Entre las principales novedades destaca la obligación de las empresas de compensar los gastos derivados de las prácticas. Esto incluye costes como transporte, alojamiento o manutención, que deberán ser cubiertos según lo establecido en el convenio o acuerdo de cooperación correspondiente.

El Estatuto introduce además un régimen sancionador contundente. Las infracciones muy graves podrán acarrear multas que alcanzan los 225.018 euros en su grado máximo. En el nivel más bajo de gravedad, las sanciones partirán de 7.501 euros, mientras que en grado medio oscilarán entre 30.001 y 120.005 euros.

Se considerarán infracciones muy graves conductas como la discriminación por razón de edad, sexo, origen, religión, orientación sexual o ideología, así como represalias frente a reclamaciones relacionadas con la igualdad de trato. También se vigilarán prácticas fraudulentas como la sustitución encubierta de trabajadores por becarios.

Límites de duración de las prácticas

El texto fija límites concretos a la duración de las prácticas para evitar su uso abusivo. Las extracurriculares no podrán superar las 480 horas ni el 15% de los créditos ECTS de la titulación.

En el caso de programas que incluyan prácticas curriculares y extracurriculares, el conjunto no podrá exceder el 25% de los créditos. Para titulaciones de al menos 60 créditos, se establece un máximo de tres meses de prácticas.

Estas limitaciones pretenden garantizar que la formación práctica tenga un peso adecuado dentro del itinerario educativo y no se convierta en una vía de precarización laboral.

Derechos y obligaciones de los estudiantes

El Estatuto reconoce que las personas en prácticas forman parte del entorno laboral de la empresa. Por ello, tendrán derecho a acceder a los mismos espacios que el resto de la plantilla y a integrarse en la dinámica de trabajo.

Al mismo tiempo, deberán cumplir con una serie de obligaciones: respetar las normas internas, seguir las indicaciones de sus tutores, mantener la confidencialidad de la información y cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales.

También estarán obligados a incorporarse en la fecha acordada, respetar los horarios establecidos, desarrollar sus tareas con diligencia y mantener contacto con su tutor académico. Asimismo, deberán presentar informes de seguimiento cuando se les requiera.

Tramitación parlamentaria y críticas

El recorrido del Estatuto del Becario no ha hecho más que empezar. Al tratarse de una ley, deberá ser debatida y aprobada en las Cortes Generales, donde el Gobierno no tiene asegurados los apoyos necesarios. La reciente ruptura de relaciones entre el Ejecutivo y algunos de sus socios parlamentarios añade incertidumbre al proceso.

A las dificultades políticas se suman las críticas del ámbito universitario. Rectores y representantes académicos han cuestionado que no se haya contado con la comunidad educativa durante la elaboración del texto, lo que ha generado malestar en el sector.

Cómo denunciar abusos en las prácticas

De forma paralela a la aprobación del Estatuto, el Gobierno ha activado mecanismos para detectar irregularidades. A través del Instituto de la Juventud de España (Injuve), dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia, se ha puesto en marcha el denominado ‘Buzón de las personas Becarias’.

Esta herramienta, desarrollada en colaboración con la Inspección de Trabajo, permite a estudiantes y exbecarios denunciar situaciones como la falta de relación entre las prácticas y los estudios, la ausencia de tutorización o la asignación de tareas propias de un trabajador.

También se podrán reportar casos en los que los becarios desempeñen funciones estructurales dentro de la empresa o sustituyan a empleados, una de las prácticas que el nuevo Estatuto pretende erradicar con mayor contundencia.