En 2020, las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer tuvieron lugar en múltiples ciudades del mundo. Además de las celebradas en España, las marchas con motivo del 8 de marzo fueron especialmente multitudinarias en otros países como Francia, Reino Unido, Portugal, Chile o Argentina. En estos países, al igual que en España, no se prohibieron las concentraciones pese a la expansión del coronavirus. La diferencia estriba en que en nuestro país, estas concentraciones llevaron al Gobierno a los tribunales y sirvieron a la derecha política y mediática para criminalizar el movimiento feminista.
Vox, Partido Popular y en menor medida Ciudadanos, criticaron duramente al Ejecutivo de Pedro Sánchez por permitir estas concentraciones, presentándolas como un factor determinante que contribuyó a la expansión de la COVID-19. Todo ello a pesar de que ese mismo fin de semana se celebraron otros eventos multitudinarios como el mitin de Vox en Vistalegre, conciertos, oposiciones, eventos deportivos masivos o actos religiosos.
Ofensiva política y judicial
El Partido Popular defendió la necesidad de impulsar una comisión de investigación sobre el coronavirus en el Congreso de los Diputados para intentar ‘descubrir’ lo que "tapaba" el Gobierno sobre el 8M.
Por su parte, el partido de Santiago Abascal interpuso numerosas querellas, denuncias y recursos en los tribunales contra el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos por su gestión de la crisis sanitaria. Por lo civil o por lo penal, en su judicialización de la pandemia Vox acusó a Sánchez de mentir y ocultar la verdad a los españoles, poniendo el acento en la no suspensión de la manifestación del 8M.
La extrema derecha menospreciaba así la opinión de los expertos sanitarios, que siempre sostuvieron que la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer resultó marginal para la pandemia y que para la expansión del virus fue mucho más relevante, por ejemplo, el uso del transporte público.
Además de Sánchez, Vox se querelló contra el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Varapalos judiciales
El 14 de septiembre de 2020, la Fiscalía no vio razones suficientes para interponer un proceso contra la gestión del Ejecutivo.
Finalmente, el 18 de diciembre del pasado año, la Sala II del Tribunal Supremo acordó la inadmisión a trámite de hasta 20 querellas y 30 denuncias presentadas por Vox así como por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales y de las Fuerzas de Seguridad, al considerar que no estaba debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo.
De este modo se evidenciaba que el tsunami judicial que, según la derecha, iba a suponer el caso 8-M, no fue más que una simple marejada. Algo que ya se veía venir cuando en junio de 2020, después de una más que polémica instrucción, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel no tuvo más remedio que archivar la causa contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.
