Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a investigar la existencia de movimientos de extrema derecha dentro del Ejército. Concretamente, los diputados Francesc Marc Álvaro i Vidal y Gabriel Rufián, portavoz de la formación, instan a la Comisión de Defensa a fiscalizar el lenguaje y la actitud “guerracivilista” y peligrosa que en las últimas fechas han protagonizado diversos cuadros de las Fuerzas Armadas al calor de la negociación y el inicio de la tramitación de la ley de amnistía.
En el escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, los diputados republicanos solicitan al Gobierno “identificar, controlar y sancionar” a las personas que conforman estos movimientos con proclamas a favor del franquismo e instigando a acometer actuaciones directamente ilegales. Además, en su exposición de motivos, instan a crear esta operación ante precedentes tan cercanos como el ocurrido el pasado 17 de noviembre, un día después de la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se hizo público un manifiesto vinculado a la Asociación de Militares Españoles (AME) en el que se hacía un llamamiento implícito a las Fuerzas Armadas a la destitución del gobierno y la convocatoria de elecciones generales.
“Era su reacción frente a las negociaciones con las formaciones políticas independentistas, tanto catalanas como vascas, pero en especial como desconformidad con la próxima aprobación de una nueva ley de amnistía”, exponen desde el Grupo Republicano. El escrito de la proposición, además, sentencia que con estos episodios queda latente que desde ciertos grupúsculos del Ejército se suplica “el levantamiento militar contra el actual gobierno del Estado español y la represión y persecución al pueblo catalán y sus representantes políticos”.
Gobierno, Congreso y Fiscalía
Tal y como se puede leer en el escrito de la proposición no de ley registrado este viernes en el Congreso de los Diputados, los republicanos solicitan un “informe, en el plazo de seis meses, sobre la existencia de movimientos de extrema derecha dentro de los órganos y las instituciones de las Fuerzas Armadas y sobre los pronunciamientos políticos que militares y exmilitares han realizado incitando a la insurrección militar, manifestándose a favor del franquismo e instigando a cometer actuaciones ilegales”.
Este informe, una vez redactado, se presentaría de forma detallada ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, incluyendo, a su vez, las medidas legales vigentes para identificar y controlar a estos movimientos, qué actuaciones se han llevado a cabo y las propuestas de cambios normativos que se plantean para hacer frente a esta amenaza. Además, superado el trámite parlamentario, las conclusiones de la investigación se dejarían en manos de la Fiscalía para que estime las acciones judiciales oportunas.
Antecedentes
Mencionado el episodio de violencia verbal perpetrado por AME el pasado 17 de noviembre, y pese a que en aquel caso no derivó en respuesta judicial por la condición de militares retirados de los firmantes, desde ERC exponen que “estos episodios están lejos de la excepcionalidad, ya que las actuaciones antidemocráticas y los manifiestos autoritarios en el ámbito militar español no se limitan únicamente a los miembros ya retirados”.
“Un ejemplo, cabe recordar lo sucedido en enero de 2021, cuando la ESENGRA (Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña) publicó la propuesta de celebración de un episodio ocurrido el 1 de enero de 1937, vitoreando la supuesta heroicidad del día en que un teniente del bando de los insurrectos “nacionales”, dirigido por el entonces general Francisco Franco, hundió un submarino del legítimo gobierno democrático de la Segunda República Española, es decir, del bando republicano”, sostiene el escrito.
“Dicho lo anterior, es especialmente llamativo el último manifiesto del pasado 17 de noviembre, ya que en esta ocasión también se arremete contra el actual Tribunal Constitucional, acusándolo gravemente de falta de neutralidad política y de intervención en las sentencias del Tribunal Supremo, y contra la fiscalía general del Estado, a quien acusa de estar actuando en contra de la justicia y la legalidad”, añade la proposición, recordando, además, que fue el Tribunal Constitucional quien condenó, entre 9 y 13 años de prisión, a los independentistas encausados en el procés. “Ante dichas sentencias, ningún miembro de las Fuerzas Armadas sospechó o denunció la falta de neutralidad política de dichos órganos judiciales”, prosiguen.
“Por todo lo expuesto, es más que evidente que existe un lenguaje y una ideología “guerracivilista” y antidemocrática latente entre algunos miembros relevantes de las Fuerzas Armadas, a menudo con altavoces políticos de primera línea. Además, las últimas evidencias se dan nuevamente en relación con el movimiento independentista catalán y persiguen alentar la posibilidad de la intervención militar en el conflicto político”, sentencian.
